Pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno español en materia de cooperación y relaciones institucionales con África, aún queda un largo camino por recorrer. Eso es, al menos, lo que se desprende de las cifras a las que ha tenido acceso este periódico, que dictan que en lo que va de año un 72% de las propuestas de devolución que pesaban sobre inmigrantes que entraron irregularmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no llegaron a ejecutarse. En concreto, de las 5.566 personas a las que se les abrió un procedimiento de devolución (en su mayoría, africanos que llegaron en cayuco), sólo 1.571 fueron devueltas a sus países de origen. El resto, casi 4.000 inmigrantes, fueron trasladados a Madrid, Valencia, Málaga o Barcelona, donde supuestamente quedaron a cargo de organizaciones no gubernamentales y de acogida. En la práctica la realidad es distinta, ya que la mayor parte de ellos son abandonados a su suerte después de dos o tres días de estancia en la Península o Fuerteventura, a donde también se realizan algunos de estos traslados.
Según fuentes de la Comunidad de Madrid, el Gobierno central ha enviado este año a la capital desde las Islas una media mensual de 275 inmigrantes ilegales. La inmensa mayoría son africanos con orden de expulsión, que llegan hasta la capital bajo la tutela de alguna ONG, pero al cabo de quince días "muchos ya están por las calles", denotan estas fuentes. En el Ayuntamiento sólo se recibe una carta de la Delegación del Gobierno donde se comunica el número de personas que llegan desde Canarias, inmigrantes que han cumplido el tiempo máximo de retención (40 días) sin ser identificados. Sin documentación y sin recursos, "estas personas acaban perdidas por la calle", indican desde la parroquia de San Carlos Borromeo de Vallecas, que se ha convertido en uno de los principales centros de acogida de sin papeles de la comunidad. Según asegura el sacerdote Enrique de Castro, "en estos momentos hay en Madrid cerca de 1.000 inmigrantes sin hogar. De ellos, la mitad utiliza los servicios sociales de acogida (comedores y albergues), mientras que el resto se pasan el día al raso.
Jurídicamente, las derivaciones de estos inmigrantes -que no han sido reconocidos durante su retención- se realizan entre los CIE. Sin embargo, se trata de un mero formalismo, porque apenas pasan horas o días en los centros de destino. Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, en lo que va de año se han realizado más de medio centenar de estos traslados a la Península desde las Islas. Se llevan a cabo en aviones ATR 42 de 60 plazas de la compañía Swiftair, una aerolínea con base en Madrid que opera vuelos regulares y chárter tanto de pasajeros como de carga, con destinos en Europa, África y Medio Oriente. Son los denominados cayucos volantes, como se les conoce en el argot policial. En ellos los indocumentados van sin esposar y custodiados por 4 ó 5 agentes, algunos de los cuales son de prácticas. La propia compañía, que posee un acuerdo con el Ministerio del Interior, se negó en su día a que los irregulares fueron esposados, ni siquiera con lazos, para preservar su seguridad en caso de accidente. Para evitar que se trate de una detención ilegal, la mayor parte de estos traslados se realizan antes de los 40 días de plazo máximo de internamiento, aunque en ocasiones se ha llegado a superar este plazo, según exponen desde la Confederación Española de Policía (CEP).
Denuncias
Numerosas ONG y organizaciones de derechos humanos vienen denunciando periódicamente este tipo de traslados a la Península de inmigrantes ilegales llegados a Canarias, muchos de los cuales malviven en condiciones infrahumanas a la espera de lograr el dinero necesario para viajar hasta Francia, Bélgica o Italia, sus verdaderos objetivos antes de emprender su odisea marítima.
Y es que, pese a los datos sobre repatriaciones y expulsiones ofrecidas por Interior, hasta el 30 de octubre sólo se habían ejecutado en Tenerife 1.571 devoluciones de ilegales, de los que más de un 95% fueron subsaharianos. Éstos son trasladados en aviones Boeing 737 de la compañía Air Europa, con capacidad para 180 personas. Junto a estos inmigrantes viajan miembros de la Unidad de Intervención Policial, que custodian a los sin papeles y los entregan a las policías de los países de origen. En estos vuelos se han producido en los últimos años algunos incidentes, por lo que estas personas suelen ir esposadas con lazos.
Según fuentes policiales, menos de la mitad de los inmigrantes que están internados en los centros de retención de las Islas son identificados positivamente por sus países de origen. Por ejemplo, en los últimos nueve meses han visitado los CIE de la provincia delegaciones de Senegal, Mali, Guinea Bissau y Marruecos, que sólo han reconocido y documentado a unas 600 personas. En la provincia de Las Palmas la situación es similar a la de Tenerife, y mensualmente siguen saliendo cayucos volantes desde los aeropuertos de Gando y Fuerteventura.
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