El Boletín Oficial del País Vasco publicará a finales de este mes la
orden que regula la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles,
después de que en diciembre del año pasado el Tribunal Constitucional
permitiera a Euskadi la asistencia sanitaria a este colectivo. El
consejero vasco de Salud, Jon Darpón, informó ayer de este extremo en
una rueda de prensa en la que destacó que el Ejecutivo autónomo mantiene
su “compromiso” con la prestación de atención sanitaria a extranjeros
no regularizados. El pasado 17 de diciembre, el TC avaló la decisión del Gobierno
Vasco de dar atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, en contra
de lo establecido por el Ministerio de Sanidad, que acordó anular la
tarjeta sanitaria a estas personas. En concreto, el TC levantó, en un
auto, la suspensión cautelar de varios artículos recogidos en un decreto
del Gobierno Vasco de junio de 2012.
Dicho decreto regulaba tanto la atención a inmigrantes sin regularizar como el copago farmacéutico y fue recurrido por el Gobierno central. En julio del año pasado, el Constitucional suspendió cautelarmente el decreto antes de decidir sobre el fondo del recurso, pero en diciembre levantó la suspensión de algunos artículos, entre ellos el alusivo a la atención a inmigrantes indocumentados. El Alto Tribunal atendió la justificación del Gobierno Vasco, cuyos letrados argumentaron que la no atención de este colectivo repercutiría en su salud individual y también en la “prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto-contagiosas, afectando directamente a la salud de toda la sociedad”.
La Abogacía del Estado basaba su argumentación en los perjuicios económicos y en la necesidad de control del déficit público. Tras conocerse la decisión del TC, el Ministerio de Sanidad recordó que la tarjeta sanitaria que el País Vasco brindaría a los inmigrantes irregulares no sería operativa en las demás comunidades autónomas.
Publicado en el Diario de Noticias de Guipúzcoa
Dicho decreto regulaba tanto la atención a inmigrantes sin regularizar como el copago farmacéutico y fue recurrido por el Gobierno central. En julio del año pasado, el Constitucional suspendió cautelarmente el decreto antes de decidir sobre el fondo del recurso, pero en diciembre levantó la suspensión de algunos artículos, entre ellos el alusivo a la atención a inmigrantes indocumentados. El Alto Tribunal atendió la justificación del Gobierno Vasco, cuyos letrados argumentaron que la no atención de este colectivo repercutiría en su salud individual y también en la “prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto-contagiosas, afectando directamente a la salud de toda la sociedad”.
La Abogacía del Estado basaba su argumentación en los perjuicios económicos y en la necesidad de control del déficit público. Tras conocerse la decisión del TC, el Ministerio de Sanidad recordó que la tarjeta sanitaria que el País Vasco brindaría a los inmigrantes irregulares no sería operativa en las demás comunidades autónomas.
Publicado en el Diario de Noticias de Guipúzcoa
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