El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE),
que regula las condiciones de los internos en estas instalaciones
policiales donde son retenidos antes de ser expulsados del país. Este documento es un imperativo de la Ley de Extranjería de 2009, que debería
llevar en vigor, al menos, desde 2010. Así, tras pasar por el Consejo de Estado, el
Gobierno ha dado luz verde a este texto que, según la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, “cubre un vacío legal” e
incorpora las recomendaciones “esenciales” de este órgano consultivo. Asimismo, ha destacado el papel que otorga a las ONG “comprometidas” con
la atención a este colectivo, a las que se permite el acceso a estos
centros.
En abril de 2012 Interior dio a conocer un primer borrador y lo sometió a consulta de distintos ministerios, organizaciones sociales, grupos parlamentarios y organismos como la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y la Abogacía del Estado, que hicieron sus aportaciones. Fruto de esa ‘ronda’ se cerró el proyecto sobre el que esta semana el Consejo de Estado ha emitido su dictamen. Este órgano ha realizado una serie de recomendaciones y una observación esencial, como es la de garantizar el derecho de los inmigrantes recluidos en estos centros a recibir la asistencia médica y sanitaria “necesaria”. A su juicio, el borrador restringía este derecho que confiere la Ley de Extranjería.
El reglamento no modifica en lo esencial el modelo de funcionamiento de estos centros, aunque sí introduce algunas novedades, como que las fuerzas de policiales se limitarán a la custodia de las instalaciones y será personal especializado el que atienda a los internos, que se llamarán por su nombre y no con un número. El director ya no tendrá la última palabra a la hora de trasladar a un interno al hospital, ni supervisar la presentación de quejas de los inmigrantes recluidos; Las ONG podrán acceder a las instalaciones, previa acreditación; y las comunicaciones con abogados y consulados no serán objeto de supervisión policial.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno ha intentado obtener “el máximo nivel consenso posible” para elaborar este reglamento, que “contiene todas las garantías jurídicas que exige un texto de estas características que afecta a derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, en este caso los inmigrantes”. Asimismo, ha insistido en que tanto el ingreso como la estancia están bajo control judicial, de manera que “los internos gozan en todo momento de garantías jurídicas y del respeto de sus derechos fundamentales”, conforme a la legislación española, comunitaria e internacional.
Fernández Díaz ha destacado que a diferencia de otros países europeos, donde la estancia de los inmigrantes en los CIE puede llegar a los 18 meses, en España está limitada a 60 días como máximo, aunque la media de permanencia es de 22 o 23 días. También ha recordado que actualmente hay ocho centros en España –Madrid, Barcelona, Algeciras, Valencia, Zaragoza y tres en Canarias– con un total de 2.572 plazas, la mayoría para varones. El titular del Interior ha indicado que este reglamento, que ha sido aprobado con “cierto retraso”, se desarrolla de forma “integral” en un Real Decreto, frente a la orden ministerial hasta ahora vigente, aprobada en 1999, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Si bien ha señalado que la seguridad recae en el Cuerpo Nacional de Policía, la labor asistencial será asumida por personal ajeno –empleados públicos o personas que pertenezcan a ONG, en virtud de convenios–, que se encargarán de gestionar y controlar los servicios de asistencia sanitaria, jurídica, cultural y social de los internos. El titular de Interior ha destacado que los extranjeros retenidos en los CIE tienen derecho a ser informadas en un idioma que les sea comprensible, a recibir asistencia médica, a presentar quejas, y reclamaciones y a contactar con ONG nacionales e internacionales. También ha subrayado que el nuevo texto regula “expresamente” el derecho de los inmigrantes a formular peticiones e interponer recursos relativos al funcionamiento de los centros; “fortalece” los mecanismos de inspección de los centros, la posibilidad de visitas del Ministerio Fiscal y la obligación de colaborar con organismos nacionales e internacionales de protección de los Derechos Humanos.
“Totalmente novedoso” es para Fernández Díaz la formación del personal del centro, las reglas de conducta por la que deben regirse los trabajadores y la creación de unos libros- registro en los que se recogerá toda la información sobre la gestión y funcionamiento de los centros. Asimismo, se establece un seguimiento periódico de la prestación de los servicios sanitarios, asistenciales y sociales.
Fuente: Europa Press
En abril de 2012 Interior dio a conocer un primer borrador y lo sometió a consulta de distintos ministerios, organizaciones sociales, grupos parlamentarios y organismos como la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y la Abogacía del Estado, que hicieron sus aportaciones. Fruto de esa ‘ronda’ se cerró el proyecto sobre el que esta semana el Consejo de Estado ha emitido su dictamen. Este órgano ha realizado una serie de recomendaciones y una observación esencial, como es la de garantizar el derecho de los inmigrantes recluidos en estos centros a recibir la asistencia médica y sanitaria “necesaria”. A su juicio, el borrador restringía este derecho que confiere la Ley de Extranjería.
El reglamento no modifica en lo esencial el modelo de funcionamiento de estos centros, aunque sí introduce algunas novedades, como que las fuerzas de policiales se limitarán a la custodia de las instalaciones y será personal especializado el que atienda a los internos, que se llamarán por su nombre y no con un número. El director ya no tendrá la última palabra a la hora de trasladar a un interno al hospital, ni supervisar la presentación de quejas de los inmigrantes recluidos; Las ONG podrán acceder a las instalaciones, previa acreditación; y las comunicaciones con abogados y consulados no serán objeto de supervisión policial.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno ha intentado obtener “el máximo nivel consenso posible” para elaborar este reglamento, que “contiene todas las garantías jurídicas que exige un texto de estas características que afecta a derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, en este caso los inmigrantes”. Asimismo, ha insistido en que tanto el ingreso como la estancia están bajo control judicial, de manera que “los internos gozan en todo momento de garantías jurídicas y del respeto de sus derechos fundamentales”, conforme a la legislación española, comunitaria e internacional.
Fernández Díaz ha destacado que a diferencia de otros países europeos, donde la estancia de los inmigrantes en los CIE puede llegar a los 18 meses, en España está limitada a 60 días como máximo, aunque la media de permanencia es de 22 o 23 días. También ha recordado que actualmente hay ocho centros en España –Madrid, Barcelona, Algeciras, Valencia, Zaragoza y tres en Canarias– con un total de 2.572 plazas, la mayoría para varones. El titular del Interior ha indicado que este reglamento, que ha sido aprobado con “cierto retraso”, se desarrolla de forma “integral” en un Real Decreto, frente a la orden ministerial hasta ahora vigente, aprobada en 1999, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Si bien ha señalado que la seguridad recae en el Cuerpo Nacional de Policía, la labor asistencial será asumida por personal ajeno –empleados públicos o personas que pertenezcan a ONG, en virtud de convenios–, que se encargarán de gestionar y controlar los servicios de asistencia sanitaria, jurídica, cultural y social de los internos. El titular de Interior ha destacado que los extranjeros retenidos en los CIE tienen derecho a ser informadas en un idioma que les sea comprensible, a recibir asistencia médica, a presentar quejas, y reclamaciones y a contactar con ONG nacionales e internacionales. También ha subrayado que el nuevo texto regula “expresamente” el derecho de los inmigrantes a formular peticiones e interponer recursos relativos al funcionamiento de los centros; “fortalece” los mecanismos de inspección de los centros, la posibilidad de visitas del Ministerio Fiscal y la obligación de colaborar con organismos nacionales e internacionales de protección de los Derechos Humanos.
“Totalmente novedoso” es para Fernández Díaz la formación del personal del centro, las reglas de conducta por la que deben regirse los trabajadores y la creación de unos libros- registro en los que se recogerá toda la información sobre la gestión y funcionamiento de los centros. Asimismo, se establece un seguimiento periódico de la prestación de los servicios sanitarios, asistenciales y sociales.
Fuente: Europa Press
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