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sábado, 15 de noviembre de 2008

El nuevo Código Penal endurecerá las penas para los pederastas

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley Orgánica del Código Penal de 1995, consensuado con el PP, que endurece las penas para los delincuentes sexuales -especialmente para los pederastas- y establece medidas de control para éstos y para los terroristas una vez que hayan cumplido su condena. "La reforma es un mensaje claro para los violentos: no hay ni habrá resquicio para la impunidad y también es un mensaje de tranquilidad y seguridad para los ciudadanos, que estarán más protegidos frente a quienes hayan quebrantado la ley tan gravemente, aunque hubieran cumplido la pena principal en su condena", aseveró De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se mostró convencido de que las medidas que se introducen en esta reforma, como la libertad vigilada, pasarán "el filtro constitucional". Asimismo, aseguró que las posibles limitaciones o restricciones de libertad se contemplan solo para los delitos más graves con "mal pronóstico", y su finalidad es la "reinserción paulatina".

Bermejo reconoció que esta reforma responde a una demanda social ante recientes casos de agresión sexual y recordó el compromiso personal del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras la conmoción que provocó la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés. En cualquier caso, estas medidas de libertad vigilada, que podrán tener una extensión de hasta 20 años y que son uno de los aspectos más novedosos del texto aprobado, no podrán aplicarse a quienes ya están en prisión y tampoco a quienes sean detenidos tras la entrada en vigor de la reforma pero hayan cometido sus delitos con anterioridad. Además, a partir de ahora,los delitos de terrorismo que hayan causado una muerte o graves lesiones físicas o psíquicas o que hayan consistido en el secuestro de una persona, no prescribirán.

Este anteproyecto de ley también establece medidas para impedir que los delincuentes se sirvan de los beneficios y facilidades que pueden obtener de asociaciones transitorias para llevar a cabo delitos.

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