La polémica suscitada a raíz de la denuncia hecha pública en Madrid acerca de los cupos de detenciones de inmigrantes en situación irregular, ha puesto de manifiesto una realidad a la que no es ajena Canarias. De hecho, según aseguran a este periódico fuentes de la Confederación Española de Policía (CEP) en Tenerife, en las Islas también se selecciona a los sin papeles a la hora de detenerlos y expulsarlos, con el objetivo de maquillar las estadísticas. La CEP, no obstante, deja claro que a las comisarías de las Islas no ha llegado ninguna orden verbal ni por escrito relativa a este particular, aunque reconocen que "se trata de una práctica habitual que los policías se limitan a cumplir". En este sentido, la Brigada de Extranjería agrega que "es más fácil detener a inmigrantes sin antecedentes penales, porque su expediente de expulsión se suele tramitar con más celeridad que el de un delincuente, al que en estos casos favorece la legislación".
"Al final lo que cuenta es la estadística y cumplir los objetivos", inciden las mismas fuentes de la CEP, que aseguran que a final de año tanto las brigadas como las jefaturas provinciales deben cumplir unos "mínimos" que marca la Dirección General y el propio Ministerio del Interior.Esta circunstancia, denota la Confederación Española de Policía, hace que sea más fácil buscar posibles detenidos "en las estaciones de trenes, guaguas o a las puertas de un instituto", porque los inmigrantes que se concentran en estos lugares "no suelen dar problemas y son colaboradores. Esto no ocurriría si dieran la orden de detener y expulsar sólo a los que tienen antecedentes penales", explica el sindicato policial, que cree que escándalos como el de Madrid están "vinculados a la actual crisis", porque "el Gobierno va buscando que los inmigrantes en situación irregular se sientan perseguidos".
El pasado martes, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, negó que los responsables policiales hayan emitido "ninguna instrucción, circular ni orden verbal ni escrita" para establecer cupos de inmigrantes irregulares a detener. Pese a ello, y para aclarar algunos "malentendidos", la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil emitieron una instrucción en la que se establece que, en lo referente a la inmigración ilegal, se fijen sólo objetivos "cualitativos" dándoles prioridad a los problemas delictivos.
El CIE de Tenerife, al límite de su capacidad
Tras las últimas llegadas por vía marítima de inmigrantes indocumentados, los centros de internamiento de extranjeros de las Islas vuelven a estar al límite de su capacidad. El que más problemas registra a día de hoy es el de Hoya Fría, que acoge en la actualidad a cerca de 350 personas, cuando su capacidad oficial es de 318. Ello posiblemente obligará al traslado al CIE de Fuerteventura a las 55 personas que arribaron en cayuco a Tenerife el lunes. Paradójicamente, Rubalcaba se refirió el martes a los centros de internamiento, cuya situación actual dijo que "dista mucho de identificarse con cualquier situación de hacinamiento". Según el titular de Interior, en los CIE de la Península están ocupadas 786 de las 1.124 plazas disponibles, y en los de Canarias hay 542 extranjeros de las 1.763 plazas habilitadas
jueves, 19 de febrero de 2009
Separan de sus padres a un bebé internado en el CIE de Málaga tras entrar la familia en patera en España
Un centenar de personas se reunieron ayer en una concentración en la plaza de la Constitución convocada por Málaga Acoge para pedir la liberación de la familia de inmigrantes retenida en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Capuchinos después de que durante la misma mañana los servicios sociales separasen de sus padres al bebé, de apenas un año y medio. La familia llegó a Motril en patera con su hijo provenientes de Marruecos, después de recorrer media África para buscar un futuro mejor en España.
Málaga Acoge ha recurrido la orden de internamiento dictada por un juez de Granada y ha venido denunciando en las últimas semanas la reclusión de un bebé en un edificio no habilitado para menores. El Defensor del Pueblo andaluz ha pedido también la liberación de la familia, cuya nacionalidad aún no se ha establecido. Málaga Acoge teme que los progenitores sean expulsados y que la familia quede separada sin que haya una situación de desamparo que lo justifique.
Málaga Acoge ha recurrido la orden de internamiento dictada por un juez de Granada y ha venido denunciando en las últimas semanas la reclusión de un bebé en un edificio no habilitado para menores. El Defensor del Pueblo andaluz ha pedido también la liberación de la familia, cuya nacionalidad aún no se ha establecido. Málaga Acoge teme que los progenitores sean expulsados y que la familia quede separada sin que haya una situación de desamparo que lo justifique.
El último viaje de Ghali y Akhalan
El Ghali Echine y Bojmaa Akhalan embarcaron la noche del viernes junto a otras treinta personas en la patera que salió de Tarfaya rumbo a Lanzarote. El deseo de ambos de emprender una vida más próspera se hundió el pasado domingo a pocos metros de tierra en medio de un mar furioso que castigaba la abrupta costa de Los Cocoteros. Tenían 17 años y procedían de Assa, una pequeña ciudad del sur de Marruecos.Sus familiares residentes en Lanzarote ya han reconocido sus cuerpos a través de diversas fotografías que les facilitó la Guardia Civil el lunes en la zona donde se produjo el naufragio. Están realizando los trámites judiciales y del traslado de los cuerpos para repatriarlos a Marruecos y darles sepultura allí junto a sus allegados.Qisse Mahmoud vive desde hace siete años en la Isla y es primo de El Ghali por parte de madre. La familia de este último lo llamó para comentarle que el joven se había embarcado en una barquilla rumbo a Lanzarote. No tenía trabajo en su país y quería ganar dinero aquí para ayudar a su madre y su hermana, menor que él. "Yo no sabía nada de que mi primo venía, así que me puse en contacto con la Guardia Civil para saber si había llegado. Fue muy duro ver su cuerpo. Una tristeza enorme", afirmó ayer emocionado Qisse.
Como Qisse, Maelainine Ikhlenen, de 25 años, perdió a su hermano Bojmaa Akhalni en la tragedia. Está destrozado y apenas puede articular palabra. Hacía varios días que sus padres no sabían nada de su hermano, por lo que decidieron telefonear a amigos del chico en Assa para saber de su hijo. Bojmaa, que era estudiante, no les había dicho que iba a emprender una viaje clandestino hacia Canarias. Ahora esperan su cadáver.Las comunidades marroquí y saharaui recaudan dinero en Lanzarote para costear el viaje de vuelta de sus compatriotas, que tiene un coste de unos 5.000 euros en cada caso. El Cabildo les ha ofrecido su apoyo.
Publicado en el diario La Provincia de Las Palmas
Autor: Aránzazu Fernández
Foto: Ángel Machín
miércoles, 18 de febrero de 2009
La Comisión de Igualdad aprueba la reforma legal que despenaliza el aborto
La comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobó ayer con los votos de PSOE, BNG, ERC, IU e ICV la propuesta para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo planteada en el informe elaborado por la subcomisión. Por 20 votos a favor, los 16 en contra del PP y la abstención de CiU y el PNV, el informe se trasladará ahora al Gobierno para la elaboración de un proyecto de Ley del aborto que tendrá en cuenta las recomendaciones de la comisión de expertos convocada por el Ministerio de Igualdad.
Las nuevas condiciones para abortar se incluirán en el marco general de una norma sobre derechos y salud sexual y reproductiva en el ámbito de la Salud Pública, con “la consiguiente derogación del delito de aborto del Código Penal”. Así, se establecerá un periodo en el que las mujeres podrán interrumpir su embarazo sin alegar causa, y una serie de “indicaciones”, como que exista un grave peligro para la embarazada o graves anomalías, malformaciones o enfermedades en el feto, que permitirán abortar más allá de ese plazo inicial.
El texto también precisó que las jóvenes de más de 16 años no tendrán que contar con el consentimiento de sus padres para someterse a esta práctica y que se “clarificará” la objeción de conciencia de los médicos. Además, apostó por facilitar el “apoyo institucional del Estado” a todos los que llevan a cabo abortos y trabajan por “la dignificación de esta prestación sanitaria”. También se deberán adoptar medidas normativas complementarias para garantizar plenamente el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
La portavoz del PSOE en la comisión, Carmen Montón, afirmó que con esta reforma se “elimina la inseguridad jurídica, se establece la sanidad pública como garante del derecho a abortar y se pone fin a la inequidad territorial”. Por su parte, la portavoz del PP, Sandra Moneo, acusó al PSOE de “utilizar el Parlamento como coartada a sus intereses” al acelerar los debates de la subcomisión e “imponer” un texto de conclusiones elaborado sin consultar con otros grupos. “El objeto de la subcomisión no era decidir si el aborto es bueno o malo, sino dar mayor seguridad jurídica a las mujeres”, argumentó Montón, quien reprochó al PP que critique las formas “para intentar deslegitimar el fondo” y que “haga mucho ruido para desviar la atención de problemas internos suyos”.
El Partido Popular, cuyo voto particular fue rechazado, arguyó que una ley de plazos como propone el informe es inconstitucional, por lo que anunció que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional cuando sea aprobada.
Fuente: EFE
Las nuevas condiciones para abortar se incluirán en el marco general de una norma sobre derechos y salud sexual y reproductiva en el ámbito de la Salud Pública, con “la consiguiente derogación del delito de aborto del Código Penal”. Así, se establecerá un periodo en el que las mujeres podrán interrumpir su embarazo sin alegar causa, y una serie de “indicaciones”, como que exista un grave peligro para la embarazada o graves anomalías, malformaciones o enfermedades en el feto, que permitirán abortar más allá de ese plazo inicial.
El texto también precisó que las jóvenes de más de 16 años no tendrán que contar con el consentimiento de sus padres para someterse a esta práctica y que se “clarificará” la objeción de conciencia de los médicos. Además, apostó por facilitar el “apoyo institucional del Estado” a todos los que llevan a cabo abortos y trabajan por “la dignificación de esta prestación sanitaria”. También se deberán adoptar medidas normativas complementarias para garantizar plenamente el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
La portavoz del PSOE en la comisión, Carmen Montón, afirmó que con esta reforma se “elimina la inseguridad jurídica, se establece la sanidad pública como garante del derecho a abortar y se pone fin a la inequidad territorial”. Por su parte, la portavoz del PP, Sandra Moneo, acusó al PSOE de “utilizar el Parlamento como coartada a sus intereses” al acelerar los debates de la subcomisión e “imponer” un texto de conclusiones elaborado sin consultar con otros grupos. “El objeto de la subcomisión no era decidir si el aborto es bueno o malo, sino dar mayor seguridad jurídica a las mujeres”, argumentó Montón, quien reprochó al PP que critique las formas “para intentar deslegitimar el fondo” y que “haga mucho ruido para desviar la atención de problemas internos suyos”.
El Partido Popular, cuyo voto particular fue rechazado, arguyó que una ley de plazos como propone el informe es inconstitucional, por lo que anunció que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional cuando sea aprobada.
Fuente: EFE
72 inmigrantes hindúes piden ser enviados a la Península tras llevar casi un año viviendo en los montes de Ceuta
Un grupo de 72 inmigrantes indios han solicitado por escrito a la Delegación del Gobierno de Ceuta ser enviados a la península después de vivir diez meses en los montes y haber recogido más de 2.500 firmas para que no se les expulse del país, donde algunos de ellos llevan ya cerca de dos años.
El portavoz del colectivo, Gurpreet Singh, ha explicado en la carta remitida a las autoridades de la ciudad que 33 inmigrantes de Bangladesh consiguieron en 2007 que se les enviara a la Península tras permanecer tres meses en el monte. Gurpreet Singh se ha preguntado en la carta si "hace falta que mueran personas en la India para que se nos acepte a nosotros", en referencia a que los inmigrantes de Bangladesh fueron trasladados a la península por el terremoto que asoló su país.
Los indios han detallado que llevan "más de cuatro años sin ver a nuestras familias y si somos deportados, no seremos nadie, no tenemos nada, estaremos muertos". De los 72 inmigrantes, un grupo de 59 de ellos está viviendo en el monte cercano al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) desde abril de 2008 en señal de protesta.
Fuente: EFE
El portavoz del colectivo, Gurpreet Singh, ha explicado en la carta remitida a las autoridades de la ciudad que 33 inmigrantes de Bangladesh consiguieron en 2007 que se les enviara a la Península tras permanecer tres meses en el monte. Gurpreet Singh se ha preguntado en la carta si "hace falta que mueran personas en la India para que se nos acepte a nosotros", en referencia a que los inmigrantes de Bangladesh fueron trasladados a la península por el terremoto que asoló su país.
Los indios han detallado que llevan "más de cuatro años sin ver a nuestras familias y si somos deportados, no seremos nadie, no tenemos nada, estaremos muertos". De los 72 inmigrantes, un grupo de 59 de ellos está viviendo en el monte cercano al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) desde abril de 2008 en señal de protesta.
Fuente: EFE
Más de 60.000 refugiados huyen en todas direcciones de la violencia en el Congo
Miles de refugiados están huyendo de la República Democrática del Congo en varias direcciones a causa de los diversos enfrentamientos registrados en el vasto país, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Más de 15.000 congoleños huyeron hacia el sur de Sudán en los últimos meses para escapar de la violencia de los rebeldes ugandeses del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por su sigla en inglés), que han atacado localidades del noreste de Congo varias veces desde enero, ha declarado el portavoz de ACNUR, Ron Redmond.Unos 3.000 ruandeses que residían en el este de Congo también dejaron el país en las últimas seis semanas, por temor a quedar atrapados en el medio de una ofensiva conjunta de Ruanda y Congo contra otro grupo rebelde de la región, las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FLDR, por su sigla en inglés). Y alrededor de 47.000 refugiados congoleños han llegado a Uganda desde que se agravó el enfrentamiento contra el FLDR en la provincia Kivu Norte el año pasado, con 180 personas cruzando la frontera diariamente, dijo Redmond. Congo "está enviando refugiados en varias direcciones", afirmó Redmond, quien explicó que un reciente ataque del LRA en la ciudad de Aba, al noreste de Congo, provocó la huida de hasta 100.000 personas, la mayoría de los cuales buscaron refugio en el sur de Sudán o cerca de la frontera con Congo, donde los rebeldes siguen operando.
Peligro en las fronteras
"Es fundamental alejar a todos estos refugiados de las áreas de frontera, tanto por razones de seguridad como para facilitar la distribución de ayuda", dijo Redmond, enfatizando que la próxima temporada de lluvias impedirá el tránsito por rutas clave para la región. En el este del país, se prevé que miles de civiles ruandeses sigan cruzando hacia su país como resultado de la escalada de la violencia.
"La mayoría de estas personas pasaron casi 15 años en la RDC y en muchos lugares se integraron con comunidades locales congoleñas", añadió Redmond. ACNUR y otras agencias humanitarias están trabajando para distribuir agua potable y alimentos, construir letrinas y ayudar a movilizar a las personas a centros de tránsito en respuesta a la múltiples demandas en Congo, una ex colonia belga con una población de casi 67 millones de habitantes. Además de Sudán, Uganda y Ruanda, los otros vecinos del país son Angola, Zambia, Tanzania, Burundi, República Centroafricana y el pequeño Congo-Brazzaville.
Foto: Reuters
Un trágico recuento de cadáveres
La patera que naufragó el pasado domingo en aguas de Lanzarote ya ocupa su negro lugar en la historia de la inmigración clandestina en España. No en vano, los 25 fallecidos cuyos cuerpos han sido ya recuperados, pasan por ser la cifra más alta de entre las contabilizadas en tierra desde que arribó la primera barcaza clandestina a las costas españolas en 1988.El número de muertos incluso podría ser mayor, a tenor de las declaraciones tomadas a varios de los seis supervivientes del naufragio, quienes afirman que en la patera viajaban 32 personas, en lugar de las 28 de las que se habló en un principio. De este modo, aún estaría por determinar el paradero de otro inmigrante, tras quedar descartado que alguna persona pudiera haber huido tras llegar a nado hasta la playa de Los Cocoteros.
Fue el juez de Primera Instancia e Instrucción del Juzgado Número 1 de Arrecife, Ricardo Fiestras Gil, quien confirmó ayer que en la barquilla viajaban 32 sin papeles, de los que cuatro eran niños pequeños de entre 8 y 11 años. El resto serían dos mujeres adultas y 26 varones, cuya edad no especificó el magistrado. El juzgado precisó que la patera, que contaba con un pequeño motor de gasolina, salió de Tarfaya (Marruecos) y, "al llegar cerca de la costa de Lanzarote, volcó al chocar contra una roca". El juez puntualizó que aún está por establecer si el patrón de la patera se encuentra entre los cadáveres rescatados, y recalcó que ninguna de las mujeres fallecidas se encontraba embarazada. El magistrado subrayó que no hay constancia de que ningún ocupante de la barcaza llegara a la costa y huyera, a pesar de algunos testimonios de vecinos de la zona y policías locales, que indicaron lo contrario en un primer momento. De igual modo, el Ministerio del Interior de Marruecos, a través de su homólogo español, ha solicitado que se faciliten las fotografías de los fallecidos para su identificación y posterior repatriación.
Tras los datos aportados por el juzgado de Arrecife, se retomaron las labores de búsqueda de los inmigrantes desaparecidos, un operativo que había sido suspendido a mediodía tras ser hallado el cadáver número 22. A media tarde, agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, en colaboración con una embarcación del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno canario, localizaban tres nuevos cuerpos correspondientes a niños de entre 13 y 15 años.
La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Inés Rojas, reconoció que en la patera viajaban una veintena de menores, de los que sólo uno habría sobrevivido. Una de las mujeres viajaba con sus tres hijos, que perecieron junto a ella. Rojas invitó a las administraciones a "reflexionar" para ver qué podemos hacer en los países de origen. "No se trata de dar más ayuda, sino de ayudar de una mejor manera", arguyó la consejera regional, quien explicó que "debemos trabajar juntos para evitar que se repitan sucesos como éste, porque Canarias no puede acostumbrarse a hechos así".
Las víctimas serán despedidas esta tarde con una misa organizada en la Iglesia de San Ginés de Arrecife y a la que, entre otras autoridades, tiene previsto asistir el presidente del Ejecutivo regional, Paulino Rivero.
Los menores se multiplican por cinco en sólo dos meses
La tragedia de la patera siniestrada en Lanzarote ha vuelto a poner de manifiesto la grave situación de los menores extranjeros no acompañados en Canarias. No en vano, una veintena de los ocupantes que viajaban en la barquilla accidentada eran menores de edad, varios de ellos hermanos. En este sentido, en lo que va de año han arribado a las costas del Archipiélago en torno a 120 menores inmigrantes, cinco veces más de los que llegaron en los dos primeros meses de 2008. Si se mantiene esta progresión, a finales de año podrían arribar más de un millar de jóvenes africanos. Para mitigar este grave problema, la Consejería de Bienestar Social está a la espera de que la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, ofrezca alguna instalación alternativa que contribuya a aliviar la actual saturación de los dispositivos de emergencia de las Islas. Este macroespacio, que serviría de base para las derivaciones de menores a la Península, podría ubicarse en La Laguna, en zonas como Las Raíces o Los Rodeos
Fue el juez de Primera Instancia e Instrucción del Juzgado Número 1 de Arrecife, Ricardo Fiestras Gil, quien confirmó ayer que en la barquilla viajaban 32 sin papeles, de los que cuatro eran niños pequeños de entre 8 y 11 años. El resto serían dos mujeres adultas y 26 varones, cuya edad no especificó el magistrado. El juzgado precisó que la patera, que contaba con un pequeño motor de gasolina, salió de Tarfaya (Marruecos) y, "al llegar cerca de la costa de Lanzarote, volcó al chocar contra una roca". El juez puntualizó que aún está por establecer si el patrón de la patera se encuentra entre los cadáveres rescatados, y recalcó que ninguna de las mujeres fallecidas se encontraba embarazada. El magistrado subrayó que no hay constancia de que ningún ocupante de la barcaza llegara a la costa y huyera, a pesar de algunos testimonios de vecinos de la zona y policías locales, que indicaron lo contrario en un primer momento. De igual modo, el Ministerio del Interior de Marruecos, a través de su homólogo español, ha solicitado que se faciliten las fotografías de los fallecidos para su identificación y posterior repatriación.
Tras los datos aportados por el juzgado de Arrecife, se retomaron las labores de búsqueda de los inmigrantes desaparecidos, un operativo que había sido suspendido a mediodía tras ser hallado el cadáver número 22. A media tarde, agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, en colaboración con una embarcación del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno canario, localizaban tres nuevos cuerpos correspondientes a niños de entre 13 y 15 años.
La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Inés Rojas, reconoció que en la patera viajaban una veintena de menores, de los que sólo uno habría sobrevivido. Una de las mujeres viajaba con sus tres hijos, que perecieron junto a ella. Rojas invitó a las administraciones a "reflexionar" para ver qué podemos hacer en los países de origen. "No se trata de dar más ayuda, sino de ayudar de una mejor manera", arguyó la consejera regional, quien explicó que "debemos trabajar juntos para evitar que se repitan sucesos como éste, porque Canarias no puede acostumbrarse a hechos así".
Las víctimas serán despedidas esta tarde con una misa organizada en la Iglesia de San Ginés de Arrecife y a la que, entre otras autoridades, tiene previsto asistir el presidente del Ejecutivo regional, Paulino Rivero.
Los menores se multiplican por cinco en sólo dos meses
La tragedia de la patera siniestrada en Lanzarote ha vuelto a poner de manifiesto la grave situación de los menores extranjeros no acompañados en Canarias. No en vano, una veintena de los ocupantes que viajaban en la barquilla accidentada eran menores de edad, varios de ellos hermanos. En este sentido, en lo que va de año han arribado a las costas del Archipiélago en torno a 120 menores inmigrantes, cinco veces más de los que llegaron en los dos primeros meses de 2008. Si se mantiene esta progresión, a finales de año podrían arribar más de un millar de jóvenes africanos. Para mitigar este grave problema, la Consejería de Bienestar Social está a la espera de que la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, ofrezca alguna instalación alternativa que contribuya a aliviar la actual saturación de los dispositivos de emergencia de las Islas. Este macroespacio, que serviría de base para las derivaciones de menores a la Península, podría ubicarse en La Laguna, en zonas como Las Raíces o Los Rodeos
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