Las peticiones de asilo descienden en Canarias un 46%

España ha dejado de ser un paraíso para los inmigrantes, y Canarias no es una excepción. Esto es, al menos, lo que se extrae de las cifras del boletín extra del ejercicio de 2008 de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. En él se contabilizan un 46% menos de peticiones de asilo en el Archipiélago el pasado año, respecto a las demandas contabilizadas en 2007. En concreto, en 2008 hubo 355 solicitantes de asilo en Canarias, de los que 225 correspondieron a la provincia de Las Palmas y 130 a la de Santa Cruz de Tenerife. Paradójicamente, el número de peticiones registradas el pasado año también fue inferior al de 2006, cuando hubo 366.

Según explica a este periódico la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, resulta significativo que cada vez haya menos demandantes en las Islas, a pesar de que en los últimos dos años se han mejorado tanto las infraestructuras como los servicios previstos para realizar este tipo de asistencias. No obstante, esta tendencia a la baja no es exclusiva del Archipiélago. En España también se ha reducido en un 41% el número de demandantes de asilo, ya que se ha pasado de 7.662 peticiones en 2007 a 4.516 el pasado año. Además, según los datos a los que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, también se redujeron en casi un 26% las concesiones del estatuto de refugiado, que apenas supusieron el 2,9% de las resoluciones firmadas por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Nacionalidades
Por nacionalidades, en Canarias la mayor parte de los peticionarios fueron cuidadanos de países africanos, principalmente de Costa de Marfil, Senegal, Mali, República Democrática del Congo y Marruecos (Sáhara). La mayor de ellos realizaron su solicitud en los centros de internamiento para extranjeros de las Islas, donde CEAR Canarias está presente desde que en junio de 2006 el entonces secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, llegase a un acuerdo con la Comisión Española para que ésta pudiera acceder a todos los CIE del Archipiélago para poder informar sobre el procedimiento de asilo a los inmigrantes retenidos.

Fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado denotan que el nuevo proyecto de Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre -cuyo proyecto legislativo podría pasar al Parlamento para su debate y aprobación final antes del mes de junio-, está relacionado directamente con la disminución del número de solicitantes.

Ante lo que considera un "retroceso sin precedentes", CEAR llama a presionar y movilizarse para modificar la reforma restrictiva de "una ley tan significativa en la protección de los derechos humanos". "Estamos en un momento clave, histórico", sostiene Eduardo Uribe, quien afirma que "es el momento de actuar. Debemos ser conscientes de lo que nos jugamos y sobre todo se juegan las personas refugiadas". De la misma opinión son en la organización no gubernamental SOS Racismo, quienes recuerdan que el año pasado apenas se admitieron a trámite un 50% de las solicitudes de asilo y "sólo se resolvieron favorablemente un 5%".

Resoluciones
En la provincia de Tenerife, de las 130 peticiones cursadas en 2008, hasta el pasado 30 de noviembre sólo se habían resuelto positivamente tres, aunque otras 84 personas recibieron tarjetas provisionales. Según sostiene la organización de ayuda al refugiado, con la nueva ley desaparece la posibilidad de solicitar asilo por vía diplomática y durante el procedimiento de resolución el demandante queda en un limbo legal, muchas veces recluido. La actual redacción de la ley de asilo ya motivó, en 1994, que CEAR, a través del Defensor del Pueblo, promoviera un recurso de inconstitucionalidad al superar el periodo de retención del solicitante, las 72 horas de detención máxima previstas por la Ley para los detenidos. El proyecto introduce también conceptos de las directivas europeas como "país seguro" o "país de tránsito seguro", que implican excluir a los países miembros de la UE. Esto va contra la Convención de Ginebra y obvia, según CEAR, el hecho de que en un país europeo se produzcan persecuciones como la que se vivió en Italia con los gitanos.