Los ministros de Sanidad de la Unión Europea quieren hacer análisis
médicos a los inmigrantes y refugiados que entren a territorio de la UE.
Es la conclusión que han sacado hoy en Atenas en un consejo informal en
el que han analizado el impacto de la crisis sobre la sanidad pública y
los retos que trae consigo el aumento de la inmigración. En el debate se avanzó sobre la posibilidad de hacer exámenes
médicos a los inmigrantes y refugiados que lleguen a territorio europeo,
una propuesta polémica, ya que podría chocar con los derechos
fundamentales de las personas afectadas. “Tenemos ciertas obligaciones legales hacia los inmigrantes, pero
tenemos también obligación de proteger a nuestros ciudadanos y la salud
pública”, sentenció el comisario europeo de Sanidad, el maltés Tonio
Borg, en una rueda de prensa conjunta con el ministro griego, Adonis
Yeoryidais, anfitrión de la cita, al término de este consejo.
Sobre la pérdida de acceso a la sanidad pública de los inmigrantes indocumentados en países como España y Grecia, el comisario Borg explicó que los estados europeos sólo están obligados a cumplir una serie de mínimos, como dar a los refugiados atención sanitaria similar a los ciudadanos nacionales o atención de emergencia a embarazadas y niños. Yeoryiadis, por su parte, dejó claro que su país “no quiere dar la imagen de que se puede venir y hacer lo que se quiera”. “Si así fuese, vendrían millones”, se quejó y advirtió de que “la gente que ha venido ilegalmente tiene que volver a sus países”.
En contraste con esto, el mensaje de este consejo, tanto por parte de la presidencia griega como de la Comisión Europea, fue que los inmigrantes necesitan una mejor atención pero también un mayor control sanitario para evitar la propagación de enfermedades contagiosas. En este sentido, Borg recordó que tras la tragedia de Lampedusa de octubre pasado, en la que murieron unos 300 inmigrantes al naufragar su barcaza, se ha creado un fondo de ayuda dotado con 3.000 millones de euros al que tienen acceso todos los países de la Unión Europea y que “no sólo sirve para mejorar la infraestructura –por ejemplo, de centros de detención– sino también para mejorar la salud de los inmigrantes”.
El ministro griego recalcó que la “migración no puede ser una carga para un solo país, sino que debe repartirse entre todos” y añadió que por ese motivo el Gobierno de Atenas considera que los fondos en cuestión deben dar prioridad a países con una elevada entrada de inmigrantes, como es el caso de Grecia e Italia. Además deben poder utilizarse para mejorar la situación financiera de los sistemas sanitarios nacionales, añadió. Respecto a la creación de un sistema de reconocimiento de los inmigrantes a su entrada en la Unión Europea, Borg explicó que la idea es que sea a título voluntario (cualquier otra opción plantea problemas a los derechos fundamentales), pero se mostró convencido de que los inmigrantes serán los primeros interesados en participar.
“No queremos tratar a los inmigrantes como una enfermedad sino tratar sus enfermedades”, recalcó el comisario para añadir que se ha decidido crear un grupo de trabajo que deberá analizar si todos los afectados requieren de los mismos análisis o deben hacerse reconocimientos diferenciados. Otra de las cuestiones abordadas en este consejo fue la adquisición conjunta de vacunas por parte de los estados de la UE, cuyo objetivo es crear economías de escala para abaratar costes. Borg afirmó que el objetivo es tener listo el acuerdo correspondiente el 20 de junio próximo. Sumarse a este acuerdo será voluntario y su firma no obliga a la adquisición de vacunas, recalcó Borg para añadir que espera que “todos estén a bordo”, y que su ratificación sea el principal “legado” de la presidencia griega.
Los ministros y responsables de Sanidad –España estuvo representada por la directora general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas Abadía– abordaron asimismo la mejora de la digitalización de los servicios sanitarios, tanto como instrumento para ahorrar costes como para mejorar el servicio a los pacientes y la cooperación transfronteriza. En ese sentido, hubo consenso en la necesidad de avanzar hacia la creación de un patrón único de informe médico digital, dijo Borg, quien puso como ejemplo la comodidad de que un paciente griego pueda someterse en Italia a un tratamiento médico y que los médicos allí tengan directamente acceso a su historial.
Publicado en ElDiario.es
Sobre la pérdida de acceso a la sanidad pública de los inmigrantes indocumentados en países como España y Grecia, el comisario Borg explicó que los estados europeos sólo están obligados a cumplir una serie de mínimos, como dar a los refugiados atención sanitaria similar a los ciudadanos nacionales o atención de emergencia a embarazadas y niños. Yeoryiadis, por su parte, dejó claro que su país “no quiere dar la imagen de que se puede venir y hacer lo que se quiera”. “Si así fuese, vendrían millones”, se quejó y advirtió de que “la gente que ha venido ilegalmente tiene que volver a sus países”.
En contraste con esto, el mensaje de este consejo, tanto por parte de la presidencia griega como de la Comisión Europea, fue que los inmigrantes necesitan una mejor atención pero también un mayor control sanitario para evitar la propagación de enfermedades contagiosas. En este sentido, Borg recordó que tras la tragedia de Lampedusa de octubre pasado, en la que murieron unos 300 inmigrantes al naufragar su barcaza, se ha creado un fondo de ayuda dotado con 3.000 millones de euros al que tienen acceso todos los países de la Unión Europea y que “no sólo sirve para mejorar la infraestructura –por ejemplo, de centros de detención– sino también para mejorar la salud de los inmigrantes”.
El ministro griego recalcó que la “migración no puede ser una carga para un solo país, sino que debe repartirse entre todos” y añadió que por ese motivo el Gobierno de Atenas considera que los fondos en cuestión deben dar prioridad a países con una elevada entrada de inmigrantes, como es el caso de Grecia e Italia. Además deben poder utilizarse para mejorar la situación financiera de los sistemas sanitarios nacionales, añadió. Respecto a la creación de un sistema de reconocimiento de los inmigrantes a su entrada en la Unión Europea, Borg explicó que la idea es que sea a título voluntario (cualquier otra opción plantea problemas a los derechos fundamentales), pero se mostró convencido de que los inmigrantes serán los primeros interesados en participar.
“No queremos tratar a los inmigrantes como una enfermedad sino tratar sus enfermedades”, recalcó el comisario para añadir que se ha decidido crear un grupo de trabajo que deberá analizar si todos los afectados requieren de los mismos análisis o deben hacerse reconocimientos diferenciados. Otra de las cuestiones abordadas en este consejo fue la adquisición conjunta de vacunas por parte de los estados de la UE, cuyo objetivo es crear economías de escala para abaratar costes. Borg afirmó que el objetivo es tener listo el acuerdo correspondiente el 20 de junio próximo. Sumarse a este acuerdo será voluntario y su firma no obliga a la adquisición de vacunas, recalcó Borg para añadir que espera que “todos estén a bordo”, y que su ratificación sea el principal “legado” de la presidencia griega.
Los ministros y responsables de Sanidad –España estuvo representada por la directora general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas Abadía– abordaron asimismo la mejora de la digitalización de los servicios sanitarios, tanto como instrumento para ahorrar costes como para mejorar el servicio a los pacientes y la cooperación transfronteriza. En ese sentido, hubo consenso en la necesidad de avanzar hacia la creación de un patrón único de informe médico digital, dijo Borg, quien puso como ejemplo la comodidad de que un paciente griego pueda someterse en Italia a un tratamiento médico y que los médicos allí tengan directamente acceso a su historial.
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