Le cayeron los palos uno tras otro. Dos meses antes de que caducara su permiso de trabajo, en julio de 2008, la empresa donde Marlon Mora Carrera repartía paquetes quebró y ya le fue imposible renovar el documento. No cotizaba a la Seguridad Social y no tenía ningún nuevo contrato a la vista. Casi al mismo tiempo, el banco embargó el camión que compró en 2006. Las letras sin pagar ya eran cuatro. “¿Qué más da si ahora me toca trabajar en negro?, lamenta este trabajador ecuatoriano, que llegó a Barcelona hace ocho años y regularizó sus papeles en 2005.
Por desgracia, ni siquiera ha conseguido un trabajo en negro y sobrevive gracias a compartir piso con su madre y su hermano. “Si no fuera por ellos, no sé qué hubiera hecho. Desde agosto, vivo de los ahorros”, asegura Marlon. Como él, una decena de inmigrantes más se quedaron en la calle al cerrar la empresa. “Entonces algunos pudieron colocarse, otros no tuvimos suerte, dice. El banco, que le ha llevado a juicio, no es su único deudor. Su hijo de 8 años que vive en Ecuador ya no recibe remesas. Los 200 euros mensuales que antes remitía puntualmente se redujeron a 150, luego a cantidades menores y cada vez más esporádicas. Desde hace ocho meses, Marlon no le envía nada. No es el único que ha dejado de mandar ayuda a casa.
“Cuando le enviaba dinero hacía cola en el locutorio. Ahora todos están vacíos”, asegura. “Dicen que ya no servimos”. Ante la falta de un contrato y los rigores de la Ley de Extranjería, Marlon se vio en un callejón sin salida. Finalmente, recurrió a una asistenta social del Ayuntamiento. Esta le remitió un asesor gratuito, que le dio esperanzas basándose en su arraigo laboral. Hasta ahí los buenos oficios de la Administración, porque para llevar adelante el trámite necesitaba los servicios privados de un abogado. Algo difícil, a causa de los apuros económicos de su familia. Y es que la crisis también pasó factura a su hermano, quien perdió su empleó de mozo de almacén cuando le faltaban dos meses para que caducara la autorización. Por suerte, antes de cumplir el plazo pudo ubicarse en otro trabajo.
A sus 34 años, Marlon Mora descarta el retorno voluntario a su país. Si lo hiciera, sólo cobraría cuatro meses de paro, que permite el pago por adelantado del subsidio. “Padecí cuatro años sin documentos y después de regularizarme, todo este tiempo haciendo una vida aquí, dicen que ya no servimos, como si fuéramos algo desechable. No es justo”, critica Marlon.
Publicado en el diario Público
Autor: Gustavo Franco
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