A la espera de que el Gobierno central rubrique el anhelado nuevo protocolo sobre menores extranjeros no acompañados (que debe firmarse la próxima semana), la situación en los dispositivos de emergencia de las Islas sigue siendo caótica. No en vano, la cifra de jóvenes inmigrantes que han arribado por vía marítima a Canarias este año empieza a rondar ya la que se registró en 2006, cuando llegaron 928 niños entre los más de 31.000 sin papeles que trataron de entrar ilegalmente en el Archipiélago. Así, después de las últimas llegadas de embarcaciones clandestinas, en lo que va de 2008 han sido detenidos en las costas canarias 785 menores de edad, una treintena más que en todo el año pasado.
Esta circunstancia ha provocado que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias se haya visto obligada a habilitar dos nuevos centros de acogida en Tenerife (Las Mercedes y La Orotava, dispositivo que se abrirá en diciembre, tal y como adelantó días atrás DIARIO DE AVISOS), que se suman a los tres (La Esperanza, Tegueste e Icod de los Vinos) que existían en la Isla desde hace dos años. Incluso, y debido a la saturación que padecen estas instalaciones, el Ejecutivo regional tuvo que ubicar este verano a un centenar de jóvenes en el colegio Alonso de Nava y Grimón de Los Baldíos, en La Laguna. Una vez reanudado el curso escolar, sin embargo, los menores inmigrantes que residían en el citado CEP regresaron a La Esperanza y Tegueste, donde ahora mismo viven más de 600 jóvenes de entre 13 y 17 años. En total, según datos proporcionados de la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias, la Consejería de Bienestar Social tutela en estos momentos a 1.374 menores extranjeros no acompañados, de los que 893 están acogidos en los más de veinte centros que posee el Archipiélago, de los que más de la mitad están gestionados por los cabildos insulares.
El problema, pese a todo, no es nuevo, ya que desde el mes de febrero de este año la comunidad de Canarias tutela a más de mil jóvenes, cuando por ejemplo en abril de 2007 ampara a sólo 560 chicos. En virtud de acuerdos puntuales sellados con distintas ONG (Organizaciones No Gubernamentales) de la Península, en lo que va de año han sido derivados a distintas comunidades autónomas 179 jóvenes. De ellos, la Fundación Insert es la que más acoge, 58, repartidos en viviendas-hogares y centros situados en Valladolid, Murcia, Elche, Toledo y Vila-Real. Mientras, en el colegio La Inmaculada de Armenteros (Salamanca) residen otros 40 subsaharianos; la Fundación Hechos tiene a 28 en dos centros de León y Burgos; Extremadura acoge a 25, Asturias a 10, la ONG ACCEM a 10 más en Segovia y el colectivo La Calle a 8 en Madrid. En todos estos casos, la tutela sigue estando en manos del Ejecutivo canario, gobierno que además ha tenido que costear los traslados y aporta una manutención diaria de unos ochenta euros por cada menor.
Carga presupuestaria
La carga económica que ha generado esta actuación, provocó que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias tuviese que ampliar en nueve millones de euros más su previsión presupuestaria en esta materia para este año, ya que en apenas cinco meses había gastado todo el dinero previsto para 2008, unos 12 millones. La llegada al Ministerio de Trabajo e Inmigración de Celestino Corbacho, no obstante, provocó que se reanudaran las conversaciones entre ambas administraciones, congeladas debido a las malas relaciones de su antecesor en el cargo, Jesús Caldera, con algunos de los consejeros del Gobierno canario.Celestino Corbacho visitó el pasado mes de junio el Archipiélago, donde se comprometió a resolver el problema de los menores extranjeros no acompañados.
Cinco meses después, y después de que el Gobierno estatal concediera varias ampliaciones de crédito para contribuir a la manutención de estos jóvenes, el ministro y la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo autonómico, Inés Rojas, alcanzaron un principio de acuerdo sobre el nuevo convenio de colaboración de traslados, que supondrá la salida de 500 jóvenes hacia distintas comunidades autónomas. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, confirmaron que el acuerdo será un hecho en cuestión de días.
La medida, pese a todo, no ha terminado de convencer al Ejecutivo regional, que la tacha de "paso importante" pero "insuficiente". En este sentido, Inés Rojas reconoce que "el convenio no es el que deseábamos, porque realmente no es lo que necesitamos". "Es muy positivo que el Gobierno de España y de Canarias estemos sentados en la misma mesa y lleguemos a acuerdos como éste, porque así podremos seguir avanzando en una política de menores mucho más estable", subraya la consejera Inés Rojas. El objetivo de la consejera es "dar continuidad" a este protocolo, que debe servir de base para la anhelada reforma de la Ley del Menor y la de Extranjería. "No se trata de un problema coyuntural, sino estructural", recuerda Inés Rojas, quien es consciente de que casi al mismo tiempo en que sean trasladados a la Península los primeros niños de África, llegarán otros con el mismo objetivo de lograr un futuro mejor.
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