La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, recordó hoy, en el Día de la Emigración, que los inmigrantes deben gozar del mismo derecho a la dignidad y a la justicia que el resto de ciudadanos. "Sesenta años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la noción de que los inmigrantes disfrutan de los mismos derechos humanos que los nacionales aún no es aceptada por una vasta mayoría de Estados", reza el comunicado de Pillay. "Todos los inmigrantes tienen el mismo derecho a la igualdad y a la justicia, como cualquier otra persona", agregó.
Pillay recordó que la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Inmigrantes y los miembros de su familia entró en vigor 13 años después de ser promulgada a causa de la lentitud y la desidia de los Estados para ratificarla. A fecha de hoy, sólo 40 Estados la han ratificado. "Y la Convención hunde sus raíces en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo principal principio es que todos los hombres y las mujeres son iguales y no pueden ser tratados de forma distinta en función de su nacionalidad o su país de origen", agregó la Alta Comisionada.
Pillay señaló que los inmigrantes siguen siendo discriminados en casi todas las sociedades, son explotados laboralmente y se les paga menos salario que a los nacionales a igual trabajo. "A los inmigrantes se les niega constantemente sus derechos a la seguridad social y la vivienda, y son excluidos de muchas oportunidades. Parece que los Estados, a pesar de que dependen de su trabajo para una gran cantidad de servicios, todavía tratan a los inmigrantes como seres humanos de segunda clase", agregó Pillay.
La Alta Comisionada lamentó, asimismo, que exista una creciente criminalización de la inmigración irregular, y que la colaboración interestatal haya provocado, en muchos casos, la violación de los derechos humanos de esas personas, incluyendo el retorno forzado a unos países donde pueden ser perseguidos.
Fuente: EFE
jueves, 18 de diciembre de 2008
Imágenes que valen más que mil palabras
La imagen de una niña haitiana caminando descalza entre charcos de barro y mugre en un barrio de chabolas de Puerto Príncipe, obra de la joven fotógrafa belga Alice Smeets, ha sido elegida en Berlín como la mejor fotografía del año por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). La instantánea, captada el año pasado por Smeets, de 21 años, en un barrio marginal de la capital haitiana, muestra a una niña con un vestido de un blanco inmaculado y lazos en el pelo del mismo color que pasa junto a unos cerdos negros y rodeada de inmundicia.El segundo premio fue para el israelí Oded Balilty, fotógrafo de Associated Press, donde se muestra a una niña que hace cola para recibir un ración diaria de alimento en un campo de refugiados tras el terremoto que en mayo azotó la provincia china de Sichuan, en el que perecieron 70.000 personas. El jurado destaca su fotografía por la "conmovedora ambivalencia" reflejada en la mirada de la niña, de la que "no se sabe si ha perdido a sus padres, tiene hambre o simplemente está aburrida de esperar".
El tercer premio reconoció una instantánea en blanco y negro del fotógrafo húngaro Balazs Gardi, titulada Daños colaterales, en la que un hombre afgano sostiene entre sus brazos a su hijo malherido. La imagen plasma la desesperación de la población afgana que habita en aldeas de montaña en la provincia de Kunar, al noroeste del país y que es víctima del enfrentamiento entre la guerrilla talibán y las tropas estadounidenses.
Aumentan las violaciones y el reclutamiento forzoso de menores en el Congo
La organización Human Rights Watch insta al Consejo de Seguridad de la ONU a que responda con duras medidas al creciente número de actos de violencia cometidos contra la población infantil en el conflicto de la República Democrática del Congo (RDC). La organización de derechos humanos ha entregado una carta al máximo órgano su preocupación por el aumento en el número de violaciones sexuales, agresiones y reclutamientos ilegales que padecen los menores en la zona de conflicto en el este del país africano. La misiva solicita al grupo de trabajo del Consejo de Seguridad sobre menores y conflictos armados a que responda con contundencia a esta situación en la reunión que tienen programada en los próximos días.HRW asegura que al menos 175 niños han sido reclutados por la fuerza desde que se reanudaron el pasado agosto los combates entre el Ejército congoleño y las fuerzas rebeldes del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP). Decenas de menores también han sido objeto de agresiones sexuales por parte de las diferentes fuerzas enfrentadas en el conflicto, como HRW pudo comprobar en una visita la semana pasada a la zona, aseguró la organización en el comunicado.
Desolador panorama
"Hubiésemos deseado que los miembros del Consejo de Seguridad hubieran acompañado a nuestros investigadores. El contemplar a niños drogados empuñando (fusiles) AK-47 les hubiera convencido de que deben tomar acciones más firmes", señaló la activista en favor de la infancia de HRW, Jo Becker. Investigadores de la organización de derechos humanos visitaron la semana pasada las localidades de Nyamilima y Ishasha, en la provincia de Kivu Norte, en las que vieron a una treintena de menores custodiando barricadas y patrullando la ciudad. Algunos no llegaban a los 12 años y cuatro de ellos eran niñas, según HRW. La organización indicó que estos niños soldados se encontraban en áreas controladas por las milicias Mai Mai, afines al Gobierno congolés y al grupo armado ruandés Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR).
Por otra parte, el CNDP ha llevado a cabo en las localidades que domina reclutamientos puerta a puerta de menores para que engrosen sus filas. HRW aseguró haber documentado episodios de violaciones sexuales de mujeres y niñas por parte de soldados gubernamentales, rebeldes del CNDP, del FDLR y de las milicias Mai Mai. Los combates que se produjeron entre agosto y octubre en el este de la RDC han causado centenares de muertos y heridos, la mayoría civiles, además del desplazamiento de más de 250.000 personas, según Naciones Unidas.
Fuente: EFE
Foto: Reuter
Noruega aprueba criminalizar la prostitución a partir de 2009
El Odelsting (Cámara Baja) del Parlamento noruego aprobó recientemente una propuesta del Gobierno para criminalizar la prostitución a partir del 1 de enero de 2009. La moción, que castiga a los clientes, fue apoyada por el Partido Laborista del primer ministro, Jens Stoltenberg, y sus socios, el Partido de Centro y el Partido de la Izquierda Socialista, así como por el opositor Partido Popular Cristiano.
La contratación de servicios sexuales de prostitutas adultas será castigada con multas, prisión de hasta 6 meses o una combinación de ambos, mientras que en el caso de prostitutas menores de edad las penas serán de hasta 2 años de cárcel. El debate, que duró más de once horas, finalizó cerca de la medianoche, entre las protestas de los principales grupos de la oposición, que criticaron la rapidez con que se ha tramitado la ley y la ausencia de una política social. El populista-derechista Partido del Progreso denunció que la situación de las prostitutas irá a peor y que muchas seguirán trabajando "bajo tierra".
El Gobierno aprobó la semana pasada una ayuda de 10 millones de coronas noruegas (1,1 millones de euros) para ayudar a las prostitutas en cuanto la ley entre en vigor. Las autoridades han encargado además a la fundación noruega FAFO que elabore un estudio sobre los ambientes de prostitución en el país antes de enero y una evaluación de la ley una vez que haya entrado en vigor. La moción del Gobierno deberá aún ser aprobada por el Lagting (Cámara Alta), aunque se considera un mero trámite, ya que normalmente éste se limita a sancionar las leyes adoptadas por el Odelsting.
Suecia fue el primer país en criminalizar la prostitución en 1999.
La contratación de servicios sexuales de prostitutas adultas será castigada con multas, prisión de hasta 6 meses o una combinación de ambos, mientras que en el caso de prostitutas menores de edad las penas serán de hasta 2 años de cárcel. El debate, que duró más de once horas, finalizó cerca de la medianoche, entre las protestas de los principales grupos de la oposición, que criticaron la rapidez con que se ha tramitado la ley y la ausencia de una política social. El populista-derechista Partido del Progreso denunció que la situación de las prostitutas irá a peor y que muchas seguirán trabajando "bajo tierra".
El Gobierno aprobó la semana pasada una ayuda de 10 millones de coronas noruegas (1,1 millones de euros) para ayudar a las prostitutas en cuanto la ley entre en vigor. Las autoridades han encargado además a la fundación noruega FAFO que elabore un estudio sobre los ambientes de prostitución en el país antes de enero y una evaluación de la ley una vez que haya entrado en vigor. La moción del Gobierno deberá aún ser aprobada por el Lagting (Cámara Alta), aunque se considera un mero trámite, ya que normalmente éste se limita a sancionar las leyes adoptadas por el Odelsting.
Suecia fue el primer país en criminalizar la prostitución en 1999.
Muchos subsaharianos pagan con su vida el intento de pasar de Egipto a Israel
Miles de subsaharianos llegan cada año a Egipto huyendo de guerras y miserias con la falsa esperanza de poder dar el salto después a algún país occidental. Una minoría consigue el estatus de refugiado político que otorga el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que tiene una oficina en El Cairo. El resto intenta abrirse camino como puede en la capital egipcia, con trabajos muy precarios. La desesperación arrastra a muchos a intentar entrar clandestinamente a Israel.Un reciente informe de Human Rights Watch (HRW) revela que desde junio del 2007, al menos 33 inmigrantes han muerto en el intento, entre ellos una mujer embarazada y una niña de 7 años. Todos fueron abatidos a tiros por la policía fronteriza egipcia, que patrulla a lo largo de la alambrada que separa a ambos países, según denuncia el texto, que habla también de decenas de heridos y centenares de detenidos que son juzgados por tribunales militares y sentenciados a penas de prisión.
Es el caso de John, un sudanés católico de 25 años y casi dos metros de altura, que llegó a Egipto en el 2004, justo antes de empezar la universidad. “Mi madre me animó a escapar de Sudán porque estaba en edad militar y mi país estaba entonces en guerra. La paz llegó un año después, pero no puedo volver porque corro peligro”, explicó en el diminuto apartamento que comparte con otros dos negros en un barrio popular del norte de El Cairo. Procede del sur del Sudán limítrofe con Uganda, mayoritariamente cristiano y animista.
Tentar a la suerte
John tentó a la suerte hace un par de años junto con un amigo suyo: “En Israel tengo amigos que entraron clandestinamente y ahora trabajan como camareros, limpiando casas o en la agricultura. Yo quiero estudiar medicina y por eso lo intenté”. Así que contactó con un grupo de beduinos que se dedica a hacer este tipo de trabajo, a cambio de 450 dólares (unos 350 euros). “Nos hicieron caminar de noche por el desierto durante más de dos horas hasta que llegamos a una zona donde era fácil pasar al otro lado”, recuerda. “Cuando llegó el momento, mi amigo se puso a correr, pero yo no pude porque apareció un policía que empezó a disparar al aire. Me entró el pánico y al final me arrestaron. Mi amigo lo logró”.
John fue conducido a una cárcel de Port Said, a unos 130 kilómetros al noreste de El Cairo, donde pasó más de dos meses encerrado con otras 25 personas en una celda. Durante el cautiverio, uno de los presos “empezó a vomitar sangre” y murió, dice con amargura. Después, un tribunal le sentenció a un año de cárcel, que pasó en la penitenciaría para extranjeros que hay en la capital egipcia. “Durante este tiempo, mi mujer que vive en Sudán me abandonó y dejó al cuidado de mi madre a nuestro hijo, que nació justo antes de que yo escapara. Solo he visto al pequeño en fotografía”, señala. Tampoco ha podido contactar directamente con su compañero de aventura, pero sabe que está bien y trabajando en la ciudad israelí de Eliat. En los dos últimos años, más de 13.000 negros africanos, principalmente sudaneses y eritreos, han pasado la frontera, según HRW.
De brazos cruzados
“Nuestros guardas fronterizos no van a quedarse con los brazos cruzados mirando a aquellos que tratan de cruzar la frontera de forma ilegal”, afirma el gobernador del Norte del Sinaí, el general Mohamed Abdel Fadeel, que acusó a Israel de fomentar la llegada de clandestinos desde Egipto para “utilizarlos como fuente de información y mano de obra barata”.El número de muertos y detenidos en la frontera ha aumentado desde que en julio del 2007 los gobiernos de El Cairo y Tel – Aviv acordaron potenciar la seguridad. El informe de HRW acusa al Estado hebreo de haber deportado en los dos últimos años a 139 negros africanos a Egipto. Desde aquí, algunos fueron enviados a sus países de origen a pesar de que corrían el “riego de ser perseguidos”. John, que ahora trabaja en El Cairo como profesor, lo tiene claro. “Tengo amigos sudaneses que me piden consejo. Yo les digo que no vale la pena, a pesar de que es gente que solo buscan una oportunidad para salir adelante; como yo.”.
Publicado en El Periódico de Cataluña
Autor: Kim Amor
Es el caso de John, un sudanés católico de 25 años y casi dos metros de altura, que llegó a Egipto en el 2004, justo antes de empezar la universidad. “Mi madre me animó a escapar de Sudán porque estaba en edad militar y mi país estaba entonces en guerra. La paz llegó un año después, pero no puedo volver porque corro peligro”, explicó en el diminuto apartamento que comparte con otros dos negros en un barrio popular del norte de El Cairo. Procede del sur del Sudán limítrofe con Uganda, mayoritariamente cristiano y animista.
Tentar a la suerte
John tentó a la suerte hace un par de años junto con un amigo suyo: “En Israel tengo amigos que entraron clandestinamente y ahora trabajan como camareros, limpiando casas o en la agricultura. Yo quiero estudiar medicina y por eso lo intenté”. Así que contactó con un grupo de beduinos que se dedica a hacer este tipo de trabajo, a cambio de 450 dólares (unos 350 euros). “Nos hicieron caminar de noche por el desierto durante más de dos horas hasta que llegamos a una zona donde era fácil pasar al otro lado”, recuerda. “Cuando llegó el momento, mi amigo se puso a correr, pero yo no pude porque apareció un policía que empezó a disparar al aire. Me entró el pánico y al final me arrestaron. Mi amigo lo logró”.
John fue conducido a una cárcel de Port Said, a unos 130 kilómetros al noreste de El Cairo, donde pasó más de dos meses encerrado con otras 25 personas en una celda. Durante el cautiverio, uno de los presos “empezó a vomitar sangre” y murió, dice con amargura. Después, un tribunal le sentenció a un año de cárcel, que pasó en la penitenciaría para extranjeros que hay en la capital egipcia. “Durante este tiempo, mi mujer que vive en Sudán me abandonó y dejó al cuidado de mi madre a nuestro hijo, que nació justo antes de que yo escapara. Solo he visto al pequeño en fotografía”, señala. Tampoco ha podido contactar directamente con su compañero de aventura, pero sabe que está bien y trabajando en la ciudad israelí de Eliat. En los dos últimos años, más de 13.000 negros africanos, principalmente sudaneses y eritreos, han pasado la frontera, según HRW.
De brazos cruzados
“Nuestros guardas fronterizos no van a quedarse con los brazos cruzados mirando a aquellos que tratan de cruzar la frontera de forma ilegal”, afirma el gobernador del Norte del Sinaí, el general Mohamed Abdel Fadeel, que acusó a Israel de fomentar la llegada de clandestinos desde Egipto para “utilizarlos como fuente de información y mano de obra barata”.El número de muertos y detenidos en la frontera ha aumentado desde que en julio del 2007 los gobiernos de El Cairo y Tel – Aviv acordaron potenciar la seguridad. El informe de HRW acusa al Estado hebreo de haber deportado en los dos últimos años a 139 negros africanos a Egipto. Desde aquí, algunos fueron enviados a sus países de origen a pesar de que corrían el “riego de ser perseguidos”. John, que ahora trabaja en El Cairo como profesor, lo tiene claro. “Tengo amigos sudaneses que me piden consejo. Yo les digo que no vale la pena, a pesar de que es gente que solo buscan una oportunidad para salir adelante; como yo.”.
Publicado en El Periódico de Cataluña
Autor: Kim Amor
miércoles, 17 de diciembre de 2008
Denuncian la falta de asistencia psicológica en los CIE de Canarias
Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) en España vuelven a estar en el ojo del huracán, y los ubicados en Canarias no son una excepción. Las ONG que componen la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga conmemoraron el lunes el Día de las Migraciones, que se celebra mañana, a las puertas del CIE de Capuchinos. La citada plataforma denunció de esta forma la muerte de un inmigrante boliviano tras su paso por estas dependencias. Según fuentes de esta asociación, el inmigrante, que intentó suicidarse, tendría que haber tenido tratamiento psicológico, que supuestamente no se le concedió "por su rápida expulsión". Esta persona falleció cuando regresó a su país. Las referidas ONG han denunciado este caso ante los defensores del pueblo andaluz y español, quienes han abierto una investigación.
En las Islas, hasta la fecha, no se han constatado oficialmente casos similares al del Málaga, aunque de manera periódica entidades como la Cruz Roja, Médicos del Mundo y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) vienen denunciando "irregularidades" en estas instalaciones. Una de ellas es, precisamente, la falta de asistencia psicológica para los internos. Muchos de estos, según explica la organización Médicos del Mundo, presentan trastornos provocados por la situación que padecen y la angustia por la posible repatriación a sus países de origen. Esta carencia ya fue puesta de manifiesto en un informe financiado por el Parlamento Europeo y elaborado por la consultora ’Steps’. En concreto, tienen riesgo de sufrir algunas enfermedades relacionadas con su situación personal, como el síndrome de Ulises o la distemia. Según el documento elaborado por ’Steps Consulting’, los CIE españoles "se parecen demasiado a cárceles, donde los internos están prácticamente confinados en sus celdas, con malas condiciones de salubridad y poco personal médico". Los malos tratos también estaban mencionados en el referido estudio: "Los inmigrantes han denunciado numerosos actos violentos perpetrados por el personal de seguridad", denotaba la consultora Sara Prestianni, miembro de Migreurop, una red europea de militantes e investigadores cuyo objetivo es el de dar a conocer la generalización del encierro de los extranjeros desprovistos de título de estancia y la multiplicación de los campos, dispositivo que fundamenta la política migratoria de la Unión Europea.
Ante estas denuncias, el Ministerio del Interior nunca ha querido hacer demasiados comentarios, e incluso sigue sin permitir el acceso a los medios de comunicación. "Los CIE están bajo unas determinadas leyes. Si hubiera alguna cosa que no funcionara, las personas lo pueden denunciar. No entramos en valoraciones a través de los medios de comunicación", afirma a este periódico un portavoz ministerial.
CEAR Canarias no tiene constancia de que se hayan producido intentos de suicidio en alguno de los centros de internamiento del Archipiélago, aunque insiste en que la asistencia psicológica brilla por su ausencia. Y es que, pese a que en Hoya Fría (Tenerife), Barranco Seco (Gran Canaria) y El Matorral (Fuerteventura) hay médicos, no se hace un seguimiento de las personas con trastornos psicosociales, quienes en ningún caso son atendidos una vez son repatriados a sus países de origen.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado subraya que solo las personas que son derivadas a la Península reciben asistencia, aunque el volumen de inmigrantes que llegan es tal que resulta muy complicado mantener los tratamientos en el tiempo. España carece de una normativa detallada sobre los CIE, como sí existe en materia penitenciaria. Así, cada centro es independiente de otro. Las normas las pone cada uno más o menos como puede", reconoce el sindicato policial SUP. "Hay una dispersión de las interpretaciones con respecto a las condiciones de internamiento. No hay una unidad de criterio definida", asegura José Antonio Moreno, abogado experto en extranjería. Porque, a diferencia de una cárcel, donde los presos los controlan funcionarios, en un CIE la custodia de los internos está encargada a la policía. Y ésta aplica sus propios criterios de seguridad. Hay alternativas, modelos mejores. El más elogiado es el francés, porque los internos son controlados por trabajadores sociales. La policía sólo se encarga del perímetro de los centros.
En las Islas, hasta la fecha, no se han constatado oficialmente casos similares al del Málaga, aunque de manera periódica entidades como la Cruz Roja, Médicos del Mundo y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) vienen denunciando "irregularidades" en estas instalaciones. Una de ellas es, precisamente, la falta de asistencia psicológica para los internos. Muchos de estos, según explica la organización Médicos del Mundo, presentan trastornos provocados por la situación que padecen y la angustia por la posible repatriación a sus países de origen. Esta carencia ya fue puesta de manifiesto en un informe financiado por el Parlamento Europeo y elaborado por la consultora ’Steps’. En concreto, tienen riesgo de sufrir algunas enfermedades relacionadas con su situación personal, como el síndrome de Ulises o la distemia. Según el documento elaborado por ’Steps Consulting’, los CIE españoles "se parecen demasiado a cárceles, donde los internos están prácticamente confinados en sus celdas, con malas condiciones de salubridad y poco personal médico". Los malos tratos también estaban mencionados en el referido estudio: "Los inmigrantes han denunciado numerosos actos violentos perpetrados por el personal de seguridad", denotaba la consultora Sara Prestianni, miembro de Migreurop, una red europea de militantes e investigadores cuyo objetivo es el de dar a conocer la generalización del encierro de los extranjeros desprovistos de título de estancia y la multiplicación de los campos, dispositivo que fundamenta la política migratoria de la Unión Europea.
Ante estas denuncias, el Ministerio del Interior nunca ha querido hacer demasiados comentarios, e incluso sigue sin permitir el acceso a los medios de comunicación. "Los CIE están bajo unas determinadas leyes. Si hubiera alguna cosa que no funcionara, las personas lo pueden denunciar. No entramos en valoraciones a través de los medios de comunicación", afirma a este periódico un portavoz ministerial.
CEAR Canarias no tiene constancia de que se hayan producido intentos de suicidio en alguno de los centros de internamiento del Archipiélago, aunque insiste en que la asistencia psicológica brilla por su ausencia. Y es que, pese a que en Hoya Fría (Tenerife), Barranco Seco (Gran Canaria) y El Matorral (Fuerteventura) hay médicos, no se hace un seguimiento de las personas con trastornos psicosociales, quienes en ningún caso son atendidos una vez son repatriados a sus países de origen.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado subraya que solo las personas que son derivadas a la Península reciben asistencia, aunque el volumen de inmigrantes que llegan es tal que resulta muy complicado mantener los tratamientos en el tiempo. España carece de una normativa detallada sobre los CIE, como sí existe en materia penitenciaria. Así, cada centro es independiente de otro. Las normas las pone cada uno más o menos como puede", reconoce el sindicato policial SUP. "Hay una dispersión de las interpretaciones con respecto a las condiciones de internamiento. No hay una unidad de criterio definida", asegura José Antonio Moreno, abogado experto en extranjería. Porque, a diferencia de una cárcel, donde los presos los controlan funcionarios, en un CIE la custodia de los internos está encargada a la policía. Y ésta aplica sus propios criterios de seguridad. Hay alternativas, modelos mejores. El más elogiado es el francés, porque los internos son controlados por trabajadores sociales. La policía sólo se encarga del perímetro de los centros.
"En Marruecos tampoco será fácil, pero es mi casa"
Es curioso, pero Saida T. recuerda sin estridencias aquella fría mañana de noviembre de 1999 en que llegó a España en patera. Como si cruzar el estrecho en una frágil embarcación hubiera sido lo más normal del mundo. "Soñaba con vivir mejor y me vine. Pagué 1.500 euros por el billete en la patera", cuenta. Reconoce que pasó "miedo" y que fue "muy duro", pero habla de aquella peligrosa travesía como de un peaje lógico, inevitable, en la búsqueda de una vida mejor. Entonces, esta joven tangerina llevaba una maleta llena de sueños, de esas que dan alas.Nueve años después de jugarse la vida en el mar, Saida se ha rendido.
"Desde que llegué no he parado de trabajar. Pero después de todo este esfuerzo, solo tengo cinco euros en mi cuenta", explica y pone sobre la mesa su decisión irrevocable de regresar a Marruecos. Y eso pese a tener los papeles en regla y un trabajo.Un fracaso para todosSaida dimite del sueño europeo. "Me vuelvo. Aquí no puedo vivir. Soy madre soltera y no llego a fin de mes", clama antes de detallar, calculadora en mano, su hoja de gastos mensuales: "Yo gano 785 euros al mes. Y solo el alquiler del piso ya me cuesta 630. Después he de pagar el gas, la luz y el agua. ¿Y con qué le doy de comer a mi hija? ¿Y cómo pago a la mujer que me la cuida mientras estoy trabajando?".Pese a ser madre soltera con una hija de pocos años a su cargo, Saida no ha recibido ninguna ayuda social.
"La asistenta siempre me decía que no podía hacer nada por mí. Ni beca de comedor me dieron", lamenta. Su abandono administrativo pone en tela de juicio la efectividad de los servicios sociales para atender a quien realmente lo necesita.Abderrahim Nayib, un educador social marroquí que ha intentado ayudarla, sentencia: "La marcha de Saida es un fracaso para todos. Primero, para ella misma. Y luego para una sociedad que no ha sabido amparar a una trabajadora madre soltera y a su hija de 7 años". Ahora su decisión es inamovible. Prefiere arriesgarse al difícil destino de madre soltera en Marruecos antes que seguir aquí, atrapada en el cepo de un sueldo insuficiente y unos gastos disparados. "Sé que en Marruecos no será fácil, pero por lo menos estaré en mi casa con mi madre. No ganaré 785 euros al mes, pero tampoco tendré que pagar alquiler, luz, agua y gas. No tendré que estar todo el día corriendo de arriba abajo, sin poder ver a mi hija, para que el día 10 de cada mes ya no tenga ni un euro", remata.Saida no se acogerá al plan de retorno voluntario propuesto por el Gobierno. No puede esperar.
"Mañana tengo que dejar el piso en que vivo. Si me quedo más días debería pagar otro mes de alquiler y no tengo dinero. Así que no puedo esperar a que se lleve a cabo el trámite".Además, se muere de ganas por ver a su hija, que nació y se crió en Catalunya. En verano, Saida se la llevó a Marruecos. Las vecinas y las profesoras de la escuela enseguida echaron de menos a aquella nena rubia y vivaracha. "Todas me preguntan dónde está mi niña", relata. "Pensaba en dejarla con mi madre mientras yo intentaba encontrar otro trabajo con que salir adelante aquí. Creía que cuando las cosas mejoraran y yo remontara el vuelo la podría traer de nuevo. Ahora he llegado a la conclusión de que no hay nada que hacer y que soy yo la que se vuelve con ella", explica."Emigrar es de tontos"Saida se arrepiente de haber emigrado. "Si lo llego a saber, me quedo en casa. Emigrar es una tontería. He desperdiciado mi juventud. Después de jugarme la vida en la patera y matarme a trabajar durante años, tengo que vender los muebles para pagar el billete de vuelta a Marruecos", lamenta bajando la mirada, avergonzada por su fracaso. Ahora, ya tiene hechas las maletas. La que lleva sus sueños rotos es, de todas, la que más pesa.
Publicado en El Periódico de Catalunya
Autor: Antonio Baquero
"Desde que llegué no he parado de trabajar. Pero después de todo este esfuerzo, solo tengo cinco euros en mi cuenta", explica y pone sobre la mesa su decisión irrevocable de regresar a Marruecos. Y eso pese a tener los papeles en regla y un trabajo.Un fracaso para todosSaida dimite del sueño europeo. "Me vuelvo. Aquí no puedo vivir. Soy madre soltera y no llego a fin de mes", clama antes de detallar, calculadora en mano, su hoja de gastos mensuales: "Yo gano 785 euros al mes. Y solo el alquiler del piso ya me cuesta 630. Después he de pagar el gas, la luz y el agua. ¿Y con qué le doy de comer a mi hija? ¿Y cómo pago a la mujer que me la cuida mientras estoy trabajando?".Pese a ser madre soltera con una hija de pocos años a su cargo, Saida no ha recibido ninguna ayuda social.
"La asistenta siempre me decía que no podía hacer nada por mí. Ni beca de comedor me dieron", lamenta. Su abandono administrativo pone en tela de juicio la efectividad de los servicios sociales para atender a quien realmente lo necesita.Abderrahim Nayib, un educador social marroquí que ha intentado ayudarla, sentencia: "La marcha de Saida es un fracaso para todos. Primero, para ella misma. Y luego para una sociedad que no ha sabido amparar a una trabajadora madre soltera y a su hija de 7 años". Ahora su decisión es inamovible. Prefiere arriesgarse al difícil destino de madre soltera en Marruecos antes que seguir aquí, atrapada en el cepo de un sueldo insuficiente y unos gastos disparados. "Sé que en Marruecos no será fácil, pero por lo menos estaré en mi casa con mi madre. No ganaré 785 euros al mes, pero tampoco tendré que pagar alquiler, luz, agua y gas. No tendré que estar todo el día corriendo de arriba abajo, sin poder ver a mi hija, para que el día 10 de cada mes ya no tenga ni un euro", remata.Saida no se acogerá al plan de retorno voluntario propuesto por el Gobierno. No puede esperar.
"Mañana tengo que dejar el piso en que vivo. Si me quedo más días debería pagar otro mes de alquiler y no tengo dinero. Así que no puedo esperar a que se lleve a cabo el trámite".Además, se muere de ganas por ver a su hija, que nació y se crió en Catalunya. En verano, Saida se la llevó a Marruecos. Las vecinas y las profesoras de la escuela enseguida echaron de menos a aquella nena rubia y vivaracha. "Todas me preguntan dónde está mi niña", relata. "Pensaba en dejarla con mi madre mientras yo intentaba encontrar otro trabajo con que salir adelante aquí. Creía que cuando las cosas mejoraran y yo remontara el vuelo la podría traer de nuevo. Ahora he llegado a la conclusión de que no hay nada que hacer y que soy yo la que se vuelve con ella", explica."Emigrar es de tontos"Saida se arrepiente de haber emigrado. "Si lo llego a saber, me quedo en casa. Emigrar es una tontería. He desperdiciado mi juventud. Después de jugarme la vida en la patera y matarme a trabajar durante años, tengo que vender los muebles para pagar el billete de vuelta a Marruecos", lamenta bajando la mirada, avergonzada por su fracaso. Ahora, ya tiene hechas las maletas. La que lleva sus sueños rotos es, de todas, la que más pesa.
Publicado en El Periódico de Catalunya
Autor: Antonio Baquero
Suscribirse a:
Entradas (Atom)