Cecia Sosa tiene 12 años y es delgadita. Su hermano Ronald, nueve. Los dos están desde ayer en huelga de hambre en Miami como último grito de desesperación ante la inminente deportación de su madre, nicaragüense en situación migratoria ilegal, prevista para hoy mismo. Ambos son estadounidenses, pero pueden ser el último y desgarrado ejemplo de los muchos niños y jóvenes que sufren el tremendo trance de tener que separarse de sus padres. De verlos regresar a su país de origen porque les ha sido imposible conseguir la legalización en el lugar donde sus hijos han nacido.
El pasado fin de semana, la Fraternidad Americana, una activa organización de defensa de los inmigrantes, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos una demanda colectiva en nombre de 600 niños para exigir al nuevo Gobierno de Barack Obama el respeto de los derechos de los niños nacidos en el país y cuyos padres han sido deportados o están en vías de serlo por las autoridades de inmigración.
Durante la Administración de George W. Bush se presentó otra demanda que pedía la suspensión temporal de las deportaciones, pero fue rechazada. Ahora, según Alfonso Oviedo, el abogado que redactó la nueva demanda, se pide a la Corte Suprema un “mandato extraordinario” que permita a los tribunales federales aceptarla. Nora Sándigo, directora ejecutiva de la Fraternidad Americana, también escribió al presidente Obama para que ayude a “los millones de niños que se encuentran en esta situación”. “No estamos en su contra”, ha dicho repetidamente. “Esta demanda es para que pueda usar su autoridad y emitir una orden ejecutiva para suspender las deportaciones si es aprobada. Los niños siguen sufriendo al ser separados de sus padres y como ciudadanos estadounidenses tienen derecho a una vida plena y sana junto a su familia en este país. La deportación de uno de sus padres o de los dos tiene consecuencias negativas irreversibles”.
El Congreso derogó en 1996 una disposición legal según la cual los padres de niños nacidos en Estados Unidos incluso podían recibir ayuda mientras su situación legal se encontraba bajo el epígrafe de “suspensión de deportación”. Cecia no para de llorar. “Es muy difícil vivir sin mi mamá”, dice. Fue detenida el pasado 19 de diciembre y sólo podía visitarla cada domingo en el centro de Pompano Beach, unos 60 kilómetros al norte de Miami. Su hermano Ronald ya lo avisó el viernes: “No vamos a comer”. Fue ya muy duro para ellos tener que pasar separados las Navidades. Desde el lunes no van a la escuela y no comen. Cecia y Ronald son ahora la punta del iceberg del gravísimo problema migratorio que sufre Estados Unidos. Multitud de casos y dramas familiares se han repetido en los últimos años siempre a la espera de una reforma migratoria que no llega, pero parece obligada.
Dramas
En la misma presentación de la demanda, en la sede de la Fraternidad la semana pasada, había jóvenes que ya han pasado por el drama: Michel y Ashley Guerra, de 14 y 12 años, se han tenido que ir a vivir a casa de su abuela, porque su madre, sola, no podía mantener la suya tras ser deportado su marido a Guatemala. Viven más el problema económico. Katherine Ramírez, de 13 años, en cambio, sufre especialmente la separación de su madre, deportada en 2007 a Colombia. La espada de Damocles de la deportación también puede caer en cualquier momento sobre su padre, otro indocumentado.
En los dos últimos años, dos casos han sido especialmente sonados en Miami, porque afectaron a universitarios ya integrados, aunque no nacidos en Estados Unidos. En 2007, los hermanos Álex y Juan Gómez, de 20 y 18 años, consiguieron al menos el permiso para terminar sus estudios este año. Pero sus padres y su abuela, ya con 85, fueron montados en un avión hacia Bogotá. Llevaban 17 años ilegalmente en el país. En 2008, de nada sirvieron las protestas de sus compañeras de universidad. Liliana, de 19 años, y sus padres fueron enviados a Lima. Llevaban 13 años.
Publicado en el diario El País
Autor: Juan José Fernández
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