Eticamente inadmisible. Así califica la Plataforma d´Entitats Cristianes amb els Immigrants la propuesta gubernamental, contenida en el borrador de la reforma de la ley de Extranjería, de castigar la ayuda humanitaria que particulares o entidades puedan prestar a una persona inmigrante sin papeles. Tan grave lo ven estas entidades que amenazan al Gobierno con la insumisión.
El manifiesto presentado ayer lo avalan entidades cristianas tan dispares como Cáritas, la Fundació Escola Cristiana, Justícia i Pau, la Unió de Religiosos de Catalunya, la Delegació de Pastoral Social de Barcelona, la Parroquia de Santa Maria del Pi, la JOC o Cristians pel Socialisme. Esas entidades rechazan seis artículos de la reforma y manifiestan explícitamente: "No acataremos unas normas que contradicen principios éticos fundamentales o que vulneran los derechos humanos reconocidos en el Derecho Internacional y en nuestra propia Constitución". En concreto, denuncian el peligro de que esos recortes disparen las actitudes de xenofobia, la extensión de 40 a 60 días del periodo máximo de internamiento de los detenidos; la prohibición y penalización de las ayudas a los sin papeles;las restricciones a la repatriación (sólo para mayores de 65 años y tras cinco años de residencia regular en España); las limitaciones al derecho a la educación y el trato incorrecto a los menores de edad.
En Italia, los médicos se mantienen también firmes en su rechazo contra la nueva ley de seguridad que pretende aprobar el Gobierno de Silvio Berlusconi. Los principales sindicatos han amenazado con acudir al Tribunal Constitucional italiano y a los tribunales europeos si el Parlamento aprueba el artículo de un proyecto de ley en el que se autoriza que los sanitarios puedan denunciar a los sin papeles.
España, considerado hasta ahora uno de los países más tolerantes en materia de inmigración, ha dado en pocos meses un salto cualitativo tan llamativo que distintas ONG y asociaciones de inmigrantes han aprovechado la celebración hoy del día mundial contra el Racismo para denunciar ese cambio de actitud.
En pocos días han coincidido varias iniciativas, como la de las entidades cristianas, la de cuatro entidades latinoamericanas - que han lanzado la campaña "Todos somos inmigrantes, ponte el brazalete"-,y las manifestaciones del pasado domingo de Amnistía Internacional en Barcelona y Madrid. La presidenta de Amnistía Internacional en España, Itziar Ruiz-Giménez, ha advertido al Gobierno que no se pueden dar pasos atrás en los derechos de los inmigrantes mediante las reformas de las leyes de Extranjería y Asilo y la modificación del Código Penal.
Publicado en el diario La Vanguardia
Autor: Josep Playá Maset
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