El Senado mexicano aprobó hoy una ley migratoria que evitará por primera vez criminalizar a los indocumentados extranjeros en territorio mexicano independientemente de su origen, nacionalidad, género o situación migratoria. La legislación fue aprobada hoy en lo particular y por unanimidad debido a que la sesión pasada solo se logró de manera general al ser cuestionada por «su alto contenido racista».
Amnistía Internacional (AI), organizaciones promigrantes y más de una decena de legisladores de oposición e izquierda impugnaron la ley hasta temprana hora de hoy que la ley fuera «justa y protectora de los derechos humanos». «Nadie podrá ser declarado ilegal por su condición migratoria y deberán existir suficientes garantías en México para que ciudadanos de otros países transiten» a lo largo y ancho del país, puntualiza la recién ley aprobada.
El nuevo texto, que aún pasará por la Cámara de Diputados, permite a los inmigrantes independientemente de su situación migratoria gozar del derecho de reconocimiento de su personalidad jurídica, acceso a la educación, servicio médico urgente para preservar su vida, registro civil, y acceso a la justicia. El presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, Humberto Andrade, afirmó que esta ley deja «velada cualquier posible sospecha de criminalizar la inmigración en México».
Del texto inicial desaparecen algunos de los puntos más polémicos, como el artículo 26, que daba facultades plenas a la Policía Federal para realizar «revisiones migratorias» y visitas de verificación para detener a los extranjeros que no pudieran comprobar su situación migratoria. También se suprimió el artículo 151, que sancionaba con una multa de hasta 4.750 dólares a quienes den empleo a inmigrantes indocumentados y hasta por 9.300 dólares a cualquier particular que acoja a un extranjero. Otro artículo que salió del texto inicial fue el 97, que permitía que por denuncias, incluso anónimas, se detuviera a centroamericanos y otros extranjeros.
Fuente: EFE
Amnistía Internacional (AI), organizaciones promigrantes y más de una decena de legisladores de oposición e izquierda impugnaron la ley hasta temprana hora de hoy que la ley fuera «justa y protectora de los derechos humanos». «Nadie podrá ser declarado ilegal por su condición migratoria y deberán existir suficientes garantías en México para que ciudadanos de otros países transiten» a lo largo y ancho del país, puntualiza la recién ley aprobada.
El nuevo texto, que aún pasará por la Cámara de Diputados, permite a los inmigrantes independientemente de su situación migratoria gozar del derecho de reconocimiento de su personalidad jurídica, acceso a la educación, servicio médico urgente para preservar su vida, registro civil, y acceso a la justicia. El presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, Humberto Andrade, afirmó que esta ley deja «velada cualquier posible sospecha de criminalizar la inmigración en México».
Del texto inicial desaparecen algunos de los puntos más polémicos, como el artículo 26, que daba facultades plenas a la Policía Federal para realizar «revisiones migratorias» y visitas de verificación para detener a los extranjeros que no pudieran comprobar su situación migratoria. También se suprimió el artículo 151, que sancionaba con una multa de hasta 4.750 dólares a quienes den empleo a inmigrantes indocumentados y hasta por 9.300 dólares a cualquier particular que acoja a un extranjero. Otro artículo que salió del texto inicial fue el 97, que permitía que por denuncias, incluso anónimas, se detuviera a centroamericanos y otros extranjeros.
Fuente: EFE
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