Se calcula que cuatro de cada diez niños desaparecidos son víctimas del delito de trata y tráfico en sus diferentes modalidades. La trata es el traslado de personas a otras ciudades o países, bajo amenazas o privadas de libertad con fines de explotación laboral, sexual, comercial, venta de órganos, tenencias ilegales, matrimonio servil, tráfico de drogas, etc.
El secuestro, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, etc. son formas de ejercer la violencia sobre las víctimas de trata y tráfico de seres humanos. A pesar de esto, la población aún no asume esta problemática como tal, es por eso que cuando interpone una denuncia en la Policía, lo hace como si se tratase de un caso más de extravío de menor, según la directora ejecutiva de Infante, Lorena Yáñez. A decir de Yáñez, no se conoce lo que es el delito de trata, generando así la falta de estadísticas precisas que permitan contar con datos precisos sobre la magnitud del problema.
“Es un fenómeno que todavía está naturalizado en nuestra población, creemos normal que un niño salga de su casa y vaya a trabajar a cualquier lado, no hay denuncia”, manifestó. Infante recibió muchas denuncias de explotación laboral de los niños, niñas y adolescentes en las zafras, quienes no tienen una buena remuneración, además que abandonan su educación. “Es un fenómeno relativamente nuevo y necesita un trabajo conjunto de seguimiento para no duplicar acciones y hacer un trabajo digno con las víctimas”, agregó.
Por su parte, el coordinador nacional del proyecto Trata y Tráfico de Infante, Miguel Gonzáles, reconoció que en Bolivia la problemática no fue asumida por la sociedad. En muchos casos “es una noticia poco alarmante cuando detrás hay redes de traficantes y tratantes que lucran y se benefician con este negocio ilícito”.
Desaparecidos
A la fecha, en la División Trata y Tráfico de seres humanos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se reportaron más de 700 denuncias por desaparición, principalmente de niños, niñas y adolescentes. El 58% de estos menores son mujeres cuyas edades oscilan entre los 13 y 17 años y su desaparición está relacionada con la prostitución o trata de blancas, más conocida como la esclavitud moderna que el último año se ha incrementado en un 40%.
Los datos apuntan a que en Cochabamba desaparecen dos personas por día. Puede ser que se extraviaron, abandonaron su hogar por algún conflicto o se dieron a la fuga debido a la desatención de sus padres por la migración o porque sus progenitores están inmersos en el consumo de bebidas alcohólicas que deriva en la agresión física, psicológica o sexual.
En estos últimos casos, sólo el 10% vuelve a su hogar ya que por lo general encuentran algún lugar para trabajar, es ahí donde se da el delito de explotación laboral y otros. Según Gonzáles, en Bolivia los delitos más comunes referidos a la trata son la violencia sexual y la prostitución de adolescentes, la pornografía infantil a través de discos compactos (DVD) y el tráfico de personas es principalmente a Europa y países como Argentina y Brasil. El último año, la tenencia indebida de menores y/o conflictos de guarda ha caracterizado la trata de personas en el país ante una ley benevolente.
La justicia
Los datos de Infante demuestran que el 2007, de 10 casos de niños extraviados, sólo tres se esclarecieron, es decir que en siete casos el proceso quedó en la impunidad. Entre tanto en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en tres años de trabajo de la División Trata y Tráfico de seres humanos, sólo un caso llegó a juicio oral. Nueve acusados fueron a juicio abreviado, en un proceso hubo sobreseimiento, 25 demandas fueron rechazadas y otro número similar se encuentra con imputación.
La poca efectividad de la justicia en estos casos se debe a la deficiente aplicación de la Ley 3325 de Trata y Tráfico de Personas y otros delitos relacionados, por parte de los representantes del Ministerio Público y la falta de sensibilidad de los mismos para actuar en estos casos, debido, entre otros aspectos, a los relacionados con el factor económico. Así lo señaló el jefe policial de la División Trata y Tráfico de la Felcc, mayor Boris Bellido, ante la consulta sobre los escollos que existen en el procedimiento para la detención de los posibles responsables de estos delitos.
“Los fiscales se van a proceso abreviado por corrupción de menores y mayores, ya que desconocen los alcances de la Ley 3325 que considera estos delitos como de lesa humanidad. Desconocen las agravantes y el alto contenido social y humano que tiene”, manifestó. Dijo también que en estos casos donde el delito es de proxenetismo donde la pena mínima es de cuatro años, benefician a los imputados con el proceso abreviado por “corrupción de menores y mayores” que no tiene cárcel y queda en la impunidad.
Publicado en el diario La Opinión de Bolivia
Autor: Mythyl Antezana Terceros
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