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jueves, 24 de febrero de 2011

Denuncian la expulsión de una veintena de menores extranjeros de centros de acogida

A pesar de que jóvenes inmigrantes, sobre todo subsaharianos, disponen de un pasaporte o un certificado de nacimiento que les acredita como menores de edad algunos acaban siendo expulsados de los centros de acogida. Esto es lo que denuncian distintos colectivos y entidades que atienden a estos chicos. “Entre enero y febrero han llegado unos 20 menores diciendo que los han echado de los centros menores de acogida de la Generalitat”, explica Albert Parés, abogado de la Fundación Ficat, que desde el 2009 se encarga de unos 60 casos de este tipo.

Ante esta situación han presentado quejas al Síndic de Greugues, al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía General del Estado, y también se ha denunciado la situación en los juzgados. El siguiente paso será una concentración mañana viernes por parte de los propios jóvenes inmigrantes expulsados ante la sede de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat.

“Los pasaportes, la mayoría emitidos por la Embajada en Madrid, los ha tenido la policía y no se han declarado falsos ni manipulados. No puede ser que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat y la Fiscalía de Protección de Menores duden sistemáticamente de la validez de la fecha de nacimiento de los menores”, denuncia el letrado.

Pruebas médicas Por su parte, fuentes del Departament de Benestar Social i Família aseguran que antes de cualquier expulsión de un centro de acogida se realizan unas pruebas médicas para determinar si la persona es o no menor de edad. “A instancias de la Fiscalía, que ya duda del pasaporte, se encargan unas pruebas de edad y acatamos las órdenes”, señalan desde la administración catalana.

Para adivinar la edad de los jóvenes inmigrantes llegados a Catalunya se hacen pruebas de comprobación de “sus mandíbulas y muñecas”. Si se decide que la persona es mayor de edad “se cierra el expediente de menor y se deriva el caso a la red se servicios sociales”, asegura el Departament de Benestar Social i Família.

Sin embargo, algunos, como el propio Parés, desconfían de estas pruebas: “Lo que no puede hacer la Generalitat y la Fiscalía es dar prevalencia a las pruebas médicas por encima del propio pasaporte. Estas pruebas tampoco pueden determinar la edad exacta del menor y además tienen un gran margen de error”.

Publicado en el diario El País
Autor: Jesús Sancho

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