El Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad la nueva Ley de Asilo, Refugio y Protección Subsidiaria, que reforma la legislación aprobada en 1984, y que incorpora algunas novedades, como la protección de las personas perseguidas por razón de género u orientación sexual. El pleno del Congreso apoyó por unanimidad todas las enmiendas remitidas por el Senado, con 327 votos a favor y la abstención de UPyD.
Dos de los puntos más polémicos del texto aprobado son la eliminación del derecho de los solicitantes a pedir asilo en las embajadas españolas de terceros países –tendrán que pedir un visado para viajar a España a tramitar la solicitud– y la negación del derecho de asilo a los ciudadanos europeos comunitarios.
Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) manifestaron ayer que esta última reforma es contraria a la Convención de Ginebra por violar el carácter universal de dicho derecho. «Con esta ley se ha perdido la oportunidad de liderar en Europa la defensa del derecho de asilo, un derecho en peligro de extinción y gravemente amenazado por las políticas de control migratorio», afirmaron.
Ambas organizaciones de defensa de los refugiados aseguraron que conseguir asilo con la nueva legislación es una carrera de obstáculos y explicaron que «impedirá que muchas personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos puedan simplemente acceder al ejercicio de su derecho a solicitar protección internacional».
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