El reglamento que regulará los centros de internamiento de
extranjeros (CIE) recogerá la separación física de los inmigrantes
retenidos que tengan antecedentes judiciales o policiales respecto a
aquellos cuya única falta sea vivir en España sin permiso de residencia,
y se aplicará una “distinción en el trato” de ambos grupos. Así lo
anunció ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández. Según declaró, el anteproyecto, que recibirá las aportaciones de los grupos parlamentarios, contempla dividir los CIE
en “dos zonas”, una para quienes solo tengan la falta administrativa de
estancia irregular y otra para los que acumulen antecedentes.
En la actualidad, el 96% de los internos tienen este perfil sin antecedentes y ocho de cada diez extranjeros son expulsados. Fernández señaló que esta previsión responde a una “demanda social” y explicó que, además de separación física, para la que se realizarán remodelaciones en los CIE que lo requieran, se aplicará un “trato distinto” a estos grupos de personas, del que solo concretó que quedará definido en el régimen interno de cada instalación.
El ministro destacó además que estas instalaciones policiales cambiarán de nombre y pasarán a denominarse centros de estancia controlada de extranjeros, algo que llevará aparejado que “dejen de ser tratados en la práctica como centros penitenciarios”. Recordó que el Anteproyecto de Reglamento, que será aprobado en Consejo de Ministros, recoge que el Cuerpo Nacional de Policía siga ostentando la dirección del centro y el control de la seguridad, pero que sea personal especializado quien asista a los internos.
En cuanto a la atención sanitaria, puesta en tela de juicio por el Defensor del Pueblo y las ONG especializadas, Fernández insistió en que se “externalizará” el servicio y se ampliará la cobertura, hasta un horario de 08.00 a 22.00 horas los laborables y “un horario más intenso los fines de semana”. Asimismo, afirmó que jueces, fiscales y abogados “van a estar mas presentes” en los centros, pues el reglamento dará “mejor garantía de derechos, de forma que las dudas razonables que pudieran plantearse en el pasado” sobre este punto, queden disipadas.
Fuente: Europa Press
En la actualidad, el 96% de los internos tienen este perfil sin antecedentes y ocho de cada diez extranjeros son expulsados. Fernández señaló que esta previsión responde a una “demanda social” y explicó que, además de separación física, para la que se realizarán remodelaciones en los CIE que lo requieran, se aplicará un “trato distinto” a estos grupos de personas, del que solo concretó que quedará definido en el régimen interno de cada instalación.
El ministro destacó además que estas instalaciones policiales cambiarán de nombre y pasarán a denominarse centros de estancia controlada de extranjeros, algo que llevará aparejado que “dejen de ser tratados en la práctica como centros penitenciarios”. Recordó que el Anteproyecto de Reglamento, que será aprobado en Consejo de Ministros, recoge que el Cuerpo Nacional de Policía siga ostentando la dirección del centro y el control de la seguridad, pero que sea personal especializado quien asista a los internos.
En cuanto a la atención sanitaria, puesta en tela de juicio por el Defensor del Pueblo y las ONG especializadas, Fernández insistió en que se “externalizará” el servicio y se ampliará la cobertura, hasta un horario de 08.00 a 22.00 horas los laborables y “un horario más intenso los fines de semana”. Asimismo, afirmó que jueces, fiscales y abogados “van a estar mas presentes” en los centros, pues el reglamento dará “mejor garantía de derechos, de forma que las dudas razonables que pudieran plantearse en el pasado” sobre este punto, queden disipadas.
Fuente: Europa Press
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