La comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobó ayer con los votos de PSOE, BNG, ERC, IU e ICV la propuesta para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo planteada en el informe elaborado por la subcomisión. Por 20 votos a favor, los 16 en contra del PP y la abstención de CiU y el PNV, el informe se trasladará ahora al Gobierno para la elaboración de un proyecto de Ley del aborto que tendrá en cuenta las recomendaciones de la comisión de expertos convocada por el Ministerio de Igualdad.
Las nuevas condiciones para abortar se incluirán en el marco general de una norma sobre derechos y salud sexual y reproductiva en el ámbito de la Salud Pública, con “la consiguiente derogación del delito de aborto del Código Penal”. Así, se establecerá un periodo en el que las mujeres podrán interrumpir su embarazo sin alegar causa, y una serie de “indicaciones”, como que exista un grave peligro para la embarazada o graves anomalías, malformaciones o enfermedades en el feto, que permitirán abortar más allá de ese plazo inicial.
El texto también precisó que las jóvenes de más de 16 años no tendrán que contar con el consentimiento de sus padres para someterse a esta práctica y que se “clarificará” la objeción de conciencia de los médicos. Además, apostó por facilitar el “apoyo institucional del Estado” a todos los que llevan a cabo abortos y trabajan por “la dignificación de esta prestación sanitaria”. También se deberán adoptar medidas normativas complementarias para garantizar plenamente el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
La portavoz del PSOE en la comisión, Carmen Montón, afirmó que con esta reforma se “elimina la inseguridad jurídica, se establece la sanidad pública como garante del derecho a abortar y se pone fin a la inequidad territorial”. Por su parte, la portavoz del PP, Sandra Moneo, acusó al PSOE de “utilizar el Parlamento como coartada a sus intereses” al acelerar los debates de la subcomisión e “imponer” un texto de conclusiones elaborado sin consultar con otros grupos. “El objeto de la subcomisión no era decidir si el aborto es bueno o malo, sino dar mayor seguridad jurídica a las mujeres”, argumentó Montón, quien reprochó al PP que critique las formas “para intentar deslegitimar el fondo” y que “haga mucho ruido para desviar la atención de problemas internos suyos”.
El Partido Popular, cuyo voto particular fue rechazado, arguyó que una ley de plazos como propone el informe es inconstitucional, por lo que anunció que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional cuando sea aprobada.
Fuente: EFE
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