Se está trabajando, pero de momento no hay resultados. El subdelegado del Gobierno en Tenerife, José Antonio Batista, anunciaba la pasada semana en este periódico la creación de un nuevo protocolo de actuación que facilitará los reagrupamientos familiares de menores extranjeros no acompañados. Se trata de un acuerdo interinstitucional en el que se viene trabajando desde el mes de marzo que, según diversas fuentes, debe empezar a dar sus frutos a partir de 2009.
Hasta entonces, las cifras son poco halagüeñas. En los últimos ocho años sólo se han producido siete repatriaciones de menores desde las Islas, todas ellas de jóvenes marroquíes. Por contra, tras las últimas llegadas, en el Archipiélago residen unos 900 inmigrantes acogidos en distintos centros y Canarias tutela a casi 1.400 chicos. De ellos, el 58% son de origen subsahariano y el 42%, marroquíes. Entre los subsaharianos, el 54% proceden de Senegal, el 18% de Mali y el 30% de países como Guinea Conakry, Gambia, Mauritania y Costa Marfil.
El problema, no obstante, no es exclusivo de Canarias. Más bien todo lo contrario. En los dos últimos años se incoaron más de 1.300 expedientes de repatriación de menores, pero sólo se hicieron efectivos en 111 casos, en 2006, y apenas 18 en 2007. Porcentualmente hablando, supone que el 90% de los casos no se llevan a efecto. Y esos casos finalizaron en el traslado de los chicos a sus países de origen porque colaboraron y mostraron su interés en regresar a sus casas. Sin embargo, si los menores hacen lo posible por quedarse, "se quedan seguro", apuntan fuentes de la Fiscalía.
El Gobierno central, pese a todo, mantiene contactos periódicos con Senegal, Mauritania, Mali o Marruecos, con el fin de dar salida a los miles de menores inmigrantes que a día de hoy son tutelados por las comunidades autónomas a las que llegan. El pasado mes de febrero una delegación del Gobierno senegalés, acompañada del secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, visitó el centro de menores de Tegueste para comenzar a preparar el operativo de repatriación, después de que Zapatero ordenase reactivar el acuerdo de retorno de menores firmado en diciembre de 2006. El propio ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que esa misma semana estuvo en Las Palmas, confirmó que, al igual que las repatriaciones de adultos supusieron un efecto disuasorio, se iba a seguir un camino similar con los menores. Nueve meses después, el subdelegado del Gobierno en Tenerife reconoce que "no hay ningún expediente avanzado, pero eso no significa que no estemos trabajando", recalca José Antonio Batista.
La complejidad del proceso, además, se ha visto salpicada los últimos años por las denuncias de ONG, fiscales especializados en Extranjería o el Defensor del Pueblo, que recomiendan al Estado establecer la obligación de que los menores sean oídos por la autoridad competente para decidir sobre su repatriación. Fuentes de Amnistía Internacional denuncian a este periódico que muchas veces "el proceso administrativo de reagrupación familiar oculta expulsiones de menores sin ninguna garantía y sin tener en cuenta sus declaraciones". "Cualquier adulto extranjero en situación irregular tiene derecho a un abogado, tal y como recoge la Ley de Extranjería. Pero a los menores se les está negando este derecho", señala Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía.
Esta organización ha constatado que en al menos 11 sentencias de 2006 y 2007, en las que se recurría la repatriación de menores extranjeros, los jueces se pronunciaron sobre graves irregularidades que ponen en riesgo la seguridad de los niños y dejan de lado el interés superior del menor, recogido en la Convención de Derechos del Niño ratificada por España.
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