Bajo plásticos, casi sin comida y soportando temperaturas inhumanas, así es como viven los numerosos inmigrantes que desde hace meses se reparten por los diez asentamientos ilegales levantados a las afueras de Lepe (Huelva). No existen cifras exactas acerca de estos poblados improvisados con cartón y uralita, ni tampoco sobre el número de personas que viven en ellos, pero los numerosos inmigrantes que deambulan diariamente por los pinares del pueblo en busca de algo de comida hacen intuir que sobrepasan el millar. La mayoría son subsaharianos –de Senegal y Mali– que llegaron al pueblo onubense a principios de la temporada fresera en busca de un trabajo que, en muchos casos, nunca llegó. «El compromiso de los empresarios agrícolas de no contratar a personas sin papeles y el aumento de mano de obra nacional debido a la crisis han hecho que muchos de estos inmigrantes no encuentren trabajo este año», asegura Nieves Robles, presidenta de Huelva Acoge, una de las ONGs que prestan ayuda humanitaria en la zona.
«Ni para el billete»
La falta de recursos y la poca esperanza de encontrar empleo en otras provincias hacen que cada vez sean más los inmigrantes que se instalan en estos asentamientos al término de la temporada de la fresa. «Hay veces que no tienen dinero ni para comprar un billete de autobús para ir a otras provincias, y si lo tienen, prefieren gastárselo en comer antes que en desplazarse a otro lugar en el que tampoco encontrarán trabajo», comenta Josema Gómez, técnico de inmigración de Cáritas de Huelva.
Gran parte de ellos proviene de los Centros de Internamiento para Extranjeros de Canarias, desde donde después de pasar 45 días en condiciones «casi carcelarias» son enviados a la Península ante la imposibilidad de repatriarlos. «El que no sean enviados a su país desde Canarias puede deberse a que, entre otras causas, no existen fondos estatales suficientes para ello, explica el técnico de Cáritas. «De esta manera, un gran número de ellos se encuentran de forma irregular en nuestro país», añade Gómez.
En tierra de nadie
La falta de presupuesto no es la única razón por la que estos inmigrantes no son devueltos a su tierra, en numerosas ocasiones la inexistencia de acuerdos de repatriación entre España y sus países de de origen los deja en situación ilegal y en tierra de nadie. «Desde que salen de los Centros de Internamiento para Extranjeros con una orden de expulsión bajo el brazo, estos inmigrantes – detalla Gómez – no pueden obtener papeles para permanecer en nuestro país hasta pasados cinco años, y esto es un verdadero problema ya que viven en España sin ningún tipo de derecho».
Ayudas insuficientes
Una vez que estos inmigrantes son trasladados desde las Islas a la Península con la falsa esperanza de que regresarán a su país por sus propios medios pasan a ser las ONGs las «encargadas» de su bienestar. «El Estado tiene firmado convenios con distintas organizaciones por lo que recibimos ayudas para desarrollar nuestro trabajo con ellos», aclaran desde Cáritas. Pero estas ayudas no son suficientes para mantener al gran número de sin papeles que viven en nuestro país. Este año, por ejemplo, la sede que Huelva Acoge tiene en Lepe se ha visto obligada a cerrar durante los meses de julio y agosto por falta de recursos tanto económicos como humanos.
«A pesar de que recibimos ayudas y subvenciones tanto del Gobierno central como del autonómico y local, todos los medios se quedan cortos para hacer frente a la penosa situación en la que se encuentran estas personas, que no sólo se asientan en Lepe sino que están repartidos por muchos pueblos de Huelva», lamenta la presidenta de Huelva Acoge. La ayuda prestada tanto por ONGs como por los vecinos de la zona es crucial para estos inmigrantes, entre los que ya se han presentado algunos episodios de hambruna. «Desde los servicios sociales intentamos ayudarles pero nos ven como a policías, confían más en las ONGs», aclaran desde el Ayuntamiento de Lepe.
Cada uno arrima el hombro a su manera, como es el caso de los comerciantes del mercado de abastos del pueblo, que les regalan los alimentos que están a punto de caducar y que ya no venderán. La solidaridad aflora incluso entre los mismos inmigrantes, «se nota cuando en un asentamiento hay alguno que trabaja porque están mejor, los unos se ayudan a los otros. Lo malo es cuando todos están en el paro, entonces da pena» comentan desde el Ayuntamiento de Lepe.
Lavado de imagen
Estos asentamientos son cada cierto tiempo desmantelados por la Guardia Civil en respuesta a alguna denuncia y atendiendo a órdenes de la Subdelegación del Gobierno en Huelva. Una medida que para el Consistorio lepero no es más que «una cuestión de imagen». «Hace cuatro meses quitaron todas las chabolas, pero esto no sirve de nada porque al momento vuelven a construirlas y a estar en la misma situación», afirma Josefa Cristo, teniente de alcalde delegada del Área Municipal de Bienestar Social.
«El Ayuntamiento se encuentra atado de pies y manos en este asunto», asegura Cristo, quien insiste además en la necesidad de «una actuación urgente por parte del Gobierno central para poner fin a la lamentable situación en la que se encuentran esta personas». Para la responsable de Bienestar Social estos inmigrantes «están tirados» mientras que «quienes tienen las competencias verdaderas en este asunto hacen muy poco por estas criaturas».
Publicado en el diario ABC
Autor: Laura Lobato
Foto: EFE
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