Trata de personas: el robo de la vida y de la inocencia

Se entiende por trata de personas a la captación, transporte, recepción o alojamiento de una persona mayor o menor de edad, con fines de explotación laboral o sexual. Generalmente, las víctimas son engañadas con promesas de superación económica y son obligadas a trabajar, utilizando muchas veces la violencia y la amenaza psicológica por quienes sacan provecho o regentean esas actividades ilegales, sin cumplir –claro— con las leyes laborales y privando de sus derechos a las víctimas, reduciéndolas a la servidumbre. Es decir, no son expresiones sinónimas la trata de blancas y la prostitución, aunque una y otra actividad suelan ser parte de una misma hebra.

Pero más allá de las frías definiciones del diccionario, la terrible realidad habla de otras cosas: niñas o adolescentes que no tuvieron opción para elegir qué hacer con su cuerpo y sus vidas, que perdieron su felicidad y sus muñecas, a causa del sometimiento y la esclavitud, jóvenes o adolescentes que sin contención familiar adecuada buscan cómo independizarse y, en esa búsqueda, terminan como rehenes de sus propios sueños. “Lo que más me impacta son sus miradas, esa mezcla de resignación y dolor, en cuerpos demasiado pequeños para tantos días y tantas noches”, se le escuchó decir una vez a un agente de policía que participó de un procedimiento realizado en una wiskería.

“En abril, durante una reunión plenaria realizada en Salta y de la cual participaron representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos se planteó la necesidad imperiosa por parte del Gobierno Nacional de que todas las provincias comiencen a trabajar para combatir el flagelo de la trata de personas, especialmente, en lo que concierne a la prostitución la que, sin lugar a dudas, es la actividad donde se concentran el mayor número de víctimas, especialmente menores de edad”, relató el titular de la Dirección de Investigaciones, Alejandro García. Así, en ámbitos de la Policía de Entre Ríos se creó la División Trata de Personas, con el objetivo de investigar los locales de la provincia, mediante allanamientos e inspecciones, para detectar posibles casos de personas víctimas de la trata.

Este tipo de procedimientos comenzó a rendir sus frutos inmediatamente, ya que en lugares nocturnos de Chajarí, Gualeguaychú, y últimamente en Villaguay fueron encontradas menores de edad trabajando como alternadoras, prostituyéndose. Además, en un local de Villaguay fue encontrada una menor que tenía un pedido de captura por parte de la Justicia de Concordia. Los encargados o responsables de los lugares fueron inmediatamente detenidos y puestos a disposición de la Justicia. En los últimos procedimientos realizados con el apoyo de los efectivos departamentales, fueron allanadas dos wiskerías en Gualeguaychú donde fueron encontradas 11 jóvenes menores de 21 años, que fueron trasladadas a Minoridad de esa ciudad para su identificación y luego fueron llevadas con sus familias.

Prevención
La División Trata de Personas está a cargo de Victorino Borré, que tiene 15 efectivos directamente a su cargo, pero cuenta para todos los procedimientos con el apoyo de la totalidad de las jefaturas departamentales para cumplimentar los procedimientos, junto a funcionarios judiciales de cada jurisdicción. Borré destacó que toda la tarea está basada en la aplicación de la Ley Federal 26364 de “prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas” y que ante cualquier denuncia o constatación de que en un determinado lugar se encuentra trabajando una menor de edad como alternadora se efectúa un procedimiento, generalmente en forma sorpresiva y en horas de la madrugada, con los recaudos legales del caso concedidos por la Justicia ordinaria o federal, las que son portadas por los funcionarios judiciales presentes en el procedimiento. “Esas órdenes comprenden no solamente el allanamiento y requisa domiciliaria sino también la requisa personal para todos aquellos que se encuentren en ese momento en el lugar allanado”, precisó el funcionario policial.

En ese sentido, la fuerza de seguridad pone especial atención en la documentación personal de las denominadas alternadoras que son revisadas en el lugar por los peritos de la Dirección de Criminalística, quienes también forman parte del procedimiento y que tienen la función de constatar la autenticidad de los documentos, ya que son numerosos los casos en que estas menores están provistas de documentación apócrifa, especialmente en lo relacionado con la edad. Tras el operativo, las menores que hubieran sido detectadas en el lugar son trasladadas a dependencias policiales o de Minoridad donde quedan alojadas a disposición de la Justicia jurisdiccional. En forma paralela, se inicia una causa para quien esté al frente del negocio en ese momento, ya sea su propietario y encargado, que puede ser detenido en el marco de la causa policial iniciada de oficio.

Prácticas naturalizadas
“El abordaje de este tema supone en muchos lugares ir en contra de prácticas que para muchos sectores sociales están naturalizadas, por lo que se requiere indudablemente de un fuerte compromiso de todas las instituciones que tienen responsabilidad en el combate contra esta forma de esclavitud moderna que ataca derechos humanos fundamentales de las personas”, precisó Borré, antes de comentar que desde la División se insta a municipios y juntas de gobierno de la provincia a no proporcionar habilitaciones para whiskerías, bares con alternadoras o comercios con denominaciones similares, puesto que este tipo de sitios son utilizados generalmente por los tratantes para explotar a sus víctimas.

“Hay que señalar que la trata no se da solamente en situaciones de prostitución, sino también para el caso de personas que son captadas y explotadas laboralmente, estando incluso privadas de su libertad”, graficó Borré. “Sabemos que en Argentina, de acuerdo a estadísticas elaboradas por distintas ONGs, unas 400.000 personas estarían siendo explotadas con fines sexuales y laborales, pero no se cuenta con datos oficiales en la materia. Ese es otro de los objetivos de la ley nacional, que ahora que comenzamos a instrumentar en Entre Ríos”, acotó el funcionario. Desde la División Trata de Personas también se trabaja a diario en agilizar y profundizar lazos operativos con las demás fuerzas policiales del país, especialmente las de las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe, que son los lugares desde donde provienen las mujeres que trabajan en locales nocturnos de Entre Ríos. Además, para posibilitar la participación del personal en congresos y cursos sobre esta problemática que se realizan en distintos lugares del país, se trabaja en conjunto con la Dirección de Asistencia a la Víctima, que está a cargo de la capacitación de quienes trabajan en el organismo.

El dato
400.000 personas en Argentina serían explotadas sexual y laboralmente

Pubicado en El diario de Paraná (Argentina)