Un tribunal de Jartum (Sudán) ha revocado la condena a muerte por lapidación a que había sido sentenciada una madre lactante sudanesa de 20 años de edad. Intisar Sharif Abdallah fue condenada, el pasado mes de mayo, por un
delito de adulterio. La organización de Derechos Humanos Amnistía
Internacional (AI), que se había hecho cargo del caso, ha informado de la buena noticia en su página web. "Hemos recibido, con enorme alegría, la noticia de que finalmente ha
sido liberada", la sección española de AI. "Un tribunal de apelación de
Jartum ha revocado la sentencia por falta de pruebas", agregó.
A principios de junio, AI denunció a través de una 'ciberacción' que Intisar Sharif Abdallah había sido condenada el 13 de mayo a la pena de muerte mediante lapidación. La acusaban del delito de adulterio en un juicio en el que no había tenido "acceso a abogado" y que se había desarrollado "en árabe, idioma que ella no entiende bien". La campaña de AI de recogida de firmas, extendida a nivel internacional, contó con el apoyo de unos 80.000 españoles.
Inicialmente, Intisar se había declarado no culpable, pero en una vista posterior admitió los cargos. Al parecer, después de haber sido golpeada por su hermano, según Amnistía. "La sentencia condenatoria se basó únicamente en este testimonio", agregó la organización. Intisar Sharif Abdallah permaneció encarcelada con su bebé, a quien amamantaba, mientras sus familiares tramitaban un recurso de apelación.
La campaña de AI recordaba al gobierno de Sudán que ejecutar a una persona después de un juicio que no cumple las normas internacionales sobre garantías procesales. Se producía, por tanto, una violación del derecho a la vida. Además denunciaron que la ejecución de una madre lactante está prohibida por el derecho internacional y por la propia Constitución de Sudán. La organización ha pedido también al gobierno sudanés que suspenda oficialmente las ejecuciones como paso previo a abolir la pena de muerte -en consonancia con la tendencia mundial y con las resoluciones de la Asamblea General de la ONU- y que conmute todas las condenas a muerte pendientes de ejecución.
Fuentes: Europa Press/Efe
A principios de junio, AI denunció a través de una 'ciberacción' que Intisar Sharif Abdallah había sido condenada el 13 de mayo a la pena de muerte mediante lapidación. La acusaban del delito de adulterio en un juicio en el que no había tenido "acceso a abogado" y que se había desarrollado "en árabe, idioma que ella no entiende bien". La campaña de AI de recogida de firmas, extendida a nivel internacional, contó con el apoyo de unos 80.000 españoles.
Inicialmente, Intisar se había declarado no culpable, pero en una vista posterior admitió los cargos. Al parecer, después de haber sido golpeada por su hermano, según Amnistía. "La sentencia condenatoria se basó únicamente en este testimonio", agregó la organización. Intisar Sharif Abdallah permaneció encarcelada con su bebé, a quien amamantaba, mientras sus familiares tramitaban un recurso de apelación.
La campaña de AI recordaba al gobierno de Sudán que ejecutar a una persona después de un juicio que no cumple las normas internacionales sobre garantías procesales. Se producía, por tanto, una violación del derecho a la vida. Además denunciaron que la ejecución de una madre lactante está prohibida por el derecho internacional y por la propia Constitución de Sudán. La organización ha pedido también al gobierno sudanés que suspenda oficialmente las ejecuciones como paso previo a abolir la pena de muerte -en consonancia con la tendencia mundial y con las resoluciones de la Asamblea General de la ONU- y que conmute todas las condenas a muerte pendientes de ejecución.
Fuentes: Europa Press/Efe
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