Hace unos días se dio a conocer la memoria de la única, por el momento, asociación con carácter nacional que defiende los derechos de los usuarios del sistema sanitario público, denominada El Defensor del Paciente. En ella se recogía que la asociación recogió en 2008 casi 12.300 denuncias de presuntas negligencias médicas, de las que medio millar tuvo el resultado de muerte. En Canarias esas denuncias se elevaron hasta las 264. Unas denuncias que podrían ser muchas más si no existieran una infinitud de trabas burocráticas a la hora de presentarlas, como la propia asociación reconoce. No sólo llegar hasta los tribunales supone un problema para quien se decide a denunciar, sino que, además, a la hora de establecer la cuantía de la indemnización a la que tendría derecho de probarse la negligencia denunciada, se encuentra que no existe un baremo propio para los casos de mala praxis médica.
Por analogía
Como explica el abogado José Luis Langa, letrado responsable de la demanda patrimonial contra la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de los afectados del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario de Canarias (HUC): "Los baremos que se aplican para las indemnizaciones se aplican por analogía al baremo que existe para los accidentes de tráfico, porque no hay ninguno para este tipo de sucesos". En el caso de los afectados del Servicio de Cirugía Cardíaca del HUC, Langa especificó que "las cantidades que se han solicitado suman entre las doce primeras demandas presentadas en torno a los cuatro millones de euros", una cifra tan elevada, según el letrado porque "entre los afectados hay bastantes fallecidos, una persona que ha quedado tetrapléjica o la situación del propio presidente de la asociación que era un campeón de submarinismo y que ahora mismo no puede desempeñar con normalidad lo que era su quehacer diario".
A juicio de Langa, "este tipo de responsabilidades dentro de la Unión Europea, en situaciones como éstas, reciben indemnizaciones que duplican y triplican lo que con arreglo a este baremo se establece". El abogado asegura que es evidente que "hay un retraso en cuanto adecuar estas situaciones a la realidad". Una realidad que desde distintas asociaciones de pacientes, juristas e incluso médicos, piden que se cambie y que se cree una norma propia para juzgar la mala praxis médica de producirse.
Demandas
En respuesta a estas demandas, el Ministerio de Sanidad está elaborando el Proyecto de Baremación de daños médicos, sobre el que aún no se conocen detalles. El Defensor del Paciente es una de las asociaciones que reclama ese cambio y por ello dedicó sus primeras jornadas nacionales celebradas en 2007 a cómo abordar jurídicamente la mala praxis médica. En esas primeras jornadas se habló sobre la necesidad de establecer un baremo propio para establecer la cuantía de las negligencias médicas probadas. En las conclusiones de estas jornadas se señalaba que en nuestro ordenamiento jurídico existe una total discrecionalidad a la hora de aplicar los baremos establecidos por la ley como forma de indemnización, esto supone que dependiendo del juzgado donde se remita el caso se interpreta la ley con total arbitrariedad.
Una variedad de sentencias que, según la propia asociación, se debe a que se carece de instrumentos adecuados de cálculo a través de una ley que cumpla con el mismo cometido que la normativa que se creó para regular las indemnizaciones para las lesiones de los accidentes de tráfico, que perseguía evitar esa arbitrariedad. Por todo ello, el colectivo ’El Defensor del Paciente’ en sus conclusiones propone desde diversos ámbitos, incluida la asociación, el establecimiento de un sistema de baremo que sirva de guía a los tribunales y facilite la objetividad, igualdad y seguridad jurídicas.
Según precisa esta asociación, existe un sentir generalizado sobre la necesidad de aprobar un baremo o sistema específico de valoración del daño corporal que resulte vinculante para los tribunales, pero que no sea tan cerrado como el actual de accidentes de tráfico, de forma que permita cierto margen a la discrecionalidad judicial para poder valorar circunstancias excepcionales que no estén contempladas en el baremo. La asociación proponía que deberían contemplarse de forma autónoma y abierta la posibilidad de indemnizar también los daños morales que hasta el momento no se contemplan.
Proyecto
La asociación detallaba en esas primeras jornadas y también en la memoria de 2008 que el Ministerio de Sanidad está llevando a cabo, la elaboración del Proyecto de Baremación de daños médicos en colaboración con la Organización Médica Colegial, y miembros de la judicatura y compañías aseguradoras. Tal y como hace hincapié la asociación, los pacientes no han sido invitados a participar en este proyecto, dejando a un lado al paciente. El Defensor del Paciente denuncia que "el Ministerio sólo se limita a acusar recibo en la fecha que los pacientes hacen sus peticiones". "Es evidente que es un estamento que cada vez tiene menos peso específico, puesto que no asume responsabilidades, derivándolas a las Comunidades provocando un total descontrol", relatan desde este colectivo.
Publicado en el Diario de Avisos (Tenerife)
Autor: Natalia Torres
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