Un año después, la historia vuelve a repetirse. La Dirección General de Policía y Guardia Civil ha difundido una circular "de uso restringido para unidades de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía" en la que ordena que los expedientes de expulsión de extranjeros se inicien a la "mayor brevedad posible", y que sean trasladados a dependencias policiales los inmigrantes que en un control de documentación no puedan acreditar que residen legalmente en España. Esta circular, a la que ha tenido acceso este periódico, es similar a otra de marzo del pasado año, de la que también se hizo eco DIARIO DE AVISOS a partir de las denuncias de los sindicatos policiales SUP y CEP.
El controvertido documento persigue "abordar de la forma más concreta posible las previsiones legales que fueron y son objeto de mayores controversias y las actuaciones policiales que las mismas posibilitan o imponen realizar" desde la entrada en vigor, el pasado mes de diciembre, de la nueva Ley de Extranjería. Sin embargo, el texto cita otra ley, la de Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada en 1992 y según la cual todos los extranjeros que se encuentren en España "tienen la obligación de acreditar que se hallan legalmente". Según la interpretación que se da en la referida circular, esa ley permite a los agentes trasladar a dependencias policiales a los inmigrantes que no puedan cumplir con la citada "obligación".
Agustín Brito, secretario general regional de la Confederación Española de Policía (CEP) en Canarias, reconoce que las denominadas redadas selectivas "no es algo nuevo". "El Ministerio del Interior ya lo negó una vez, cuando era algo que estaba ocurriendo", añade Brito, quien no obstante afirma que "los responsables policiales de las Islas no han dado todavía ningún tipo de consigna al respecto de la polémica circular enviada por Interior.
Por su parte, José Luis Gallardo, portavoz del CEP en Tenerife, quien considera que "el Ministerio está obsesionado con las estadísticas, por eso obliga a cumplir una serie de cupos de detenciones". Ello, según Gallardo, provoca que no se tenga en cuenta la "calidad" de la detención "ni la situación y circunstancias de las personas" que son detenidas.
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