Miles de inmigrantes en situación irregular han sido detenidos desde
el lunes en Arabia Saudí al concluir la amnistía de medio año dada por
las autoridades. Durante ese tiempo, han salido del país cerca de un
millón de trabajadores extranjeros y otros cuatro millones han logrado
arreglar sus papeles. Pero se estima que aún hay decenas de miles que
corren el riesgo de ser deportados sin contemplaciones. La medida, cuyo
objetivo es liberar puestos de trabajo para los ciudadanos saudíes, ha
puesto de relieve la existencia de un enorme mercado negro de obreros. Un total de 3.918 extranjeros sin el permiso pertinente fueron
detenidos el lunes en Yeddah, la segunda ciudad del país, y sus
alrededores, según un portavoz policial citado este martes por el diario
Arab News. El número se duplica al sumar los detenidos en otras zonas
del país con 2.200 más en Samta, 379 en la Provincia Oriental, 300 en
Mediha y varios centenares más en otras localidades.
“Queremos que los extranjeros permanezcan en el reino de forma legal”, declaró el vice ministro de Trabajo Mufrej Bin Saad al Haqbani el domingo por la noche al anunciar el fin de la amnistía. Al Haqbani explicó que los inspectores de trabajo van a visitar establecimientos comerciales, obras, empresas de mantenimiento, tiendas, restaurantes, cafeterías y otros sectores en los que la mano de obra extranjera es habitual. “Comprobarán que sus identidades coinciden con sus papeles de trabajo para asegurarse de que están dentro de la legalidad”, añadió. Los irregulares que tanto preocupan a las autoridades no son necesariamente personas que hayan entrado de forma ilegal en el país, aunque también los haya. Algunos han sobrepasado su visado, pero la mayoría son trabajadores que fueron contratados bajo el patrocinio de un empleador para un puesto determinado y que luego han cambiado de actividad o se han instalado por su cuenta. Durante décadas, el Gobierno ha hecho la vista gorda hacia esas irregularidades, lo que ha dado lugar a un mercado negro que abastecía de obreros a bajo precio y un jugoso negocio paralelo de sobornos a los sponsors (los empleadores originales) que cobraban por renovar los papeles a alguien que ya no trabajaba para ellos.
Con las nuevas medidas, los responsables esperan reducir el número de inmigrantes, un tercio de los 27 millones de habitantes y la mitad de la fuerza de trabajo, además de favorecer el empleo de los ciudadanos saudíes cuya tasa de paro ronda el 12,5%. Sin embargo, no está claro cómo va a lograrse es objetivo cuando la mayoría de los extranjeros son obreros sin cualificar y empleados domésticos, actividades que la población local rechaza, mimada como está por el Estado de bienestar que proporciona el petróleo. De hecho, cuando el pasado marzo se anunció la normativa, los analistas advirtieron del impacto negativo que supondría para la economía la salida simultánea de decenas de miles de extranjeros, sobre todo en el sector de la construcción. Se calculaba entonces que hasta dos millones de inmigrantes carecían de permiso de trabajo y residencia. Pero muchos más estaban trabajando en ocupaciones distintas a las que figuraban en sus papeles. De hecho, la amnistía de tres meses que se dio inicialmente para que regularizaran su situación tuvo que extenderse tres meses más porque ni las embajadas ni las oficinas de inmigración daban abasto para atender las solicitudes.
Muchos han quedado atrapados sin posibilidad de regularizar su situación ni pasaportes o visados de salida. Arab News cuenta que 3.000 indonesios se han congregado en un conocido cruce de Yeddah para protestar por la imposibilidad de arreglar sus papeles a tiempo. Es frecuente que carezcan de pasaportes porque quienes les contrataron inicialmente los retuvieron, según una práctica frecuentemente criticada por las organizaciones de derechos humanos, y no se los han devuelto. Resulta significativo que desde el lunes muchas de las obras y lugares donde trabajan inmigrantes estén casi desiertos. Pero también hay escuelas que permanecen cerradas porque sus responsables no han logrado arreglar los papeles de sus profesores, a menudo hijos o esposas cuyos visados avala el cabeza de familia en vez del empleador. La prensa local se hace eco de inmigrantes que han optado por no salir de casa para evitar las anunciadas redadas de la policía. Quienes no tengan los papeles en regla se arriesgan a la detención, hasta dos años de cárcel o una multa de 100.000 riales (unos 20.000 euros) y la deportación.
Publicado en el diario El País
Autor: Ángeles Espinosa
“Queremos que los extranjeros permanezcan en el reino de forma legal”, declaró el vice ministro de Trabajo Mufrej Bin Saad al Haqbani el domingo por la noche al anunciar el fin de la amnistía. Al Haqbani explicó que los inspectores de trabajo van a visitar establecimientos comerciales, obras, empresas de mantenimiento, tiendas, restaurantes, cafeterías y otros sectores en los que la mano de obra extranjera es habitual. “Comprobarán que sus identidades coinciden con sus papeles de trabajo para asegurarse de que están dentro de la legalidad”, añadió. Los irregulares que tanto preocupan a las autoridades no son necesariamente personas que hayan entrado de forma ilegal en el país, aunque también los haya. Algunos han sobrepasado su visado, pero la mayoría son trabajadores que fueron contratados bajo el patrocinio de un empleador para un puesto determinado y que luego han cambiado de actividad o se han instalado por su cuenta. Durante décadas, el Gobierno ha hecho la vista gorda hacia esas irregularidades, lo que ha dado lugar a un mercado negro que abastecía de obreros a bajo precio y un jugoso negocio paralelo de sobornos a los sponsors (los empleadores originales) que cobraban por renovar los papeles a alguien que ya no trabajaba para ellos.
Con las nuevas medidas, los responsables esperan reducir el número de inmigrantes, un tercio de los 27 millones de habitantes y la mitad de la fuerza de trabajo, además de favorecer el empleo de los ciudadanos saudíes cuya tasa de paro ronda el 12,5%. Sin embargo, no está claro cómo va a lograrse es objetivo cuando la mayoría de los extranjeros son obreros sin cualificar y empleados domésticos, actividades que la población local rechaza, mimada como está por el Estado de bienestar que proporciona el petróleo. De hecho, cuando el pasado marzo se anunció la normativa, los analistas advirtieron del impacto negativo que supondría para la economía la salida simultánea de decenas de miles de extranjeros, sobre todo en el sector de la construcción. Se calculaba entonces que hasta dos millones de inmigrantes carecían de permiso de trabajo y residencia. Pero muchos más estaban trabajando en ocupaciones distintas a las que figuraban en sus papeles. De hecho, la amnistía de tres meses que se dio inicialmente para que regularizaran su situación tuvo que extenderse tres meses más porque ni las embajadas ni las oficinas de inmigración daban abasto para atender las solicitudes.
Muchos han quedado atrapados sin posibilidad de regularizar su situación ni pasaportes o visados de salida. Arab News cuenta que 3.000 indonesios se han congregado en un conocido cruce de Yeddah para protestar por la imposibilidad de arreglar sus papeles a tiempo. Es frecuente que carezcan de pasaportes porque quienes les contrataron inicialmente los retuvieron, según una práctica frecuentemente criticada por las organizaciones de derechos humanos, y no se los han devuelto. Resulta significativo que desde el lunes muchas de las obras y lugares donde trabajan inmigrantes estén casi desiertos. Pero también hay escuelas que permanecen cerradas porque sus responsables no han logrado arreglar los papeles de sus profesores, a menudo hijos o esposas cuyos visados avala el cabeza de familia en vez del empleador. La prensa local se hace eco de inmigrantes que han optado por no salir de casa para evitar las anunciadas redadas de la policía. Quienes no tengan los papeles en regla se arriesgan a la detención, hasta dos años de cárcel o una multa de 100.000 riales (unos 20.000 euros) y la deportación.
Publicado en el diario El País
Autor: Ángeles Espinosa
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