El pleno del Parlamento de Canarias aprobó el pasado 27 de enero la denominada ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida,
que regula los derechos de los pacientes y los deberes de los
facultativos en los procesos terminales. Dicha ley busca “garantizar un
final de la vida sin sufrimiento en caso de enfermedad terminal y dar la
oportunidad de decidir a los pacientes o en su caso a sus familias
sobre tratamientos paliativos cuando ya no hay esperanza”. El nuevo marco normativo, cuya aprobación se retrasó más de dos años y
es muy similar al que ya existía en regiones como Andalucía, se elaboró
sin contar con los profesionales, como ya denunció el presidente del
Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
(Comtf), Rodrigo Martín. La principal queja del responsable del órgano
colegial tinerfeño radicaba en que Canarias sigue, a día de hoy,
presentando un importante déficit de camas de paliativos, lo que hace
imposible que se pueda cumplir con la ley. No en vano, dicha norma toma
como base indicadores como los de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), que establecen un mínimo de 80 camas de paliativos por cada
millón de habitantes. Ello supondría que la sanidad pública isleña
debería contar con al menos un centenar más para llegar a los estándares
que fija su propia normativa.
http://www.diariodeavisos.com/2015/03/ley-canaria-muerte-digna-sin-minimo-camas-paliativos/
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