De los detenidos actuales, 8 permanecen en esa situación desde hace entre seis meses y un año, otros 88 llevan arrestados entre uno y dos años, 16 llevan en prisión entre dos y cuatro años y uno lleva en esta situación más de cinco años. "La detención administrativa es un arresto sin juicio que tiene como objeto impedir que una persona cometa un acto que podría poner en peligro la seguridad pública. La forma en que Israel utiliza la detención administrativa es claramente ilegal", señala Betselem.
El 2011 es el primer año desde 2008 en que se registra un incremento del número de presos bajo detención administrativa que, en los años de la Segunda Intifada, llegaron a superar el millar. La ONG denuncia que "los detenidos no son informados de los motivos para su detención o de las acusaciones contra ellos. Aunque se les lleve ante un juez para que apruebe la orden de detención, la mayor parte del material que aporta la Fiscalía está clasificado y no se muestra al detenido o su abogado. Como no conocen las acusaciones, no pueden tratar de refutarlas".
Los detenidos tampoco saben cuándo serán liberados, ya que los seis meses que la ley establece para este tipo de privación de libertad pueden ser ampliados indefinidamente. "La detención administrativa viola el derecho a la libertad y a un juicio justo", asegura la organización, que recuerda que la legislación internacional permite esta figura "solo en casos excepcionales" y pide al Ejército israelí que "ponga en libertad o impute a todos los detenidos administrativos".
El informe de Betselem se difunde cuando se cumplen 66 días de la huelga de hambre del palestino Jader Adnan, bajo detención administrativa y que se niega a ingerir alimentos en protesta por no saber de qué se le acusa y por presuntos malos tratos que habría recibido del Ejército israelí. El Tribunal Supremo israelí estudiará hoy el caso de Adnan, exportavoz de la Yihad Islámica de 33 años, cuya salud se encuentra gravemente afectada y que entró hace dos semanas en la fase de alto riesgo de muerte.
La alta representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, mostró el pasado viernes preocupación por la "salud en deterioro" del recluso y por el "amplio uso" que Israel hace de la detención administrativa. Ashton recordó que "cualquier detenido tiene el derecho a ser informado de los cargos.
Fuente y foto: EFE
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