Sin papeles, sin derechos

Se jugaron la vida en el mar con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Muchos de ellos fueron escogidos por sus propias familias, quienes empeñaron lo poco que poseían para que pudieran alcanzar el mal llamado Dorado europeo. Sin embargo, cuando ya creían tocar con los dedos la ansiada independencia y en el horizonte se vislumbraba una nueva vida, se toparon de bruces con una realidad distinta a la que anhelaban.

Así se escribe la historia de cientos de menores inmigrantes en desamparo que, una vez cumplida la mayoría de edad, son abandonados a su suerte tras salir de los centros y recursos donde se encontraban tutelados. Una decena de estos, de distintas nacionalidades, se han visto obligados a ocupar una antigua fábrica abandonada en un barrio de la capital santacrucera, donde residen en condiciones infrahumanas. Sin familiares o amigos a los que acudir, y ante la falta de espacio de muchas entidades humanitarias sobrecargadas debido a la crisis, estos chicos conviven entre escombros, basura e insalubridad. Ni siquiera los hábitos de higiene personal y limpieza adquiridos en los dispositivos de emergencia, evitan que estén a merced de parásitos, roedores y enfermedades. Pasan las horas oyendo música, fumando y hablando por el móvil con amigos y conocidos, a alguno de los cuales incluso le han recomendado que se venga a vivir con ellos si no encuentra nada mejor cuando salga de su centro.

Y es que, más allá de juicios éticos o consideraciones morales, la situación de estos adolescentes deriva del vacío legal existente en torno a estos jóvenes extranjeros no acompañados que, tras llegar en patera o cayuco a las Islas, fueron acogidos en un primer momento por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Sin embargo, tras recibir formación académica y capacitación profesional durante años, la mayoría de edad los vuelve a convertir en irregulares, con todas las connotaciones y problemas que eso conlleva.

Ante la imposibilidad de acceder a un centro de acogida de adultos -los centros de menores y la Dirección General deben emitir sendos informes favorables que apenas se realizan-, a chicos como Mohamed, Tarek, Abdel o Ibrahim no les ha quedado más remedio que buscar un lugar donde cobijarse "para no estar tirados en la calle". Como ellos, fuentes de los dispositivos de emergencia de Tenerife han confirmado a este periódico que este año más de 200 jóvenes inmigrantes saldrán de los centros sin la documentación necesaria para residir o trabajar en nuestro país. Ello, a pesar de que la Ley de Extranjería establece que toda persona que posea la residencia temporal en España puede renovarla siempre que lo solicite con dos meses de antelación. Además, en el caso de los menores tutelados, transcurridos nueve meses de estancia en el país, la Administración debe tramitarles obligatoriamente dicho permiso, que se irá renovando cada vez por más tiempo hasta otorgarle la residencia permanente por arraigo.

El propio Defensor del Pueblo ha denunciado en reiteradas ocasiones que "vienen siendo habituales, año tras año, las quejas de personas que están o han estado tuteladas por las entidades de protección de menores en distintos lugares del territorio nacional, y a las que no se les ha expedido una autorización de residencia, pese a haber adquirido ese derecho conforme a la legislación de Extranjería". "Esta Institución ha podido constatar que, junto a la falta de claridad de la normativa legal vigente en esta materia, los organismos competentes para documentar a los menores contribuyen en ocasiones a que ese proceso se convierta en una especie de cadena de obstáculos. La falta de eficacia de la actuación administrativa son causa, en gran medida, de que menores que han adquirido el derecho a la autorización de residencia abandonen los centros de protección cuando alcanzan la mayoría de edad, sin la documentación legal que legitime su estancia en España", subraya la entidad que preside Enrique Múgica.

Denuncias
En este sentido, numerosas ONG, juristas y educadores sociales que trabajan con menores extranjeros acogidos en Tenerife, han confirmado a DIARIO DE AVISOS las denuncias del Defensor del Pueblo, y afirman que "diariamente" se encuentran con situaciones de este tipo. Al respecto, un trabajador social de una organización que asiste a menores africanos en desamparo de los dispositivos de emergencia de la Isla, reconoce que "a muchos chicos que llevan en los centros más de nueve meses, se les concede la residencia, pero se la quitan automáticamente cuando cumplen los 18 años, a pesar de que esos permisos tienen una validez de un año". Mientras, el área de Inmigración de la oficina del Defensor del Pueblo insiste en que, entre las irregularidades detectadas en provincias como Santa Cruz de Tenerife, está la "demora en la presentación de las autorizaciones de residencia para los menores tutelados hasta que transcurren nueve meses de tutela; la denegación de éstas cuando el menor está próximo a la mayoría de edad, o el no fijar en la resolución la fecha en la que el menor fue puesto a disposición de los servicios de protección".

Sin papeles, y teóricamente sin derechos, Mohamed y sus compañeros deben buscarse la vida en las calles de la capital santacrucera, siempre con el temor de ser detenidos por la policía e internados en el centro de retención de Hoya Fría. Sin agua corriente ni luz y en la más absoluta indigencia, acuden a un comedor social de Cáritas a mediodía y luego regresan a la fábrica que desde hace semanas se ha convertido en su hogar. En ella también residen varios adolescentes fugados de los recursos para menores extranjeros no acompañados de La Esperanza y Tegueste, según ellos porque no aguantaban los "malos tratos" y agresiones físicas y verbales que recibían constantemente. "Si nos hubiéramos quedado allí, nos habríamos vuelto locos, porque aquello es como una cárcel", asegura uno de estos chicos, de origen marroquí. Pese a todo lo padecido, ni él ni el resto cejarán en su empeño por lograr la documentación que les permita quedarse en España, y con ello la supuesta prosperidad que difícilmente conseguirían en sus países de origen.

Trámites ’imposibles’
La Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife ha reiterado en varias ocasiones que las denuncias del Defensor del Pueblo hacen referencia a la aplicación de lo que se denomina Cédula de Inscripción de Ciudadanos Extranjeros Indocumentados, que establece que estas personas, para recibir el permiso de residencia por circunstancias excepcionales, deben ser rechazados por los países de donde proceden. El consulado o embajada debe elaborar ese documento, un trámite que supuestamente debe hacerse de forma personal. "Pero es imposible que, por ejemplo, los 150 menores de Mali que están en Canarias se trasladen a Madrid o a París a su consulado para pedir esa documentación", ar guye la Subdelegación. No obstante, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones como ésta, desde finales del año pasado se han producido varias reuniones entre los responsables de la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias, la Brigada de Extranjería y la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Tenerife, con el objetivo de unificar criterios, agilizar el proceso y lograr que la policía documente a los menores extranjeros no acompañados. "Se están resolviendo algunos expedientes, pero sigue habiendo muchos chicos", denota la Subdelegación del Gobierno.

Publicado en el Diario de Avisos
Foto: Fran Pallero