España es destino predilecto para la trata de mujeres, pero se carece de legislación adecuada para atacar el problema. Así lo denuncia Amnistía Internacional a través del informe 'Una vida sin violencia para mujeres y niñas', presentado ayer. Aunque en España se ha mejorado en la protección a mujeres agredidas por sus parejas, según el informe, no se presta la misma atención hacia otros colectivos: víctimas de violencia sexual, las inmigrantes y las víctimas de la trata.
Para la organización, las mujeres inmigrantes son especialmente vulnerables a no recibir la ayuda necesaria. Amnistía anima a que se retire la Instrucción 14/2005, emitida por el Ministerio de Interior, que da carta blanca a los policías, ante las denuncias por malos tratos presentadas por extranjeras, para aplicar sanciones, que pueden acabar en expulsión. Esta práctica entra en conflicto con el Código de Buenas Prácticas de Naciones Unidas sobre legislación de violencia de género, que fija que los estados deben asegurar que las mujeres que denuncien no sean deportadas.
En cuanto al tráfico de mujeres para prostitución, Amnistía destaca que, aunque ha sido aprobado el Plan Integral de Lucha contra la Trata para el perido 2009–2012, el delito no se encuentra incorporado en el Código Penal de acuerdo a la definición internacional. Esto dificulta identificar a las mujeres y asistirlas.
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