El Ministerio de Justicia descarta eliminar el artículo 156.2 del Código Penal. Este artíclo, despenaliza la esterilización forzosa de personas con discapacidad declaradas incapaces judicialmente. No considera que se trate de una vulneración de sus derechos. No obstante, estudiará la regulación de un "procedimiento especial" para estas prácticas mediante la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así lo explica la directora de gabinete del ministro Alberto Ruiz
Gallardón, Cristina Coto del Valle, en una carta dirigida al presidente
del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Éste, había rogado al Ejecutivo la supresión del artículo por
considerar que viola la Convención de la ONU sobre los derechos de las
personas con discapacidad y que atenta contra los Derechos Humanos. Según la carta, Justicia considera que "la esterilización de la
persona incapaz realizada con autorización judicial, otorgada por
concurrir los elementos justificadores de carácter material y formal
definidos en la Ley, y tomando como criterio rector el mayor interés de
la persona que sufre graves deficiencias físicas, no supone ir en contra de los principios de la Convención".
En este sentido, la directora del Gabinete del ministro argumenta que la ley "sólo" despenaliza la esterilización forzosa "cuando la persona por su incapacidad psíquica grave, no puede prestar consentimiento libre e informado. Esto si será totalmente exigible para el resto de personas con discapacidad", según recoge la misiva oficial. Con todo, Coto Del Valle considera que esta regulación "es susceptible de mejoras", especialmente en el ámbito civil. Por ejemplo desde un aspecto sustantivo, "con el incremento de las garantías previstas y objetivando expresamente las razones de esta intervención". O, también, desde un punto de vista procesal, "estudiando la posibilidad de regular un procedimiento especial en la Ley de Enjuiciamiento Civil".
Por su parte, el CERMI ha contestado con otra misiva pidiendo a Gallardón que reconsidere la "errónea" posición. En la carta, le instan a que proceda "de forma inmediata" a abrir un diálogo con el movimiento asociativo de la discapacidad, para desterrar lo que consideran una "espantosa" vulneración de derechos. Desde el CERMI se manifiesta el "más intenso estupor" ante el contenido del escrito del Ministerio. Así como una "honda" decepción y un "enorme" lamento por los argumentos que ofrece Justicia para justificar "algo que es internacionalmente reconocido como una violación de derechos humanos".
Según explica el Comité, los tratados internacionales reconocen que todas las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, es "obligación" de los poderes públicos protegerles "sin injerencias indebidas, condenando a quienes pueden obstaculizar su disfrute". "Lo que nuestro Código Penal tipifica como indeseable para todas las personas, algunas instancias, superadas por el tiempo y el avance de la dignidad, lo quieren justificar para aquellas que tengan una discapacidad, al amparo de un interés legítimo. Esto sólo responde a la ignorancia y desidia en poner los medios para que las personas con discapacidad puedan tener la decisión plena sobre su salud sexual y su capacidad reproductiva y de tener descendencia", reza la carta del CERMI.
La pasada semana, Madrid acogió una conferencia internacional para analizar los desafíos del nuevo milenio en las mujeres y niñas con discapacidad. Estos colectivos son los principales sujetos de la esterilización forzosa en España. La comisionada de género del CERMI, Ana Peláez, denunció en la presentación del evento que la esterilización forzosa es "un tema que incomoda a todo el mundo". Por eso, ni se denuncian todos los casos ni hay datos estadísticos al respecto. "La forma de evitar embarazos es muy amplia, no podemos usar mutilaciones", reclamó Peláez.
Fuente: Europa Press
En este sentido, la directora del Gabinete del ministro argumenta que la ley "sólo" despenaliza la esterilización forzosa "cuando la persona por su incapacidad psíquica grave, no puede prestar consentimiento libre e informado. Esto si será totalmente exigible para el resto de personas con discapacidad", según recoge la misiva oficial. Con todo, Coto Del Valle considera que esta regulación "es susceptible de mejoras", especialmente en el ámbito civil. Por ejemplo desde un aspecto sustantivo, "con el incremento de las garantías previstas y objetivando expresamente las razones de esta intervención". O, también, desde un punto de vista procesal, "estudiando la posibilidad de regular un procedimiento especial en la Ley de Enjuiciamiento Civil".
Por su parte, el CERMI ha contestado con otra misiva pidiendo a Gallardón que reconsidere la "errónea" posición. En la carta, le instan a que proceda "de forma inmediata" a abrir un diálogo con el movimiento asociativo de la discapacidad, para desterrar lo que consideran una "espantosa" vulneración de derechos. Desde el CERMI se manifiesta el "más intenso estupor" ante el contenido del escrito del Ministerio. Así como una "honda" decepción y un "enorme" lamento por los argumentos que ofrece Justicia para justificar "algo que es internacionalmente reconocido como una violación de derechos humanos".
Según explica el Comité, los tratados internacionales reconocen que todas las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, es "obligación" de los poderes públicos protegerles "sin injerencias indebidas, condenando a quienes pueden obstaculizar su disfrute". "Lo que nuestro Código Penal tipifica como indeseable para todas las personas, algunas instancias, superadas por el tiempo y el avance de la dignidad, lo quieren justificar para aquellas que tengan una discapacidad, al amparo de un interés legítimo. Esto sólo responde a la ignorancia y desidia en poner los medios para que las personas con discapacidad puedan tener la decisión plena sobre su salud sexual y su capacidad reproductiva y de tener descendencia", reza la carta del CERMI.
La pasada semana, Madrid acogió una conferencia internacional para analizar los desafíos del nuevo milenio en las mujeres y niñas con discapacidad. Estos colectivos son los principales sujetos de la esterilización forzosa en España. La comisionada de género del CERMI, Ana Peláez, denunció en la presentación del evento que la esterilización forzosa es "un tema que incomoda a todo el mundo". Por eso, ni se denuncian todos los casos ni hay datos estadísticos al respecto. "La forma de evitar embarazos es muy amplia, no podemos usar mutilaciones", reclamó Peláez.
Fuente: Europa Press
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