Ivonne Márvez es empresaria venezolana y usuaria del Protocolo de Atención a las Víctimas extranjeras de malos tratos que promueven el Gobierno, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Coincidiendo ayer con la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, Márvez participó en una mesa coloquio que tuvo lugar en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en la que, bajo el título Mujer inmigrante y violencia de género expuso, junto con otros expertos en extranjería, inmigración y legislación en materia de violencia de género, su experiencia como víctima de los malos tratos.
Durante su emotivo testimonio, Ivonne Márvez, que no pudo evitar las lágrimas, se proclamó "inmigrante, extranjera y chicharrera, ya que llevo muchos años viviendo en esta Isla", y agradeció a los trabajadores de la Unidad Orgánica de Violencia de Género y de Extranjería el apoyo recibido. "Estaba completamente anulada", contó, "hasta el punto que casi no logro recuperar mi residencia. No denunciaba por vergüenza y porque tenía pánico, pero aparté el miedo y denuncié". Relató que llegó a cambiar en tres ocasiones de residencia en menos de un año. "Sólo tuve que decir que si no me cambiaba de domicilio mi marido me mataba, para que me ayudaran", apuntó.
Ivonne pidió a las mujeres inmigrantes que se encuentren en una situación de violencia que denuncien que "van a encontrar apoyo social, psicológico, jurídico y emocional, porque hay justicia y del pozo se sale. Hay que aprender a decir que no", declaró, "pero no un ¡no me vuelvas a poner la mano encima!, sino un ¡no se te ocurra ponerme la mano encima!. Antes era como tener "un árbol delante, sin ver el bosque inmenso que tienes detrás", confesó. "Ahora, es como si me hubieran puesto las pilas alcalinas".
Junto al testimonio de Ivonne Márvez también intervino en esta mesa Raquel González, socióloga y participante del proyecto ’Inmigrantes y Violencia de Género’, quien explicó que las mujeres que vienen a la Isla se encuentran con un triple problema: "Ser mujer, inmigrante y no pueden elegir trabajo". El estudio señala que el 51% de las mujeres inmigrantes proceden de América del Sur y que "se encuentran desamparadas porque tienen muchos aspectos externos que van en detrimento de su implicación social". González apostilló que la principal razón de que estas mujeres no denuncien es el "miedo", dado que desconocen los recursos existentes.
De esta forma, Rosa Landazábal, jurista especialista en violencia de género, animó a todas las mujeres que se encuentren en situación de maltrato a que denuncien porque "tienen derecho". "Tienen derecho al asesoramiento", explicó, "a presentar una denuncia y a solicitar una orden de alejamiento, independientemente de que estén en situación ilegal". "Tienen derechos económicos, a percibir prestaciones, y laborales, a no perder su puesto de trabajo por ausencias relacionadas con el maltrato. Eso sí, para ello es imprescindible que denuncien".
Federico Sánchez, funcionario de extranjería, explicó que uno de los principales problemas que se encontraban al otorgar la residencia era que muchos de estos ciudadanos tenían antecedentes por maltrato. "Nos encontrábamos en la tesitura de que si no le dábamos la residencia estábamos negando una posibilidad a la familia, por ello es importantísima la aplicación de este Protocolo y sobre todo que las mujeres denuncien".
Publicado en el Diario de Avisos (Tenerife)
Autor: María Fresno
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