El infierno de las niñas empleadas del hogar en Mauritania

La violencia ejercida en Mauritania contra jóvenes menores de edad empleadas de hogar se ha convertido en un fenómeno extendido que se alimenta tanto de la connivencia de los dueños de la casa, como de la inoperancia de las investigaciones judiciales. Las menores de edad proceden en su mayoría de familias africanas humildes de raza negra, antiguos esclavos o grupos de subsaharianos que, posiblemente, algún día recurrirán a la emigración clandestina. Pero hasta que ese momento llegue, se ven obligadas a compaginar su labor como asistenta con la prostitución, para poder afrontar los costes de la que será su salida del infierno: el viaje a Europa.

Los abusos son cometidos a menudo por la familia que las contrata y abarcan desde agresiones corporales hasta violaciones individuales o colectivas. También las suelen acusar de robo o supuesta insatisfacción con el objetivo de no pagarlas. "Desde hace cerca de un año se ha registrado un aumento sin precedentes del ritmo de casos", asegura la presidenta de la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia (AMCF), Aminetu Mint el Moctar, que tan sólo en el mes de marzo recibió 49 denuncias.

Se han dado casos de violaciones por parte de conductores de taxis que a horas tardías las llevan de vuelta a casa, normalmente situadas en barrios periféricos alejados de su trabajo. "Era de noche y un joven me detuvo en plena calle cuando iba a una tienda, me obligó a tumbarme boca arriba y me violó con la ayuda de dos amigos suyos, que me sujetaron por los brazos y por los pies", relata Oumou, una niña mauritana de tan sólo 15 años.

La muchacha no se atrevió a gritar ni a resistirse por miedo a que la mataran, y prefirió no denunciarles ante su patrona para evitar un presumible despido y la pérdida de los 15.000 uguiyas (unos 40 euros) que recibe mensualmente.

Aminata, una adolescente senegalesa de 12 años que ganaba 32 euros al mes, fue conducida en su segundo día a la comisaría, acusada de haber robado dos teléfonos móviles. "La Policía me declaró inocente y me devolvió a la mujer, que me llevó de nuevo a la casa y me ató los pies para obligarme a devolverle los móviles", dijo la pequeña. Tras haber logrado cortar la cuerda con un cuchillo, escaparse del lugar y caminar más de tres horas para ir junto a sus padres, la mujer apareció en el domicilio familiar con una pistola y la amenaza de matarla si no le devolvía los teléfonos o volvía a trabajar para compensar la pérdida.

Relatos espeluznantes
Cuando la AMCF descubre una víctima, sus responsables investigan la veracidad de su relato y la animan, si es creíble, a poner una denuncia policial. En ese caso fue la madre de Aminata, quien la invitó a contar su problema ante las autoridades competentes, un primer paso valiente pero que resultó en vano porque la dueña se fugó del hogar. Aun cuando el responsable está localizado, El Moctar lamenta que sea habitual que hasta que se procede al diagnóstico médico y a la investigación policial, los autores de la violación o de cualquier otra forma de violencia "sigan tranquilamente con sus asuntos".

"Incluso cuando se ha establecido que la chica ha sido objeto de violencia sexual, los jueces indefectiblemente van a clasificar el caso, no cesando hasta darle la vuelta y encontrarle un motivo, como el hecho de haber salido tarde, llevar ropa corta o tener una actitud provocadora", señala la presidenta de la AMCF. A su juicio, ese tipo de obstáculos en la justicia se debe a la ausencia de un marco adecuado sobre la violencia contra las mujeres y el trabajo de asistenta, y a la escasa aplicación de la ley que prohíbe el trabajo infantil. Por ello es necesario, según ella, no obviar una realidad que se lucra de muchas menores, y junto a esas otras medidas, elaborar un texto que estipule los derechos de esas pequeñas, y les ofrezca, al tiempo, una formación profesional.

Fuente y foto: EFE