El nuevo texto del proyecto de Ley de Extranjería amplía las competencias en materia de contratación y gestión de la inmigración de las comunidades autónomas, que incluso podrán certificar el nivel de integración de los inmigrantes que quieran renovar sus papeles.
El documento –aprobado ayer en la comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso por 20 votos a favor, 13 en contra (PP e ICV–IU–ERC) y la abstención del PNV –aumenta las garantías jurídicas en los Centros de Internamiento, donde los extranjeros no podrán permanecer más de 60 días aunque pidan asilo, y permite la cesión de la tutela de los menores no acompañados a comunidades autónomas u ONG.
La reforma de la ley reconoce, además, a las autonomías el derecho a llegar a acuerdos con los países de los inmigrantes. El texto, que será debatido en el pleno del Congreso del jueves, saldrá previsiblemente aprobado con el apoyo de CiU y Coalición Canaria.
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