El trabajador sin papeles paraguayo Luis Egaña, un montador de carpas que vive en España desde hace tres años, ha ganado la demanda que le llevó a pasar una noche en comisaría y recibir una orden de expulsión. Luis y su primo Claudio Maturana habían denunciado a la empresa donde trabajaban sin contrato por despido improcedente. Cuando acudían a declarar en el primero de los dos juicios, celebrado el 1 de octubre en Santander, agentes de la Brigada de Extranjería fueron al juzgado para detenerlos por residir de modo irregular en España.
La detención a las puertas del juzgado provocó denuncias de discriminación e indefensión de los trabajadores indocumentados. Ante el revuelo levantado por el hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria tuvo que emitir un comunicado de prensa donde negaba cualquier trato desigual hacia las personas en función de su situación administrativa en España.
Dos meses después del primero de los juicios, el juzgado de lo social número 4 de la capital cántabra ha dado la razón a Luis y, con ella, la posibilidad de cobrar hasta 7.000 euros por parte de Escenasant, la empresa que le tuvo trabajando sin papeles 16 meses. La sentencia considera probado que Luis montó carpas y escenarios para Escenasant desde el 1 de abril de 2008 hasta el 20 de julio de 2009, cuando él y su primo fueron despedidos verbalmente.
En ese tiempo, los dos jóvenes prestaron sus servicios para Escenasant en obras encargadas por instituciones públicas, como el Palacio de Congresos de Santander y el Ministerio de Defensa, y por partidos políticos, como el montaje del escenario de un acto de Mariano Rajoy. La acusación presentó fotos y testimonios que han llevado a la sala a dar por cierta una relación laboral negada por la empresa. Otra jueza dio por válida la versión de la empresa en el primer juicio.
El fallo obliga a Escenasant, propiedad del empresario Bernabé Solana Arenal, a readmitir a Luis o a indemnizarle con 2.300 euros por despido improcedente, además de abonarle el salario que le habría correspondido estos meses de no haber sido despedido. En total, cerca de 7.000 euros.
Según los abogados de Luis y Claudio, la sentencia puede ayudar a que el juez opte por anular la orden de expulsión que aún pesa sobre el primero. Hasta que eso suceda, queda por resolver el recurso que presentaron a esta orden. Claudio tuvo más suerte: su detención sólo le ha acarreado una propuesta de multa que sus abogados también recurrirán.
Publicado en el diario Público (Diego Sanz Paratcha)
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