El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció ayer que su gabinete pedirá “informes jurídicos” para conocer la viabilidad de implantar una ayuda económica para que los inmigrantes rumanos que han quedado en desempleo, unos 71.000 a 31 de marzo, puedan retornar a su país si así lo desean. “Si podemos habilitar alguna fórmula, lo haremos”, aseguró, aunque “el objetivo no es que todos los rumanos se vayan de España”. Corbacho hizo estas declaraciones a los medios en el marco de su visita oficial a Rumanía, donde firmó dos “memorandos de entendimiento” con el Ejecutivo de Bucarest para favorecer que el Servicio Público de Empleo Estatal español ofrezca a los inmigrantes rumanos trabajo en su país y facilitar la cooperación entre los servicios de inspección laboral de ambos Estados.
Según explicó, aunque el levantamiento de la moratoria que ponía trabas al trabajo por cuenta ajena de rumanos y búlgaros en España “no ha tenido efecto llamada”, en el primer trimestre de este año el número de parados entre el colectivo de Rumanía se incrementó en unas 30.000 personas, pasando de 44.000 en diciembre de 2008 a los cerca de 71.000 a finales de marzo. En la actualidad, los rumanos no pueden acogerse al Plan de Incentivo al Retorno Voluntario en vigor, porque su condición de ciudadanos europeos y la libertad de movimiento por el Espacio Schengen que de ello se deriva es incompatible con el requisito de no regresar a España en al menos cinco años que impone el decreto de retorno para quienes reciban la prestación.
“En Rumanía hay necesidad y siempre vamos a tener necesidad de fuerza laboral, porque el primer indicador que nos lo muestra es la proporción entre jubilados y trabajadores y el balance en la actualidad es de un trabajador por cada pensionista”, explicó el ministro de Trabajo, Familia y Protección Social de Rumanía, Marian Sarbu. En total, unos 718.000 rumanos tienen tarjeta de residencia y 253.000 de ellos están dados de alta en la Seguridad Social. Según Corbacho, “más de 30.000” están en el paro y ya no reciben prestación, y podrían estar interesados en recibir apoyo económico para abandonar el país. A estas personas iría dirigida esta medida sobre la que el ministro también consultará al Gobierno de Rumanía, “por si quisieran poner ayudas para que vuelvan sus emigrantes”.
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