Europa gasta casi tres veces más en blindar sus fronteras que en proteger a los refugiados

La Unión Europea se gastó entre 2007 y 2013 cerca de 2.000 millones de euros en blindar sus fronteras, casi tres veces más que lo que empleó en políticas para proteger a refugiados y solicitantes de asilo, 700 millones en el mismo periodo, según pone de manifiesto un informe difundido por Amnistía Internacional. El trabajo, lanzado a nivel mundial, denuncia que el coste de construir una Europa fortaleza se paga fundamentalmente en vidas humanas, con más de 23.000 personas muertas intentando llegar a la UE en la última década –200 sólo en el primer semestre de este año– y en derechos fundamentales, con prácticas de devoluciones en caliente y expulsiones colectivas.

Para Amnistía Internacional este “orden de prioridades” en el presupuesto de la UE contrasta con el hecho de que el 48% de las personas que tratan de entrar irregularmente en el territorio proceden precisamente de países en guerra o donde se persigue a los ciudadanos: Siria, Afganistán, Eritrea y Somalia. Para ellos, sin embargo, se destina un euro de cada cuatro que se gastan en seguridad. Cuando se analiza el destino de los fondos en los distintos Estados miembros, hay más diferencias. En España, por ejemplo, se encuentra uno de los mayores contrastes: gastó 9,3 millones de euros de la UE en asistir a refugiados entre 2007 y 2013, frente a los 289,4 millones que utilizó en el mismo periodo para blindar sus fronteras. Con este dinero se levantan vallas y muros, se refuerzan los efectivos policiales y sus medios materiales o se contratan servicios de tecnología punta para vigilar los perímetros, pero también se financia la cooperación con países vecinos, como Turquía, Marruecos o Libia, para crear “zonas de contención” de los migrantes en el entorno europeo.

Según explica el informe, la Unión Europea y sus Estados miembros “hacen la vista gorda ante los abusos contra los derechos humanos que sufren las personas refugiadas y migrantes en estos países” a los que se ha “externalizado” el control de fronteras y con los que se han pactado acuerdos para que readmitan a los migrantes interceptados en territorio comunitario, aunque no sean oriundos de allí. “Los Estados miembros de la UE no pueden eludir su obligación en materia de derechos humanos hacia quienes tratan de entrar en su territorio a base de externalizar su control de la migración a terceros países. Es preciso que tal cooperación termine”, sentencia el informe de Amnistía Internacional.


En cuanto a las devoluciones ilegales, las llamadas push backs, la organización dice que ha constatado estas prácticas en las fronteras de Bulgaria y especialmente en Grecia, donde se trata de una práctica “muy extendida” que alcanza incluso a quienes han entrado ya en el territorio o son interceptados en el mar, que sobre la marcha son entregados “de forma rutinaria” y “sin ningún procedimiento” a Turquía, “poniendo sus vidas en peligro”. Sobre Grecia, el informe pone de manifiesto que el refuerzo de sus fronteras ha desplazado a los migrantes a rutas más peligrosas: ahora se echan al mar para intentar alcanzar alguna de las islas del archipiélago (se interceptaron 169 personas en 2012 frente a las 3.265 de 2013) o intentan cruzar por el paso entre Turquía y Bulgaria, donde 11.158 fueron interceptados el año pasado.

También en España se practican este tipo de devoluciones, como cita la sección de Amnistía Internacional en el país. La organización recuerda que el pasado 6 de febrero, cuando 15 migrantes fallecieron intentando alcanzar a nado la playa ceutí de El Tarajal, 23 que llegaron a suelo español fueron entregados sobre la marcha a Marruecos sin que mediase proceso de identificación ni se les ofreciese la posibilidad de pedir asilo. Estas medidas tienen un alto coste en vidas humanas, como denuncia la organización, para incidir en que operaciones como Mare Nostrum, impulsada por Italia en el Mediterráneo tras la tragedia de Lampedusa y con la que se ha conseguido rescatar a 50.000 personas, “no son suficientes”.

“Sólo en los primeros seis meses de 2014, más de 200 personas han perdido la vida en el Mediterráneo y el Egeo, y cientos más han desaparecido y se teme que hayan muerto. Muchas eran personas que huían claramente de situaciones de violencia y persecución. La responsabilidad de la muerte de las personas que tratan de llegar a la UE es colectiva”, sentencia Amnistía Internacional. Dalhuisen incide en que “las tragedias humanas que se desarrollan diariamente ante las costas europeas no son inevitables ni están fuera del control de la UE” ya que, denuncia, “muchas están creadas por la propia UE”. “Los Estados miembros deben comenzar, por fin, a poner a las personas por delante de las fronteras”, ha añadido.  

Fuente: Europa Press 
Foto: Guardia Civil