Cáritas denuncia que el 52% de las personas que atiende son derivadas desde el sistema público

Cáritas recibió 597.172 peticiones de asistencia básica en 2008, la cifra más alta de los últimos 40 años, por el "bajo nivel de protección social" que ofrecen las administraciones públicas españolas para afrontar la crisis económica y el crecimiento del desempleo, según explicó hoy el secretario general de la organización, Silverio Agea. Esta es una de las principales conclusiones del informe 'La respuesta de Cáritas ante la crisis', que recoge un sondeo entre el 60 por ciento de las 68 Cáritas Diocesanas que operan en el territorio nacional, y revela que las peticiones de acogida y asistencia primaria se incrementaron un 50% de media en toda España durante 2008, aunque en algunas delegaciones, como las de Andalucía y las grandes ciudades, el crecimiento alcanzó el 70%

Agea explicó que del millón de personas que atendió Cáritas en 2007, un total de 400.000 demandaron ayudas económicas para servicios básicos, en su mayoría, relativos a la vivienda y a la alimentación, como en los últimos años. En 2008, la tendencia se invirtió: el número de solicitantes ascendió a 600.000, y se registró un incremento cercano al 90 por ciento en las peticiones de ayuda para alimentos, que ocuparon el primer lugar en las demandas, seguido de la vivienda.

Este incremento de los solicitantes se debe a dos "nuevas pobrezas" generadas con la crisis económica: la de quienes han pasado de la vulnerabilidad a la carestía por la pérdida del empleo, y la de aquellas personas que habían participado en procesos de inserción social con Cáritas y que dada su situación de precariedad, se han visto de nuevo obligadas a acudir al servicio por caer en exclusión social. En términos generales, los solicitantes de ayuda pertenecen a cinco grupos determinados: familias jóvenes con niños pequeños, parados recientes que comienzan a agotar la prestación por desempleo y a entrar en situación de 'ingreso cero' en sus hogares, hombres solos sin hogar y en paro, mujeres mayores con pensiones mínimas e inmigrantes en situación irregular que han visto empeorada su situación.

La organización católica atribuye estas cifras, entre otros motivos a la "grave dimisión de responsabilidades" de los servicios sociales públicos en la atención a los más desfavorecidos, una dejación que se traduce en que el 52 por ciento de las personas que atiende Cáritas han sido derivados desde los ayuntamientos.

"Cáritas tiene el deber moral y el compromiso de fe para atender a estas personas, pero quienes tienen la obligación son las administraciones públicas, que son quienes administran nuestros impuestos y nuestros bienes: tienen que incrementar los recursos", afirmó Agea, quien defendió un "pacto de Estado" para llevar a cabo esta iniciativa que debería cubrir a todos los necesitados en todo el territorio nacional, sin diferencias entre autonomías.

Fuente: Europa Press