La prostitución voluntaria y no forzada solo es delito en un país de la UE. Pero la estrecha relación entre esa actividad y el tráfico ilegal de personas, unida a la falta de resultados de las políticas contra las mafias, está moviendo a las autoridades de varios países a centrar su estrategia en la penalización de la clientela. El Parlamento noruego, en una iniciativa apoyada por gran parte del espectro político, aprobó el pasado jueves una nueva ley que a partir del 1 de enero del 2009 impondrá multas y penas de cárcel de hasta seis meses a quienes contraten servicios sexuales a prostitutas adultas. La norma, pactada por los socialdemócratas del primer ministro Jens Stoltenberg con los partidos del centro, la izquierda y la derecha cristiana, asegura hasta dos años de prisión a quienes mantengan relaciones con menores.
Noruega no forma parte de la UE, donde solo Suecia considera criminales a los clientes mediante una regulación que ha servido de ejemplo a Oslo. Pero otros países de la Unión, como el Reino Unido, también están empezando a tomar medidas en ese sentido. La ministra británica de Interior, Jacqueline Jill Smith, acaba de anunciar una ley que no hará que la prostitución deje de ser legal en su país, pero que sí sancionará su uso cuando afecte a mujeres obligadas contra su voluntad a ejercerla. «Las mujeres víctimas del tráfico de seres humanos no tienen elección. Los hombres sí», justifica Smith. La situación en el Reino Unido describe a la perfección lo que sucede a nivel comunitario, donde la batalla contra la prostitución solo puede ejercerse cuando esta es forzada. Si se trata de una actividad voluntaria y libre, está despenalizada en la mayoría de los países.
Las instituciones comunitarias llevan años moviéndose en esa dinámica, porque Bruselas no tiene competencias para legislar en materia penal salvo por expreso y unánime acuerdo de los Veintisiete. Y eso, además, complica su tarea a la hora de evaluar la situación, porque los estados miembros no tienen obligación de suministrarle datos. «La Comisión Europea no tiene jurisdicción en esa área», lamentó el pasado mes de junio el comisario de Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, en una escueta respuesta parlamentaria a la eurodiputada liberal sueca Maria Carlshamre.
Seguridad Social
En su pregunta, Carlshamre se había interesado por el número de prostitutas cubiertas por la Seguridad Social en Alemania, Austria y los Países Bajos, donde su trabajo está regulado como cualquier otra actividad económica. Y aunque son muchas las asociaciones que exigen que esa medida se extienda a toda Europa para garantizar que quienes viven de esa actividad al menos puedan obtener las mismas ventajas sociales que cualquier otro trabajador, muchas otras alertan de que puede ser contraproducente. Uno de los ejemplos que utilizan estas últimas para sustentar sus argumentos es el caso de una joven alemana de 25 años, informática en paro, que estuvo a punto de perder su derecho al subsidio de desempleo porque rechazó una oferta de trabajo en un burdel, que le había llegado a través del organismo local de colocación.
La Comisión Europea no dispone de censos ni cifras concretas, pero algunas estimaciones calculan que en países como Alemania hay entre 500.000 y 600.000 prostitutas, el doble que en España. Un 80% son inmigrantes extracomunitarias o europeas de los países del Este incorporados a la Unión en el 2004. Es decir, los más pobres y necesitados, lo que hace dudar de que esas trabajadoras sean realmente libres para escoger su oficio.
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