La odisea de los menores inmigrantes que arriban a Canarias en cayuco, paradójicamente, no es sino el principio de otro periplo que, con menos peligro físico, también deben sortear en su objetivo por cambiar el rumbo de sus vidas. El último episodio de la singular andadura de los jóvenes africanos que llegan a España, lo dio a conocer el Defensor del Pueblo en su último informe. Según explica este organismo en dicho informe, "vienen siendo habituales, año tras año, las quejas de personas que están o han estado tuteladas por las entidades de protección de menores en distintos lugares del territorio nacional, y a las que no se les ha expedido una autorización de residencia, pese a haber adquirido ese derecho conforme a la legislación de extranjería"."Esta Institución ha podido constatar que, junto a la falta de claridad de la normativa legal vigente en esta materia, los organismos competentes para documentar a los menores contribuyen en ocasiones a que ese proceso se convierta en una especie de cadena de obstáculos. La falta de eficacia de la actuación administrativa son causa, en gran medida, de que menores que han adquirido el derecho a la autorización de residencia abandonen los centros de protección cuando alcanzan la mayoría de edad, sin la documentación legal que legitime su estancia en España", subraya la entidad que preside Enrique Múgica.
En este sentido, varias ONG, abogados y trabajadores sociales que trabajan con menores extranjeros acogidos en Tenerife, han confirmado a DIARIO DE AVISOS las denuncias del Defensor del Pueblo, y afirman que "diariamente" se encuentran con estos casos.Al respecto, un trabajador social de una organización que asiste a menores africanos de los dispositivos de emergencia de la Isla, reconoce que "a muchos chicos que llevan en los centros más de 9 meses, se les concede la residencia, pero se la quitan automáticamente cuando cumplen los 18 años, a pesar de que esos permisos tienen una validez de un año". Mientras, desde el área de Inmigración de la oficina del Defensor del Pueblo insisten en que, entre las irregularidades detectadas en provincias como Tenerife, está la "demora en la presentación de las autorizaciones de residencia para los menores tutelados hasta que transcurren nueve meses de tutela; la denegación de éstas cuando el menor está próximo a la mayoría de edad, o el no fijar en la resolución la fecha en la que el menor fue puesto a disposición de los servicios de protección".
Un trámite "imposible"
En la orilla opuesta, desde la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife relatan que la denuncia del Defensor del Pueblo hace referencia a la aplicación de lo que se denomina Cédula de Inscripción de Ciudadanos Extranjeros Indocumentados, que establece que estas personas, para recibir el permiso de residencia por circunstancias excepcionales, deben ser rechazados por los países de donde proceden. El consulado o embajada debe elaborar ese documento, un trámite que supuestamente debe hacerse personalmente.
"Pero es imposible, por ejemplo, que los 200 menores de Mali que están en Canarias se trasladen a Madrid o París a su consulado para pedir esa documentación", arguyen desde la Subdelegación.Sin embargo, en su informe el Defensor del Pueblo sostiene que la Subdelegación del Gobierno en Tenerife "no está aplicando de manera correcta la legislación de extranjería vigente en lo referente a la documentación de estos menores". Además, la Institución agrega que en los dispositivos de La Esperanza y Tegueste "resulta preocupante la inexistencia de un reglamento específico de cada centro, así como la carencia de proyecto educativo individualizado del menor y de proyectos educativos del centro".
Permisos por días, hasta cumplir la mayoría de edad
A juicio del Defensor del Pueblo, la autorización de residencia temporal inicial que se expide a los menores tutelados ha de seguir necesariamente el régimen previsto por la legislación de extranjería vigente, ya que no existe precepto alguno que establezca un régimen específico. Esto es, la autorización inicial de residencia temporal tendrá la duración de un año y, en caso de renovarse, su plazo de vigencia será de dos años.
A estos efectos resulta paradigmático un caso analizado por esta Institución en el que la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife concedió a un menor tutelado una autorización de residencia temporal inicial con validez desde el día 22 de junio de 2007 hasta el día 18 de agosto de 2007, fecha de su mayoría de edad. En este caso el menor ingresó el pago de la tasa, siendo informado de que no obtendría la tarjeta dado el escaso tiempo de vigencia de la misma. Con el objetivo de evitar que se repitan situaciones como ésta, desde finales del año pasado se han producido varias reuniones entre los responsables de la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias; la Brigada de Extranjería y la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Tenerife, con el objetivo de unificar criterios, agilizar el proceso y lograr que la policía documente a los menores extranjeros no acompañados. "Se están resolviendo algunos expedientes, pero hay muchos chicos", denotan desde la Subdelegación.
Publicado en el Diario de Avisos (Tenerife)
Foto: 20minutos
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