Desde que inició su andadura el 1 de enero de 2007, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ha generado mil y una polémicas, no sólo en Canarias, sino en la mayor parte del Estado español. Las discusiones políticas se han sucedido por igual en las cámaras nacionales y autonómicas, y casi todos los implicados coinciden en reconocer las dificultades para poner en práctica un ambicioso proyecto que debía beneficiar, en poco más de un año, al 15% de los cerca de 1,3 millones de personas dependientes que existen en nuestro país en la actualidad.
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