La polémica suscitada a raíz de la negativa del ayuntamiento catalán de Vic de no empadronar a inmigrantes en situación irregular, ha generado un agrio debate popular cuyas consecuencias reales aún están por llegar. La decisión del consistorio barcelonés, sin embargo, ha puesto de manifiesto una realidad que, en comunidades autónomas como Canarias, se repitió con demasiada frecuencia en los últimos años. De hecho, distintas ONG de Tenerife, como Mensajeros por la Paz, Movimiento por la Paz, Cáritas, Asamblea de Cooperación, Médicos del Mundo y Cruz Roja, entre otras, constataron más de un centenar de casos en los que se negó el empadronamiento a inmigrantes, a los que se les exigió, por ejemplo, la tenencia de un visado junto a los habituales requisitos que marca el Real Decreto 2612/1996, como la tarjeta de residencia (o en su defecto, el pasaporte) y un contrato de alquiler de una vivienda. Es el caso de Seidi (nombre ficticio dado para preservar su intimidad), un joven senegalés de 21 años al que se le pidió el visado a la hora de empadronarse en Arona.
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