Estos centros funcionan después del horario escolar. Antes de la crisis cumplían un papel educativo y de refuerzo pero ahora se ven obligados a suplir deficiencias en alimentación. Clupés ha relatado que a los niños que acuden a estos centros les llaman "menores móviles" porque nunca saben si habrá alguien en casa cuando llegan. Algunos, con sólo 7 años, ejercen de "canguros" y tienen a su cargo hermanos más pequeños. No sólo en Cataluña se disparan quienes acuden a estos centros. Según Aldeas Infantiles, esta tendencia se da en toda España y ha obligado a abrir nuevos comedores, los últimos en Madrid y Zaragoza.
Se trata de situaciones límite. Muchas veces los padres están en la calle buscando recursos, tienen horarios desorbitados o salarios ínfimos. También abundan empleadas de hogar incapaces de costear las becas de comedor. Aldeas Infantiles también ha variado el carácter de sus ayudas que si antes se basaban en el apoyo educativo, ahora se centran en cubrir las carencias en la alimentación. Según relata su portavoz, Gracia Escudero, el paro y los desahucios llevan a los comedores sociales a familias que hace dos o tres años "ni se planteaban acudir a los servicios sociales", y lo hacen para que sus hijos "no pasen hambre". Aunque los datos sobre menores no siempre son facilitados por la Administración, las consejerías de Bienestar Social de Madrid, Castilla y León y Extremadura han reconocido un aumento de guardas en 2012 respecto al año pasado.
La guarda es una figura que permite que la Administración se haga cargo temporalmente del niño hasta que la situación familiar mejora. Fuentes de la Consejería de Bienestar Social de Madrid han informado de que este aumento de guardas aunque es leve marca una tendencia. En otras autonomías, como País Vasco y Baleares, lo que han aumentado es el número de tutelas, y en la comunidad balear también han subido las demandas de intervención. Las familias que acuden a la guarda se reparten al 50% entre españoles e inmigrantes y en lo que sí coinciden es en un elevado estrés familiar donde el paro y los desahucios están a la orden del día. Otras autonomías como Murcia, Castilla-La Mancha, Navarra o Comunidad Valenciana presentan cifras equilibradas en guardas y tutelas e incluso aseguran que las partidas no se han reducido, y en Canarias han aumentado.
Esta opinión es rebatida por el presidente de Mensajeros por la Paz en Madrid, Rodrigo Pérez Perela, para quien la realidad es otra. Pérez Perela se ha referido al caso de Madrid donde prácticamente todas las partidas descienden mientras que suben las relativas a sueldos de altos cargos. Fuentes de los trabajadores sociales de Cataluña también han denunciado que la Generalitat no quiere aumentar las plazas de tutela dado su alto coste, que ronda los 110 euros por menor y día. Tras estas cifras, las ONG han relatado casos límite pero más habituales de lo que se espera. En Cataluña, un hombre viudo con dos hijos perdió hace tres años su trabajo, lo que le llevó al desahucio. El hombre acudió a un centro concertado de la Generalitat donde se admitió la guarda de sus hijos -entonces de 6 y 7 años- mientras buscaba empleo y dormía en un cajero.
Las ONG han denunciado que el tiempo pasa y este hombre puede acabar perdiendo la custodia mientras los servicios sociales no arbitran una solución intermedia -como un piso social- donde pueda tener consigo a sus hijos. Orientadores de estos centros, que prefieren mantener el anonimato, llaman la atención sobre los efectos colaterales que estas situaciones acarrean en el menor como bajo rendimiento escolar o problemas psicológicos que requieren tratamiento. A ello se añade la vergüenza y el pudor, más en las familias que en los niños, al verse obligadas a recurrir a los servicios sociales, algo descartado antes de la crisis.
Fuente: Begoña Fernández (Efe)
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