“Algunos centros de internamiento para extranjeros de Canarias no son decentes ni dignos”

 Fue la primera mujer en ocupar una cartera ministerial en España desde la Segunda República. Soledad Becerril Bustamante (Madrid, 1944) fue también profesora, alcaldesa de Sevilla y senadora. Desde julio de 2012 ocupa el cargo de Defensora del Pueblo, una institución que trata de velar por el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales de las personas. El año pasado, se registraron 649 quejas desde Canarias, la mayor parte de ellas relacionadas con la actividad económica, la administración de Justicia y el empleo. De estas y otras cuestiones dialoga en esta entrevista con el DIARIO.

http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/03/245642/ 

Denuncian carencias que aumentan la mortalidad en las Urgencias

“Las urgencias hospitalarias son una de las áreas asistenciales donde mayor es el riesgo para la seguridad de los pacientes y donde, debido a su saturación, aumenta el porcentaje de error humano y de morbilidad y mortalidad”. Así de contundente se muestra un exhaustivo informe del Defensor del Pueblo titulado Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes, elaborado con las aportaciones de pacientes, profesionales y las propias administraciones sanitarias de cada comunidad autónoma, entre ellas Canarias. Realizado a partir de las quejas recogidas por los distintos defensores existentes en la mayor parte de las regiones del Estado, como el Diputado del Común del Archipiélago, el documento concluye que “es necesario que se introduzcan cambios en la organización y gestión de los servicios para resolver los problemas de presión asistencial y de saturación actual”.

http://www.diariodeavisos.com/2015/01/denuncian-carencias-aumentan-mortalidad-en-urgencias/ 

Otorgan el símbolo de accesibilidad a entidades sin revisar las instalaciones

“Una tomadura de pelo”. Así califican desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Canarias la última reunión del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que la Dirección General de Políticas Sociales confirmó que se habían concedido al menos cuatro símbolos de accesibilidad a distintas entidades por silencio administrativo. Ello provocó que los tres miembros del CERMI en la citada reunión, así como el representante del Diputado del Común, abandonaran el encuentro, al sentirse “ninguneados” por la Administración autonómica. Según explicó ayer a este periódico uno de los representantes del CERMI en dicha cita, Jacinto Alonso, “el símbolo de accesibilidad debería garantizar que las instalaciones son accesibles; sin embargo, se está concediendo a algunas entidades e instituciones por silencio administrativo, sin que se haya resuelto el expediente ni se haya comprobado que efectivamente esos centros son accesibles”.

http://www.diariodeavisos.com/2014/08/otorgan-simbolo-accesibilidad-entidades-sin-revisar-instalaciones/ 

España fletó 148 vuelos de repatriación en 2013 para deportar a más de 3.000 inmigrantes

España fletó en solitario o en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex) 148 vuelos de repatriación el año pasado con los que se deportó a 3.111 inmigrantes, en su mayoría a Marruecos vía Ceuta, según el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), es decir, el Defensor del Pueblo. En total, España participó en 18 vuelos conjuntos organizados por distintos países de Frontex con los que deportó a 445 personas a destinos como Lagos (Nigeria), Islamabad (Pakistán), Tirana (Albania), Tiflis (Georgia), Quito (Ecuador), Bogotá (Colombia) o Kiev (Ucrania).

Asimismo, fletó mediante la Comisaría de Extranjería y Fronteras 15 vuelos internacionales en solitario, que llevaron a 648 inmigrantes a Nigeria, Senegal, Ghana, Mauritania, Colombia, Ecuador y República Dominicana en distintas fechas del año pasado. Todos salieron de Madrid y siete hicieron escala en Tenerife, Las Palmas y Málaga. No obstante, el grupo mayor de vuelos fue el que organizó el Ministerio del Interior para deportar inmigrantes a Marruecos vía Ceuta. El año pasado se fletaron 89 aviones desde Madrid que tras hacer escala en Jerez, Algeciras o Barcelona acabaron en la ciudad autónoma. De este modo se expulsó a 1.807 inmigrantes.

España niega irregularidades en la concesión de nacionalidad

El Ministerio de Justicia niega que se hayan producido irregularidades en el Plan Intensivo de concesión de Nacionalidad española por el que se autorizó a los registradores de la Propiedad a hacerse cargo de esta cuestión para agilizar un atraso de más de 400.000 expedientes que estaban pendientes de resolución al inicio de la legislatura, y defiende que sólo un 17,2% fueron rechazadas por falta de integración. Así lo expone en una respuesta parlamentaria después de que la Federación de SOS Racismo denunciase denegaciones indiscriminadas a personas que cumplían todos los requisitos. La más sonada, fue la de una niña de tres años a quien la Administración contestó que no había acreditado buena conducta cívica. La propia Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se hizo eco de la problemática y detalla “un significativo número de quejas” sobre denegaciones tanto por la falta de documentos que no se habían exigido previamente como “por no acreditar buena conducta cívica”, en este caso, aplicando “un criterio diferente al que se aplicaba por los encargados de los registros civiles”.

Fuente: EFE

4.000 esclavas sexuales en España

La prostitución callejera, los clubes de alterne o los anuncios de sexo de pago forman parte del paisaje que solo puntualmente se presta atención al drama humano que muchas veces esconden. Sin embargo, es tan grave como que entre 2009 y 2011 la policía detectó en España a más de 4.000 víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Es decir, más de 4.000 personas fueron obligadas a mantener múltiples relaciones sexuales contra su voluntad a lo largo del día en una suerte de violación indefinida que sin embargo pocas veces acaba en una condena penal para los culpables.

Ante este drama, la Defensora del Pueblo recomienda la creación de un protocolo de detección y atención a menores víctimas de trata ante "la carencia de datos" existente respecto al número de afectados, según se desprende del informe de la institución 'La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles'. En este punto, el informe –que refleja "una realidad dura y dramática", según Soledad Becerril– señala que la ausencia de protocolos de actuación implica la falta de detección temprana de menores de edad víctimas de trata, lo que sitúa a este colectivo "en situación de riesgo" mientras que la ausencia de un registro policial donde se anoten estos datos "agrava la situación". El texto también hace alusión a "las deficiencias" detectadas en el seguimiento de los hijos de las víctimas de trata nacidos en España y califica de "insuficiente" su inscripción registral. Además, denuncia la falta de protocolos de actuación comunes para detectar menores víctimas de trata entre las entidades autonómicas de protección de menores por lo que aboga por crear mecanismos de coordinación y seguimiento entre las fiscalías provinciales y las entidades autonómicas de protección de menores.

La defensora del Pueblo investigará el desalojo de los inmigrantes del islote de Tierra

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, investigará el desalojo y entrega a Marruecos de 73 de los inmigrantes ilegales que la semana pasada ocuparon el islote de Tierra, a escasos metros de la costa norteafricana. El proceso se ha iniciado tras las denuncias presentadas por varias ONG que consideran que el Gobierno violó la ley de Extranjería al echar a los indocumentados sin abrir un expediente de expulsión individualizado ni atender a las posibles demandas de asilo político, como estipula la legislación para todos aquellos inmigrantes que se encuentren en suelo español.

La defensora ha elevado una petición a la Secretaría de Estado de Seguridad para que le informe de cómo se llevó a cabo el proceso de desalojo, así de si los indocumentados recibieron una atención humanitaria adecuada durante los días que permanecieron en el inhóspito islote. Becerril esperará ahora a recibir la información solicitada antes de emitir un dictamen, respuesta para la que no hay estipulado un plazo determinado de tiempo.

El Gobierno, por su parte, es consciente de que la expulsión de los inmigrantes del islote de Tierra es una solución temporal ante un problema que puede reactivarse una vez las fuerzas de seguridad marroquíes relajen el dispositivo desplegado en torno a las plazas españolas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García–Margallo, subrayó ayer la necesidad de que se alcance una solución duradera a esta nueva crisis migratoria. Y para ello, dijo, es necesario alcanzar un acuerdo entre España y Marruecos en el que se implique también la UE "porque al fin y al cabo estas son también sus fronteras".

Marruecos está dispuesto a negociar pero, eso sí, sin dejar de lado sus pretensiones territoriales sobre los enclaves españoles. La solución más plausible para el Ejecutivo está en un refuerzo de la presencia de la Guardia Civil, aunque cualquier incremento de efectivos ddebe contar con el indispensable visto bueno del país vecino.

Publicado en el diario La Verdad de Murcia
Autor: Ander Azpiroz

Interior separará del resto a los inmigrantes con antecedentes

El reglamento que regulará los centros de internamiento de extranjeros (CIE) recogerá la separación física de los inmigrantes retenidos que tengan antecedentes judiciales o policiales respecto a aquellos cuya única falta sea vivir en España sin permiso de residencia, y se aplicará una “distinción en el trato” de ambos grupos. Así lo anunció ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández. Según declaró, el anteproyecto, que recibirá las aportaciones de los grupos parlamentarios, contempla dividir los CIE en “dos zonas”, una para quienes solo tengan la falta administrativa de estancia irregular y otra para los que acumulen antecedentes.

En la actualidad, el 96% de los internos tienen este perfil sin antecedentes y ocho de cada diez extranjeros son expulsados. Fernández señaló que esta previsión responde a una “demanda social” y explicó que, además de separación física, para la que se realizarán remodelaciones en los CIE que lo requieran, se aplicará un “trato distinto” a estos grupos de personas, del que solo concretó que quedará definido en el régimen interno de cada instalación.

El ministro destacó además que estas instalaciones policiales cambiarán de nombre y pasarán a denominarse centros de estancia controlada de extranjeros, algo que llevará aparejado que “dejen de ser tratados en la práctica como centros penitenciarios”. Recordó que el Anteproyecto de Reglamento, que será aprobado en Consejo de Ministros, recoge que el Cuerpo Nacional de Policía siga ostentando la dirección del centro y el control de la seguridad, pero que sea personal especializado quien asista a los internos.

En cuanto a la atención sanitaria, puesta en tela de juicio por el Defensor del Pueblo y las ONG especializadas, Fernández insistió en que se “externalizará” el servicio y se ampliará la cobertura, hasta un horario de 08.00 a 22.00 horas los laborables y “un horario más intenso los fines de semana”. Asimismo, afirmó que jueces, fiscales y abogados “van a estar mas presentes” en los centros, pues el reglamento dará “mejor garantía de derechos, de forma que las dudas razonables que pudieran plantearse en el pasado” sobre este punto, queden disipadas.

Fuente: Europa Press

Interior prohíbe las redadas indiscriminadas de inmigrantes

Desde hace algunos años, el Gobierno y las ONG discuten sobre la existencia de redadas masivas e indiscriminadas de inmigrantes. Las organizaciones aseguran que, para detectar extranjeros sin papeles, la policía identifica a ciudadanos por la calle y en lugares concurridos, como paradas de autobús o metro, basándose en el color de la piel y el aspecto físico. Las autoridades aseguran que no es así (el ministro del Interior, Jorge Fernández, insistió este domingo en ello tras la clausura del Congreso sobre Memoria y Convivencia en Bilbao) y que las identificaciones tienen que ver solo con la prevención del delito.

A pesar de que supuestamente no había ningún problema, la Dirección General de la Policía publicó este domingo una circular que prohíbe las redadas indiscriminadas y las identificaciones basadas en criterios étnicos. El objetivo de poner por escrito estos criterios es para que resulten “claros y directos” ante los agentes y “evitar así cualquier interpretación imprecisa” que pueda derivar en una “práctica que conlleve una restricción indebida de los derechos y libertades de los inmigrantes”. Otro objetivo es “eliminar cualquier ambigüedad en el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos y libertades”, así como reiterar “la prohibición de actuaciones innecesarias, arbitrarias, abusivas o que supongan una extralimitación de las facultades que el ordenamiento jurídico otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, señala la circular de Interior.

Las denuncias por presuntas redadas ilegales han sido múltiples, hasta el punto de que el Defensor del Pueblo remitió a finales del año pasado una recomendación a la Dirección General de la Policía en la que pedía “que se impartan las instrucciones oportunas a fin de erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales”. Y que, además, “se arbitren mecanismos de control a posteriori sobre las prácticas de identificación en la vía pública”.

La circular incluye, asimismo, una recomendación del Defensor del Pueblo: la “improcedencia” de trasladar a dependencias policiales a extranjeros a los que se haya identificado en la calle, aunque no tengan los papeles en regla y se constate su estancia irregular en España, si el afectado ha podido comprobar su identidad -es decir, si está documentado- y puede justificar un domicilio.

Sobre este punto, el Defensor del Pueblo señalaba, en su último informe anual, que había recomendado a la Policía que cesara en “la detectada práctica” de detener y conducir a comisaría “a ciudadanos extranjeros” que habían sido identificados. Una vez en comisaría, según el Defensor del Pueblo, lo habitual era incoarles “un expediente sancionador por estancia irregular en territorio nacional”. Algo que, explicaba, no puede hacerse “ante una mera infracción administrativa”.

Publicado en el diario El País
Autor: Mónica Ceberio Belaza

“Hay que hacer un esfuerzo y salir a buscar la felicidad”

Psicólogo, pedagogo y docente, Javier Urra (Estella, Navarra, 1957) es uno de los más destacados expertos nacionales en materia de menores. No en vano, fue Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid (1996-2001) y presidente de la Red Europea de Defensores del Menor (1999-2001). Además, ha representado a España en distintos foros internacionales, como Naciones Unidas y el Parlamento Europeo. En los últimos años ha centrado su actividad en la publicación de artículos y libros, y ejerce de asesor para una decena de centros y entidades especializadas. Entre ellos, el Instituto de la Felicidad, una iniciativa de Coca-Cola cuyos objetivos son la investigación y la difusión de conocimientos sobre la felicidad, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los españoles.

 http://www.diariodeavisos.com/2012/05/11/actualidad/hay-que-hacer-un-esfuerzo-y-salir-a-buscar-la-felicidad/

“Las administraciones deben extremar la protección de los más vulnerables”

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, María Luisa Cava de Llano y Carrió (Barcelona, 1948), lleva más de una década trabajando en la Oficina del Defensor del Pueblo. En 2000 fue nombrada adjunta primera de la Institución, y a partir del 1 de julio de 2010, tras el cese del que era su titular, Enrique Múgica, asumió este cargo en funciones. Desde entonces, ha tenido que lidiar con los peores momentos de la crisis, que ha disparado el número de quejas y denuncias de los ciudadanos. La mayor parte de ellas se sitúan en el ámbito de la economía, la sanidad y la justicia, como reconoce en esta entrevista.

http://www.diariodeavisos.com/2012/05/06/actualidad/las-administraciones-deben-extremar-la-proteccion-de-los-mas-vulnerables/ 

Las quejas ante el Defensor del Pueblo por temas de extranjería han crecido un 30% este año

Las quejas ante el Defensor del Pueblo en materia de inmigración aumentaron un 30% en 2010, sobre todo por presuntos casos de trata de personas, en relación con la determinación de la edad de los menores no acompañados y diversos asuntos de documentación. Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, la institución destaca que se han iniciado este año cerca de 2.000 expedientes en materia de Extranjería, que han generado sugerencias y recomendaciones aceptadas, en muchos casos, por las administraciones competentes en beneficio de la población.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/17/solidaridad/1292589662.html

El joven atropellado en la autopista AP-7 era un solicitante de asilo a quien se le había impedido entrar en territorio peninsular a pesar de tener permiso de residencia

El joven que murió el lunes 3 de mayo atropellado tras caerse de los bajos de un camión era un solicitante de asilo admitido a trámite y a quien los responsables de la Delegación de Gobierno en Ceuta habían impedido trasladarse a la península, a pesar de tener permiso para circular y residir en todo el territorio nacional. El fallecido había presentado una denuncia en los juzgados ceutíes contra esta vulneración de su derecho a la libre circulación.

Abdoulaye Kone murió atropellado en la autopista AP-7 a la altura del municipio malagueño de Manilva, tras caer de los bajos del camión en el que viajaba escondido. Tenía veinte años y había huido de Costa de Marfil, su país de origen, después de que su madre fuera asesinada y de haber sido secuestrado y ‘preparado’ para ser niño soldado por un grupo armado. Kone pidió asilo en Ceuta en octubre de 2009 y desde entonces se encontraba en el CETI de dicha ciudad.  Al admitirse a trámite su solicitud de protección internacional, se le entregó la documentación que le acredita como solicitante de asilo en España y que le permite permanecer en todo el territorio nacional, al amparo del artículo 13.2 del RD 203/1995. 

CEAR ha presentado en los últimos meses varias denuncias ante la Administración y los juzgados porque a los demandantes de asilo de Ceuta y Melilla se les impide entrar a la península a pesar de que sus solicitudes hayan sido admitidas a trámite y por tanto se encuentran documentados por el Ministerio de Interior. La autorización de residencia que se otorga a los solicitantes de asilo admitidos a trámite es válida para todo el territorio nacional, como consta en el reverso de su documento de identidad. 

Tras las quejas de los interesados, de CEAR y otras organizaciones sociales, el Defensor del Pueblo pidió información a la Administración sobre dicho impedimento de viajar a territorio peninsular español, y concluyó que “a juicio de esta Institución, la explicación ofrecida en el informe recibido no resulta suficiente para impedir la libre circulación dentro del nacional de los solicitantes de asilo que han visto admitida dicha solicitud”, por lo que la oficina del Defensor del Pueblo ha abierto una investigación.

Denuncian la «indefensión» de los marroquíes que son devueltos a su país

El Colegio de Abogados ha criticado la «indefensión» de los marroquíes que son devueltos a su país «al no poder obtener el beneficio de justicia gratuita para ser asistidos por los abogados del Turno de Oficio en los procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos». De hecho, esta situación será expuesta hoy en Madrid ante el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, «para evitar esta ausencia de asistencia gratuita de un abogado de oficio que no padecen los inmigrantes de otras nacionalidades que son repatriados de Melilla a sus países de origen».

«Vamos a exponer al Defensor del Pueblo el grave problema que se plantea ante el cambio que ha adoptado la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, con la permanente e insistente oposición de este colegio», se indica. A su entender, este nuevo criterio provoca «una discriminación manifiestamente inconstitucional».

Publicado en el diario Sur (Málaga)

El Defensor del Pueblo cuestiona una 'devolución colectiva' de 62 inmigrantes nigerianos, entre ellos menores de edad

La Oficina del Defensor del Pueblo considera que la devolución "colectiva" a Nigeria con prohibición de entrada por tres años de 62 inmigrantes, entre los que había niños, ejecutada por un juzgado de Motril (Granada) "no se ajusta a derecho" porque no se hizo de manera individualizada, no se escuchó a los implicados ni se garantizó su derecho de defensa. La devolución de estas 62 personas se produjo el pasado 27 de octubre y fue denunciada por el coordinador del partido político 'Por un mundo más justo' porque entre las personas expulsadas se encontraba una niña subsahariana de cuatro años de edad, llamada Gift Benedu, que fue deportada junto a su madre y separada de su padre desde el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga hasta Nigeria, pese a que insistieron en que eran nacionales de Sierra Leona.

Ante esta situación, el Defensor se dirigió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, quien aseguró que "en ningún caso" se había producido un internamiento "sin ajustarse a las previsiones legales" y argumentó que las autoridades consulares de Nigeria en España se entrevistaron con la madre y la niña y concluyeron que eran sus connacionales. El Defensor explica que esta sanción "exige" que se apliquen los principios de "de todo procedimiento sancionador", especialmente, los de "audiencia y motivación", de forma que se escuche al implicado y se analicen las razones para expulsarle con prohibición de entrada. "Ninguno de estos elementos se atiende en el procedimiento examinado y además, tampoco se motiva porqué se opta por el plazo máximo de prohibición de entrada prevista por la ley", señaló en una carta.

En este sentido, la Institución destaca que "no consta" en el expediente que se haya escuchado individualmente a cada interesado en presencia de un letrado, "por lo que no pueden considerarse garantizados en su plenitud el principio de contradicción ni el derecho de defensa", de modo que no se pudo comprobar si alguno de los 62 inmigrantes se encontraba en situación de necesidad de protección. "Todo lo dicho vacía de contenido el eventual control judicial de la medida adoptada, ya que impide al juzgador el contról de las razones por las que se adopta la decisión administrativa. Por lo anterior, no puede considerarse ajustada a derecho una resolución administrativa que acuerde la devolución de territorio nacional, que lleva aparejada, además, una progibición de entrada por un plazo de tres años, de manera colectiva (62 personas)", señaló el Defensor.

Sin aviso a la Fiscalía
Asimismo, la Institución señala que el hecho de que hubiera niños y mujeres entre los expulsados hace "aún más evidente la necesidad de individualización" y denuncia que "no consta" que con los menores de edad se hiciera "trámite alguno" para verificar su filiación "máxime" cuando se había acordado devolverlos al país del que eran originarios los deportados adultos. En cuanto a los menores de más corta edad, que estaban acompañados de quienes "dicen ser sus progenitores", el Defensor hace notar que "no se dio cuenta al Ministerio Fiscal de la llegada de los mismos" y se consideró "suficiente" la declaración de los adultos que viajaban con ellos para entender que no estaban en situación de riesgo.

Por todo ello, la Institución ha dado parte a la Fiscalía General del Estado para que investigue lo ocurrido y ha remitido una carta a la Subdelegación del Gobierno en Granada en la que pide que atienda caso por caso las devoluciones "motivando de forma suficiente la elección del plazo de prohibición de entrada". Además, en el escrito le solicita que avise al Ministerio Fiscal cuando reciba una patera en la que haya niños de los que no se pueda averiguar su filiación, aunque estén acompañados de adultos.

Foto: CEP

"La sociedad ya no se conmueve por la muerte de inmigrantes"

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha lamentado hoy las últimas muertes de inmigrantes ocurridas en aguas del Estrecho y ha indicado que mucho se teme que "la sociedad ya no se conmueve al ver a gente perder la vida en su intento por alcanzar una vida mejor".

Chamizo ha dicho en rueda de prensa que siente un "enfado personal" cada vez que naufraga una patera repleta de inmigrantes frente a las costas andaluzas. Según ha dicho, se trata de muertes "programadas", por lo que ha calificado de "vergonzosa" la "respuesta" que está ofreciendo la Unión Europea a la "encrucijada" de la inmigración, al tiempo que también ha criticado a Marruecos por "no controlar" la salida de embarcaciones hacia España.

En su opinión, es indignante que en tiempos en los que se habla de solidaridad y fraternidad todavía haya seres humanos que necesiten subirse a una patera para mejorar sus condiciones de vida.

Fuente: EFE

Sin papeles, sin derechos

Se jugaron la vida en el mar con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Muchos de ellos fueron escogidos por sus propias familias, quienes empeñaron lo poco que poseían para que pudieran alcanzar el mal llamado Dorado europeo. Sin embargo, cuando ya creían tocar con los dedos la ansiada independencia y en el horizonte se vislumbraba una nueva vida, se toparon de bruces con una realidad distinta a la que anhelaban.

Así se escribe la historia de cientos de menores inmigrantes en desamparo que, una vez cumplida la mayoría de edad, son abandonados a su suerte tras salir de los centros y recursos donde se encontraban tutelados. Una decena de estos, de distintas nacionalidades, se han visto obligados a ocupar una antigua fábrica abandonada en un barrio de la capital santacrucera, donde residen en condiciones infrahumanas. Sin familiares o amigos a los que acudir, y ante la falta de espacio de muchas entidades humanitarias sobrecargadas debido a la crisis, estos chicos conviven entre escombros, basura e insalubridad. Ni siquiera los hábitos de higiene personal y limpieza adquiridos en los dispositivos de emergencia, evitan que estén a merced de parásitos, roedores y enfermedades. Pasan las horas oyendo música, fumando y hablando por el móvil con amigos y conocidos, a alguno de los cuales incluso le han recomendado que se venga a vivir con ellos si no encuentra nada mejor cuando salga de su centro.

Y es que, más allá de juicios éticos o consideraciones morales, la situación de estos adolescentes deriva del vacío legal existente en torno a estos jóvenes extranjeros no acompañados que, tras llegar en patera o cayuco a las Islas, fueron acogidos en un primer momento por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Sin embargo, tras recibir formación académica y capacitación profesional durante años, la mayoría de edad los vuelve a convertir en irregulares, con todas las connotaciones y problemas que eso conlleva.

Ante la imposibilidad de acceder a un centro de acogida de adultos -los centros de menores y la Dirección General deben emitir sendos informes favorables que apenas se realizan-, a chicos como Mohamed, Tarek, Abdel o Ibrahim no les ha quedado más remedio que buscar un lugar donde cobijarse "para no estar tirados en la calle". Como ellos, fuentes de los dispositivos de emergencia de Tenerife han confirmado a este periódico que este año más de 200 jóvenes inmigrantes saldrán de los centros sin la documentación necesaria para residir o trabajar en nuestro país. Ello, a pesar de que la Ley de Extranjería establece que toda persona que posea la residencia temporal en España puede renovarla siempre que lo solicite con dos meses de antelación. Además, en el caso de los menores tutelados, transcurridos nueve meses de estancia en el país, la Administración debe tramitarles obligatoriamente dicho permiso, que se irá renovando cada vez por más tiempo hasta otorgarle la residencia permanente por arraigo.

El propio Defensor del Pueblo ha denunciado en reiteradas ocasiones que "vienen siendo habituales, año tras año, las quejas de personas que están o han estado tuteladas por las entidades de protección de menores en distintos lugares del territorio nacional, y a las que no se les ha expedido una autorización de residencia, pese a haber adquirido ese derecho conforme a la legislación de Extranjería". "Esta Institución ha podido constatar que, junto a la falta de claridad de la normativa legal vigente en esta materia, los organismos competentes para documentar a los menores contribuyen en ocasiones a que ese proceso se convierta en una especie de cadena de obstáculos. La falta de eficacia de la actuación administrativa son causa, en gran medida, de que menores que han adquirido el derecho a la autorización de residencia abandonen los centros de protección cuando alcanzan la mayoría de edad, sin la documentación legal que legitime su estancia en España", subraya la entidad que preside Enrique Múgica.

Denuncias
En este sentido, numerosas ONG, juristas y educadores sociales que trabajan con menores extranjeros acogidos en Tenerife, han confirmado a DIARIO DE AVISOS las denuncias del Defensor del Pueblo, y afirman que "diariamente" se encuentran con situaciones de este tipo. Al respecto, un trabajador social de una organización que asiste a menores africanos en desamparo de los dispositivos de emergencia de la Isla, reconoce que "a muchos chicos que llevan en los centros más de nueve meses, se les concede la residencia, pero se la quitan automáticamente cuando cumplen los 18 años, a pesar de que esos permisos tienen una validez de un año". Mientras, el área de Inmigración de la oficina del Defensor del Pueblo insiste en que, entre las irregularidades detectadas en provincias como Santa Cruz de Tenerife, está la "demora en la presentación de las autorizaciones de residencia para los menores tutelados hasta que transcurren nueve meses de tutela; la denegación de éstas cuando el menor está próximo a la mayoría de edad, o el no fijar en la resolución la fecha en la que el menor fue puesto a disposición de los servicios de protección".

Sin papeles, y teóricamente sin derechos, Mohamed y sus compañeros deben buscarse la vida en las calles de la capital santacrucera, siempre con el temor de ser detenidos por la policía e internados en el centro de retención de Hoya Fría. Sin agua corriente ni luz y en la más absoluta indigencia, acuden a un comedor social de Cáritas a mediodía y luego regresan a la fábrica que desde hace semanas se ha convertido en su hogar. En ella también residen varios adolescentes fugados de los recursos para menores extranjeros no acompañados de La Esperanza y Tegueste, según ellos porque no aguantaban los "malos tratos" y agresiones físicas y verbales que recibían constantemente. "Si nos hubiéramos quedado allí, nos habríamos vuelto locos, porque aquello es como una cárcel", asegura uno de estos chicos, de origen marroquí. Pese a todo lo padecido, ni él ni el resto cejarán en su empeño por lograr la documentación que les permita quedarse en España, y con ello la supuesta prosperidad que difícilmente conseguirían en sus países de origen.

Trámites ’imposibles’
La Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife ha reiterado en varias ocasiones que las denuncias del Defensor del Pueblo hacen referencia a la aplicación de lo que se denomina Cédula de Inscripción de Ciudadanos Extranjeros Indocumentados, que establece que estas personas, para recibir el permiso de residencia por circunstancias excepcionales, deben ser rechazados por los países de donde proceden. El consulado o embajada debe elaborar ese documento, un trámite que supuestamente debe hacerse de forma personal. "Pero es imposible que, por ejemplo, los 150 menores de Mali que están en Canarias se trasladen a Madrid o a París a su consulado para pedir esa documentación", ar guye la Subdelegación. No obstante, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones como ésta, desde finales del año pasado se han producido varias reuniones entre los responsables de la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias, la Brigada de Extranjería y la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Tenerife, con el objetivo de unificar criterios, agilizar el proceso y lograr que la policía documente a los menores extranjeros no acompañados. "Se están resolviendo algunos expedientes, pero sigue habiendo muchos chicos", denota la Subdelegación del Gobierno.

Publicado en el Diario de Avisos
Foto: Fran Pallero

El Defensor del Pueblo denuncia las repatriaciones de menores inmigrantes

El Defensor del Pueblo denuncia en su informe correspondiente a 2008 numerosas irregularidades en los procedimientos de documentación y repatriación de los menores inmigrantes no acompañados que se encuentran en España, y señala que en muchos casos las Administraciones “ni siquiera” inician los trámites legalmente previstos para la correcta devolución de los niños al país de origen.

El texto señala que, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional en este sentido, “aún no se ha generalizado” el derecho de los menores a contar con una representación legal independiente de la Administración autonómica que ostenta la tutela en los procesos de repatriación. Asimismo, apunta “deficiencias” e “irregularidades” en Madrid, desde donde fue repatriado un menor en 2007 sin que la fiscalía tuviera conocimiento, y en Barcelona, cuya Subdelegación del Gobierno ya había sido apercibida un año antes para que corrigiese las “deficiencias detectadas” en la tramitación de los procedimientos de repatriación de menores.

El Defensor del Pueblo también afirma que el pasado año puede considerarse como uno de los más complicados de los últimos tiempos para la justicia por el aumento de la carga de trabajo de los juzgados y tribunales. El informe dice que a ese incremento han contribuido especialmente la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial y los dos meses de huelga que, desde febrero a abril de 2008, mantuvieron los funcionarios de la Administración de justicia no transferida. Entre otros trámites, ese paro provocó la suspensión de numerosos juicios.

Denuncian que se deniega el permiso de residencia a menores inmigrantes

La odisea de los menores inmigrantes que arriban a Canarias en cayuco, paradójicamente, no es sino el principio de otro periplo que, con menos peligro físico, también deben sortear en su objetivo por cambiar el rumbo de sus vidas. El último episodio de la singular andadura de los jóvenes africanos que llegan a España, lo dio a conocer el Defensor del Pueblo en su último informe. Según explica este organismo en dicho informe, "vienen siendo habituales, año tras año, las quejas de personas que están o han estado tuteladas por las entidades de protección de menores en distintos lugares del territorio nacional, y a las que no se les ha expedido una autorización de residencia, pese a haber adquirido ese derecho conforme a la legislación de extranjería".

"Esta Institución ha podido constatar que, junto a la falta de claridad de la normativa legal vigente en esta materia, los organismos competentes para documentar a los menores contribuyen en ocasiones a que ese proceso se convierta en una especie de cadena de obstáculos. La falta de eficacia de la actuación administrativa son causa, en gran medida, de que menores que han adquirido el derecho a la autorización de residencia abandonen los centros de protección cuando alcanzan la mayoría de edad, sin la documentación legal que legitime su estancia en España", subraya la entidad que preside Enrique Múgica.

En este sentido, varias ONG, abogados y trabajadores sociales que trabajan con menores extranjeros acogidos en Tenerife, han confirmado a DIARIO DE AVISOS las denuncias del Defensor del Pueblo, y afirman que "diariamente" se encuentran con estos casos.Al respecto, un trabajador social de una organización que asiste a menores africanos de los dispositivos de emergencia de la Isla, reconoce que "a muchos chicos que llevan en los centros más de 9 meses, se les concede la residencia, pero se la quitan automáticamente cuando cumplen los 18 años, a pesar de que esos permisos tienen una validez de un año". Mientras, desde el área de Inmigración de la oficina del Defensor del Pueblo insisten en que, entre las irregularidades detectadas en provincias como Tenerife, está la "demora en la presentación de las autorizaciones de residencia para los menores tutelados hasta que transcurren nueve meses de tutela; la denegación de éstas cuando el menor está próximo a la mayoría de edad, o el no fijar en la resolución la fecha en la que el menor fue puesto a disposición de los servicios de protección".

Un trámite "imposible"
En la orilla opuesta, desde la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife relatan que la denuncia del Defensor del Pueblo hace referencia a la aplicación de lo que se denomina Cédula de Inscripción de Ciudadanos Extranjeros Indocumentados, que establece que estas personas, para recibir el permiso de residencia por circunstancias excepcionales, deben ser rechazados por los países de donde proceden. El consulado o embajada debe elaborar ese documento, un trámite que supuestamente debe hacerse personalmente.

"Pero es imposible, por ejemplo, que los 200 menores de Mali que están en Canarias se trasladen a Madrid o París a su consulado para pedir esa documentación", arguyen desde la Subdelegación.Sin embargo, en su informe el Defensor del Pueblo sostiene que la Subdelegación del Gobierno en Tenerife "no está aplicando de manera correcta la legislación de extranjería vigente en lo referente a la documentación de estos menores". Además, la Institución agrega que en los dispositivos de La Esperanza y Tegueste "resulta preocupante la inexistencia de un reglamento específico de cada centro, así como la carencia de proyecto educativo individualizado del menor y de proyectos educativos del centro".

Permisos por días, hasta cumplir la mayoría de edad
A juicio del Defensor del Pueblo, la autorización de residencia temporal inicial que se expide a los menores tutelados ha de seguir necesariamente el régimen previsto por la legislación de extranjería vigente, ya que no existe precepto alguno que establezca un régimen específico. Esto es, la autorización inicial de residencia temporal tendrá la duración de un año y, en caso de renovarse, su plazo de vigencia será de dos años.

A estos efectos resulta paradigmático un caso analizado por esta Institución en el que la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife concedió a un menor tutelado una autorización de residencia temporal inicial con validez desde el día 22 de junio de 2007 hasta el día 18 de agosto de 2007, fecha de su mayoría de edad. En este caso el menor ingresó el pago de la tasa, siendo informado de que no obtendría la tarjeta dado el escaso tiempo de vigencia de la misma. Con el objetivo de evitar que se repitan situaciones como ésta, desde finales del año pasado se han producido varias reuniones entre los responsables de la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias; la Brigada de Extranjería y la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Tenerife, con el objetivo de unificar criterios, agilizar el proceso y lograr que la policía documente a los menores extranjeros no acompañados. "Se están resolviendo algunos expedientes, pero hay muchos chicos", denotan desde la Subdelegación.

Publicado en el Diario de Avisos (Tenerife)
Foto: 20minutos

El Defensor del Pueblo denuncia a los centros de menores por vulnerar los derechos de los niños

Los centros de protección de menores con trastornos de la conducta y en situación de dificultad social, una suerte de "internados" para chicos con problemas psíquicos, vulneran los derechos fundamentales de los niños a su cargo. Castigos corporales no justificados, maltratos psicológicos, dejarles sin comer, prohibirles asistir a la escuela, humillarles y ridiculizarles son algunas de las cosas que un extenso informe del Defensor del Pueblo, que ha recibido hoy al Congreso, achaca a estos lugares, dependientes de las administraciones públicas pero gestionados por fundaciones privadas.

Uno de los lugares donde se ejemplifican los problemas hallados por el defensor es el centro de Picón de Jarama, en Madrid. Allí se suicidó a principios del pasado diciembre un chico marroquí de 12 años. Poco después, un adolescente intentó hacer lo mismo, aunque en este caso, sin éxito. El centro acumula más de una docena de denuncias aceptadas a trámite en los juzgados. Principalmente, por excesos a la hora de "retener corporalmente" a sus internos.

Este es uno de los muchos "eufemismos pedagógicos" que denuncia el defensor, cuyo informe asegura que estos centros son mucho más duros "que los de reforma". Las "contenciones físicas" según se denuncia no las realizan en todos los casos personas especializadas ni sólo en situaciones muy excepcionales, sino como método de reprender y llegando a causar lesiones físicas a los niños.

Unos eufemismos, "medidas educativas creativas", que encubren prácticas como atar por las muñecas a dos muchachos o castigar en salas de aislamiento "mucho más tiempo del aconsejado" a los menores. Además, según subraya el informe, con una intención no educativa, sino de castigo. También se alude al uso de fármacos sin que quede clara su utilidad y sin un protocolo establecido.

Una larga lista de "problemas" que el informe achaca, entre otras cosas, a la "insuficiente regulación autonómica en la materia" lo que hace que "las entidades gestoras dispongan de una libertad prácticamente total para imponer un régimen disciplinario que puede ser aún más duro que en los de reforma".