Si la política se puede definir por los gestos, Canarias puede respirar tranquila. Los últimos meses han confirmado que las viejas rencillas del pasado entre los ejecutivos central y autonómico son historia. Prueba de ello son las recientes visitas de ministros y el propio presidente Zapatero a las Islas. Y, lo que es más importante, los compromisos adquiridos por el Estado en materias como el turismo, el desempleo o la inmigración. Especialmente significativas han sido las promesas vertidas por el Gobierno socialista en lo referente al fenómeno migratorio y sus repercusiones en el Archipiélago. Y más concretamente, en la controvertida cuestión de los menores extranjeros no acompañados.En este sentido, el Ejecutivo central anunció por boca del propio Zapatero su disposición a introducir modificaciones en la Ley del Menor, como los trasvases de tutela en caso de traslados de una comunidad a otra. Se trata de una vieja aspiración del Gobierno canario, especialmente de su consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, la adalid de los niños africanos que arriban en cayuco o patera al Archipiélago. Rojas, con un discurso firme pero mesurado, ha convencido a España y Europa de que el problema no podía circunscribirse a las Islas, sino al cómputo del Estado y, por ende, de la Unión Europea. Y así lo entendió y asumió el propio comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertad, Jacques Barrot, al que sólo unas horas en los centros de menores canarios le bastó para comprender la magnitud del fenómeno migratorio y sus consecuencias.
Barrot, mucho más moderado que su predecesor en el cargo Franco Frattini, se comprometió a trabajar en un plan de acción en materia de menores, enmarcado en el ambicioso Programa de Estocolmo. Éste, que el Consejo Europeo aprobará antes de que concluya este año, constituye la nueva estrategia de Europa en materia de inmigración, y por primera vez incluye a los jóvenes sin papeles como una cuestión más a abordar de manera específica. El comisario europeo, ajeno a las disputas administrativas que definen las últimas legislaturas españolas, dejó claro que la inmigración es una realidad “que va a más” y que los estados europeos deben conocer y no obviar, máxime cuando están en juego los designios de miles de personas en todo el continente. Barrot, que estuvo acompañado por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue más allá en sus apreciaciones, y puso a España como ejemplo en materia de cooperación, por sus acciones en países como Marruecos, Mauritania y Senegal, principales emisores de inmigrantes clandestinos que arriban a Canarias.
Siguiendo la estela marcada por el comisario, y a sólo unos meses de alcanzar la presidencia de turno de la UE, Zapatero recogió el guante y prometió situar a las Islas en el epicentro de las políticas migratorias continentales. Ello, inevitablemente, pasa por consensuar y aprobar una Ley de Extranjería acorde a la realidad actual del fenómeno. Y eso implica la revisión de una Ley del Menor que cuando entró en vigor no contemplaba a los menores extranjeros no acompañados.
Nuevo debate
Ha tenido que pasar una década y más de 10.000 niños para que el Estado atienda las reivindicaciones de Canarias que, junto con Andalucía, ha debido cabalgar en solitario para cumplir los preceptos de un marco jurídico anti-natura. Como dijo la propia consejera canaria Inés Rojas en una entrevista concedida a este periódico, “España y Europa se han dado cuenta por fin de que no sólo basta con enviar dinero a África desde un despacho”.
Paradójicamente, este nuevo debate abierto en nuestro país y en la UE acerca del fenómeno migratorio se produce cuando menos embarcaciones clandestinas están arribando al Archipiélago, lo que sin duda reafirma que las decisiones no estarán influenciadas por la imperiosa necesidad de acción o por la virtud del talante. El sosiego y la calma, en cualquier caso, no deben impedir que se siga caminando con pasos firmes para resolver problemas como la tutela de los menores o el vacío legal existente tras la mayoría de edad de éstos. Las Islas siguen acogiendo a más de un millar de jóvenes africanos, una cifra que puede multiplicarse en sólo unas semanas si el mar y las fuerzas policiales dan una tregua a los cientos de inmigrantes que aún ven a España como El Dorado europeo. Para ellos, y para otros muchos que siguen entrando de manera incontrolada por los aeropuertos, más vale una crisis a la europea que todo un continente muriéndose de hambre y desesperación.
Por José Luis Cámara Pineda
Foto: AP
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