Los ciudadanos rumanos y búlgaros pueden circular libremente a partir de hoy por España para trabajar, al haber concluido los dos años de moratoria impuestos por el Gobierno español. El Gobierno comunicó el pasado 19 de diciembre su decisión de no imponer un nuevo periodo transitorio a la libre circulación de trabajadores por cuenta ajena a búlgaros y rumanos. Con el fin de esta moratoria de dos años, los más de 700.000 rumanos y más de 150.000 búlgaros que trabajan en España no necesitarán a partir de hoy un permiso de residencia, al igual que ocurre con el resto de los nacionales de estados miembros de la Unión Europea.
Según los últimos datos actualizados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en España viven 143.035 búlgaros y unos 130.000 tienen entre 16 y 65 años de edad. Asimismo, el Gobierno ha computado 715.750 rumanos, de los que son unos 650.000 los que se encuentran en disposición de trabajar, conforme los cálculos de la embajada de Rumanía en España. Fuentes consulares han explicado que el 20% por ciento de los inmigrantes rumanos está ya trabajando en calidad de autónomos y son "bastantes" los que tienen formalizado un contrato por cuenta ajena.
Retorno
Asimismo, la Embajada afirma que son numerosos los ciudadanos que han pedido información sobre la posibilidad de volver a Rumanía, dado el crecimiento económico que experimenta el país. Este crecimiento fue la razón que impulsó al Gobierno de España a no renovar la moratoria laboral pues según explicó la vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega, "atendiendo a la situación en que se encuentra Rumanía y Bulgaría, los flujos migratorios es probable que a medio plazo se den un poco al revés", si bien hasta ahora los intentos del gobierno rumano no han tenido los efectos deseados.
Así, el Gobierno espera que "sean muchos rumanos y búlgaros que están actualmente en España los que tal vez tengan un interés de vuelta" en línea con las pretensiones de sus respectivos gobiernos, ambos inmersos en campañas para atraer a la población activa emigrada a Europa. Además, tal como matizó De la Vega, el Ejecutivo se reserva hacer "un balance" al cabo de seis meses para evaluar el impacto que la no renovación de la moratoria haya tenido sobre el mercado laboral español y en su caso, fijar nuevas restricciones.
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