La resolución condena cualquier intento de limitar de forma ilegal el derecho a la libre circulación de la población gitana y pide a los estados miembros que pongan fin a las expulsiones ilegales. Además, los eurodiputados instan a los Estados miembros a que investiguen y pongan fin a la elaboración de perfiles étnicos, los abusos policiales y otras violaciones de los derechos humanos contra la población gitana. En Europa viven entre 10 y 12 millones de gitanos (6 millones de ellos residen en la UE).
El texto pide a los estados miembros que movilicen fondos suficientes de los presupuestos nacionales y de los programas de la UE, sobre todo del Fondo Social Europeo, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Los diputados también abogan por introducir programas de subvención especiales, como pequeños fondos flexibles para proyectos comunitarios y para movilizar a las comunidades locales ante los problemas de integración social.
La resolución reclama a la Comisión que siga evaluando cómo gastan los Estados miembros los fondos de la UE asignados a la integración de la población gitana, así como el impacto de sus políticas nacionales sobre las condiciones de vida de la comunidad gitana. El ejecutivo comunitario tendría que informar cada año de sus conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo. La Eurocámara pide a la Comisión que establezca un mecanismo de seguimiento a nivel europeo sobre los derechos fundamentales de la población gitana y los delitos de los que es víctima esta minoría.
Igualmente, el ejecutivo de la UE debe emprender acciones contundentes, incluida la apertura de procedimientos de infracción, cuando se vulneren los derechos de los gitanos, sobre todo la libertad de circulación y de residencia, el acceso a la asistencia sanitaria y a la educación, igualdad, protección de datos personales y de la prohibición de crear registros basados en la etnia y la raza. El texto aprobado exige a los estados miembros que eliminen la segregación en el ámbito educativo y la escolarización de niños gitanos en centros especiales. Las prioridades del PE en el ámbito educativo son garantizar el acceso a un aprendizaje de calidad, resolver el problema del abandono escolar precoz entre los alumnos gitanos y asegurar su acceso al programa Erasmus. En cuanto al sector del empleo, la Comisión y los estados miembros deben suprimir todos los obstáculos al acceso al mercado laboral a los que se enfrenta la población gitana, crear mecanismos para evitar la discriminación, fomentar el trabajo por cuenta propia e introducir programas de formación especializada.
El texto pide a los estados miembros que movilicen fondos suficientes de los presupuestos nacionales y de los programas de la UE, sobre todo del Fondo Social Europeo, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Los diputados también abogan por introducir programas de subvención especiales, como pequeños fondos flexibles para proyectos comunitarios y para movilizar a las comunidades locales ante los problemas de integración social.
La resolución reclama a la Comisión que siga evaluando cómo gastan los Estados miembros los fondos de la UE asignados a la integración de la población gitana, así como el impacto de sus políticas nacionales sobre las condiciones de vida de la comunidad gitana. El ejecutivo comunitario tendría que informar cada año de sus conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo. La Eurocámara pide a la Comisión que establezca un mecanismo de seguimiento a nivel europeo sobre los derechos fundamentales de la población gitana y los delitos de los que es víctima esta minoría.
Igualmente, el ejecutivo de la UE debe emprender acciones contundentes, incluida la apertura de procedimientos de infracción, cuando se vulneren los derechos de los gitanos, sobre todo la libertad de circulación y de residencia, el acceso a la asistencia sanitaria y a la educación, igualdad, protección de datos personales y de la prohibición de crear registros basados en la etnia y la raza. El texto aprobado exige a los estados miembros que eliminen la segregación en el ámbito educativo y la escolarización de niños gitanos en centros especiales. Las prioridades del PE en el ámbito educativo son garantizar el acceso a un aprendizaje de calidad, resolver el problema del abandono escolar precoz entre los alumnos gitanos y asegurar su acceso al programa Erasmus. En cuanto al sector del empleo, la Comisión y los estados miembros deben suprimir todos los obstáculos al acceso al mercado laboral a los que se enfrenta la población gitana, crear mecanismos para evitar la discriminación, fomentar el trabajo por cuenta propia e introducir programas de formación especializada.
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