La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, investigará el desalojo y
entrega a Marruecos de 73 de los inmigrantes ilegales que la semana
pasada ocuparon el islote de Tierra, a escasos metros de la costa
norteafricana. El proceso se ha iniciado tras las denuncias presentadas por varias ONG
que consideran que el Gobierno violó la ley de Extranjería al echar a
los indocumentados sin abrir un expediente de expulsión individualizado
ni atender a las posibles demandas de asilo político, como estipula la
legislación para todos aquellos inmigrantes que se encuentren en suelo
español.
La defensora ha elevado una petición a la Secretaría de Estado de Seguridad para que le informe de cómo se llevó a cabo el proceso de desalojo, así de si los indocumentados recibieron una atención humanitaria adecuada durante los días que permanecieron en el inhóspito islote. Becerril esperará ahora a recibir la información solicitada antes de emitir un dictamen, respuesta para la que no hay estipulado un plazo determinado de tiempo.
El Gobierno, por su parte, es consciente de que la expulsión de los inmigrantes del islote de Tierra es una solución temporal ante un problema que puede reactivarse una vez las fuerzas de seguridad marroquíes relajen el dispositivo desplegado en torno a las plazas españolas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García–Margallo, subrayó ayer la necesidad de que se alcance una solución duradera a esta nueva crisis migratoria. Y para ello, dijo, es necesario alcanzar un acuerdo entre España y Marruecos en el que se implique también la UE "porque al fin y al cabo estas son también sus fronteras".
Marruecos está dispuesto a negociar pero, eso sí, sin dejar de lado sus pretensiones territoriales sobre los enclaves españoles. La solución más plausible para el Ejecutivo está en un refuerzo de la presencia de la Guardia Civil, aunque cualquier incremento de efectivos ddebe contar con el indispensable visto bueno del país vecino.
Publicado en el diario La Verdad de Murcia
Autor: Ander Azpiroz
La defensora ha elevado una petición a la Secretaría de Estado de Seguridad para que le informe de cómo se llevó a cabo el proceso de desalojo, así de si los indocumentados recibieron una atención humanitaria adecuada durante los días que permanecieron en el inhóspito islote. Becerril esperará ahora a recibir la información solicitada antes de emitir un dictamen, respuesta para la que no hay estipulado un plazo determinado de tiempo.
El Gobierno, por su parte, es consciente de que la expulsión de los inmigrantes del islote de Tierra es una solución temporal ante un problema que puede reactivarse una vez las fuerzas de seguridad marroquíes relajen el dispositivo desplegado en torno a las plazas españolas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García–Margallo, subrayó ayer la necesidad de que se alcance una solución duradera a esta nueva crisis migratoria. Y para ello, dijo, es necesario alcanzar un acuerdo entre España y Marruecos en el que se implique también la UE "porque al fin y al cabo estas son también sus fronteras".
Marruecos está dispuesto a negociar pero, eso sí, sin dejar de lado sus pretensiones territoriales sobre los enclaves españoles. La solución más plausible para el Ejecutivo está en un refuerzo de la presencia de la Guardia Civil, aunque cualquier incremento de efectivos ddebe contar con el indispensable visto bueno del país vecino.
Publicado en el diario La Verdad de Murcia
Autor: Ander Azpiroz
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