Salvar el Amazonas y, por ende, los pueblos que habitan en él, es posible. Con ese objetivo, la Coordinadora Canaria de Organizaciones No gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), lleva años trabajando en favor de los pueblos indígenas brasileños de Raposa Serra do Sol, a los que también ofrece -junto con el Consejo Indigenista Misionero-, apoyo y asesoramiento jurídico.Y es que la lucha por estas tierras se ha convertido en la reivindicación de todo un país, que trata de preservar a los habitantes de lo que se ha dado en llamar el pulmón del planeta. En este sentido, la ONG EntreCulturas-Tenerife se ha volcado en la difusión de una campaña de apoyo a los indígenas, con el objetivo de que el Tribunal Supremo Federal haga cumplir el Decreto de Homologación de estas tierras, firmado en 2005, y determine la retirada de los terratenientes propietarios de grandes rebaños vacunos y los buscadores de oro y diamantes.
Raposa Serra do Sol es un área situada al noroeste del Estado brasileño de Roraima, en la frontera con Venezuela y la Guyana inglesa. Se trata de una vasta y fértil extensión de terreno habitada tradicionalmente por los pueblos Macuxi, Wapichana, Taurepang, Ingarikó y Patamona. En los últimos años, algunos colonos han protagonizado incursiones y ocupaciones ilegales, con el objetivo de explotar económicamente la zona. Sin embargo, de la simple ocupación se ha pasado a la represión más salvaje, que han puesto en práctica algunos empresarios agrícolas del comercio de exportación, que han invadido enormes extensiones de terreno para plantar cereales, fundamentalmente arroz. Todos ellos representan intereses económicos externos, para los que la presencia de las comunidades indígenas que habitan en esta zona es un obstáculo.
El pasado 10 de diciembre, Brasil se enfrentaba a uno de los procesos jurídicos más sensibles de su historia reciente. El Supremo Tribunal Federal retomaba el juicio que debía decidir si mantenía o anulaba el decreto del Gobierno que reconoció en 2005 la tierra indígena de Raposa Serra do Sol. Ocho de los once integrantes del tribunal votaron a favor de mantener la integridad territorial de la reserva del estado de Roraima, lo que echaba por tierra las aspiraciones del gobierno local, que pretendía dividir la zona en pequeñas islas, en las que convivieran indígenas y agricultores. El pronunciamiento judicial, no obstante, no será definitivo hasta mediados de este año, porque uno de los jueces pidió más tiempo para reflexionar sobre su dictamen. Además, existe la posibilidad que los integrantes del tribunal modifiquen su voto, algo que trata de evitar la campaña internacional impulsada por las ONG EntreCulturas-Tenerife y la malagueña Uyamaa, con la que colabora la Coordinadora Canaria de ONGD. Según explica EntreCulturas, el fallo a favor de las tribus locales supondría la expulsión de todos los agricultores no indígenas que viven en la reserva, que fueron los causantes de, al menos, medio centenar de muertes el pasado año. Según el Consejo Indigenista Misionero, sólo en la zona del Mato Grosso del Sur fueron 40 los indígenas asesinados en 2008.
La mayor parte de estos asesinatos quedaron sin resolver, del mismo modo que suelen quedar impunes las reiteradas violaciones de los derechos humanos que sufren muchos de los habitantes de esta zona de Brasil. Desde la Coordinadora Canaria de ONGD reconocen a este periódico que "si la decisión del Tribunal Supremo Federal fuese favorable a los invasores, se abriría un precedente gravísimo en la legislación brasileña". "Todas las tierras indígenas de Brasil, ya demarcadas, homologadas y registradas, podrían ser recurridas y revisadas, lo que supondría un grave retroceso en los derechos indígenas, conquistados y consagrados por la Constitución Federal y la propia Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas".
En Raposa Serra do Sol habitan 19.000 indígenas amazónicos, organizados en torno al Centro Indígena de Roraima (CIR), principal defensor de la demarcación continua. El CIR está apoyado por la Iglesia Católica, entre ellos el jesuita palmero Fernando López, y ONG internacionales. Su lucha es uno de los más firmes exponentes del proceso de autoorganización propiciado por los pueblos indígenas de América Latina desde finales de los 70. Tras largos procesos judiciales y cientos de víctimas, las constituciones nacionales de casi todo el continente americano y el Derecho Internacional reconocieron sus derechos colectivos a la tierra y el territorio, así como los recursos naturales, su diversidad cultural y sistemas propios de educación y salud. Sin embargo, unos 200 productores de arroz que viven y trabajan en la zona sostienen que si se ven forzados a abandonar sus cultivos se estancaría el desarrollo del estado de Roraima, una opinión que comparten muchos políticos. Incluso, para complicar aún más la disputa, un grupo de indígenas en la reserva apoya a los arroceros, lo que sigue generando una enorme tensión y conflictos casi diarios.
Suicidios y racismo
La ONG tinerfeña EntreCulturas propone "una fuerte acción de incidencia política, a partir de los movimientos y organizaciones indígenas, con el apoyo de otras asociaciones y de nuestra sociedad, para defender la plena garantía y respeto a los derechos de los pueblos indígenas de todo el mundo". La empresa no será fácil, máxime cuando hace apenas un mes efectivos del Ejército Nacional colombiano tiroteaban el coche de los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca, principal fuerza que lideró el levantamiento de las comunidades campesinas en este departamento en 2008. Uno de ellos falleció.
Mientras, al menos 34 indígenas se suicidaron en 2008, un aumento significativo respecto al año anterior, en el estado brasileño de Mato Grosso, donde los pobladores autóctonos viven confinados por falta de tierras. El Consejo Indigenista Misionero (Cimi), adscrito a la Iglesia Católica, alertó en diciembre en un informe sobre la grave situación del pueblo Guara-ni Kaiowá, en el estado occidental de Mato Grosso do Sul, donde ocurrió la mayor parte de los suicidios.
En 2007 ocurrieron 22 en esa comunidad. "La falta de tierra y el confinamiento en pequeñas aldeas son las principales razones para la constante amenaza a la supervivencia física y cultural de este pueblo", advirtió el Cimi. La organización reveló que 53 indígenas fueron asesinados en todo el país en 2008, 40 de ellos en Mato Grosso. El año anterior se registraron 97 homicidios.
Según el Cimi, políticos y terratenientes de Mato Grosso do Sul han presionado para impedir los estudios antropológicos que permitirían identificar las tierras de la comunidad Guarani Kaiowá, y "el gobierno federal ha cedido a las presiones, retardando la marcha de los estudios". La entidad misionera alertó también de graves agresiones contra indígenas en todo el territorio brasileño, generalmente por disputas de tierra. "Además de las agresiones que resultan en daños físicos, el año 2008 quedó marcado por la intensa campaña racista contra los pueblos indígenas en los principales medios de comunicación del país", concluyó el Cimi.
La 'voz' indígena se oirá en el Foro Social Mundial
Representantes de 18 pueblos y 29 organizaciones indígenas participarán en el Foro Social Mundial, que tendrá lugar del 27 de enero al 1 de febrero en Belem. La delegación indígena, proveniente de los estados de Amazonas y Roraima, está integrada por unos cien dirigentes de los pueblos de la región, representados por organizaciones indígenas como la Coordinación de Organizaciones indígenas de la Amazonía Brasileña y el Consejo Indígena de Roraima. La delegación indígena, que ha realizado el viaje al más puro estilo tradicional -en barco por el Amazonas-, llevará a cabo diversas manifestaciones públicas en defensa de sus derechos y de la preservación de la Amazonia en las ciudades de Parintins y Santarém.
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