Si hay algo que no se le puede reprochar a Europa es su papel como
actor global a la hora de prestar ayuda humanitaria. En 2011 tendimos la
mano a
117 millones de personas afectadas por diversas crisis en más de 90 países
fuera de nuestras fronteras. Estas cifras son prácticamente
desconocidas para la población europea. Ni aparecen en las cabeceras de
los telediarios ni en las portadas de los periódicos. Y la necesidad de
reforzar esta asistencia es cada vez mayor: el cambio climático, el
crecimiento poblacional y la escasez de recursos cada vez más acentuada
son factores que propician
el aumento de los desastres naturales y los conflictos bélicos.
Hace unas semanas la Comisaria Europea de Cooperación Internacional,
Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis, Kristalina Georgieva,
relataba que el mes anterior, mientras supervisaba sobre el terreno la
asistencia que la Unión Europea estaba prestando para
luchar contra una terrible sequía en el Chad,
un periodista le preguntó cómo podría garantizarle que si volviese en
junio no tendría que grabar niños muriendo de hambre. La Comisaria,
además de remarcar que estaban trabajando en la prevención de dicha
situación, respondió al reportero que él cómo podría garantizarle a ella
que si no hubiese niños muriendo de hambre volvería en junio al Chad
para mostrar que la ayuda humanitaria de la UE había evitado una
catástrofe.
Esta es sólo una anécdota que muestra lo invisibles que son ante los
ojos de los ciudadanos los resultados y la eficacia de la ayuda
humanitaria de la UE. Una ayuda que, al contrario de lo que suele
ocurrir en los Estados Miembros,
es desinteresada, independiente e imparcial,
y llega hasta los lugares olvidados, hasta donde los Gobiernos
nacionales no tienen capacidad o interés en llegar. Una ayuda cuyo
presupuesto el Consejo de mayoría conservadora propone congelar, en
contra del Tratado de Lisboa por el cual los Estados miembros se
comprometen a fortalecer la acción exterior europea. Igualmente,
si hay algo que no se les puede reprochar a los ciudadanos europeos es su solidaridad
y su concienciación de que la UE tiene el deber de cooperar fuera de
sus fronteras. Según datos de distintos Eurobarómetros de 2012, un 88%
de los ciudadanos europeos apoya la financiación de la ayuda humanitaria
y el 85% está a favor de la continuidad del compromiso de la Unión
Europea.
Y si nuestra ayuda humanitaria funciona, si es efectiva, si las
estadísticas muestran que a pesar de los estragos de la crisis los
ciudadanos europeos están a favor de continuar este compromiso,
¿por
qué el Consejo hace caso omiso a estas cifras y se empeña en recortar
un 15% el Instrumento de Cooperación al Desarrollo en el presupuesto
Marco Financiero Plurianual 2014-2020? ¿Por qué también
disminuye casi un 10% la propuesta de la Comisión para la partida
destinada a Ayuda Humanitaria? ¿Por qué la Reserva para Ayudas de
Emergencia también será víctima de estas tijeras? El afán de la Europa conservadora que domina las principales
instituciones de salir de la crisis a base de medidas de austeridad ha
llegado a las partidas del presupuesto que salvan millones de vida en
zonas de conflictos bélicos, que han sido asolanas por una catástrofe
natural o que viven la pobreza extrema como mal endémico. En los últimos
tres años la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo de la UE
han salvado de la desnutrición a un millón de personas, han
proporcionado educación primaria a 9 millones de niños y han asegurado
más de 4 millones de nacimientos en las condiciones médicas necesarias.
En seis años 31 de personas han tenido acceso al agua potable gracias a
nuestra asistencia.
Si aun así, la derecha que predomina en la UE no está convencida del
deber moral que tenemos, cabe destacar también que este tipo de ayuda
promueve la estabilidad y la seguridad, intensificando los flujos
comerciales. Recientes estudios señalan que este hecho
podría suponer para la Unión Europea un beneficio neto de 11.500 millones de euros. La ayuda humanitaria, al contrario de lo que cree que el Consejo
Europeo, no es negociable. Es una partida que sólo supone el 0,62% del
total del presupuesto y que mejora anualmente
las condiciones de vida de aproximadamente 150 millones de personas,
es un deber moral que la Unión Europea tiene como actor global y es un
compromiso que los políticos hemos adquirido con la sociedad civil más
allá de nuestras fronteras.
Ricardo Cortés Lastra, eurodiputado solcialista. Coordinador del Grupo S&D en la Comisión de Desarrollo de la Eurocámara.