La red Europea contra el racismo en España (ENAR-España), compuesta por más de 25 organizaciones, rechaza rotundamente la medida tomada por el ayuntamiento de Vic con la que se niega el empadronamiento a la población inmigrante que resida en dicha localidad en situación administrativa irregular.
Esta medida ocasionará graves consecuencias en el acceso a los derechos de carácter fundamental y universal reconocidos por el Tribunal Constitucional. Derechos como el acceso a la sanidad, la educación básica obligatoria o el acceso a los servicios sociales. Esta decisión contraviene no sólo la Constitución española sino la legislación de extranjería y la Ley de bases del régimen local.
Consideramos que estas medidas sitúan a los grupos municipales que apoyan esta decisión en los límites de la democracia. Parecen renunciar a su capacidad de liderazgo moral y democrático para asumir posiciones de la ultraderecha excluyente, racista y xenófoba que se encuentra en la oposición de este ayuntamiento. Desde ENAR entendemos que la lucha contra la discriminación y el respeto a la dignidad humana son elementos universales que sustancian el valor esencial de la democracia.
El gobierno debe actuar con eficacia y firmeza para que este caso no quede impune y no constituya un peligroso precedente. La pasividad ante la violación de la legalidad con base en prejuicios racistas por parte de representantes políticos sería un mal ejemplo hacía la sociedad española y en ningún caso se debe caer en estas medidas por motivos electoralistas.
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